El laberinto del gobierno de coalición

MadridPero ¿esta gente se ha vuelto loca? Me lo preguntaba hace unos cuantos días uno de aquellos militantes socialistas de toda la vida, que ya no están en la primera fila de la actividad política, pero que todavía se dejan ver de vez en cuando por el Congreso de Diputados. Se refería, desesperado, a la tónica que ha ido cogiendo el enfrentamiento entre ministerios del gobierno de Pedro Sánchez en relación con la posible modificación de la ley del solo sí es sí. Esta crisis, que no es la primera ni será la última, tiene varios enfoques. Está el técnico –que es el propio de los juristas–, el político –donde ya entra de todo, desde los cálculos electorales hasta demoscopia más sofisticada, pasando por la crónica de las filias y las fobias– y el académico, en el que el punto de debate podría ser qué tiene que hacer un presidente del gobierno cuando se le alborota el equipo y no se saben corregir a tiempo los pasos equivocados.

Esta última perspectiva me interesa especialmente porque tiene que ver con lo que podríamos llamar teoría y práctica del ejercicio del poder. Mi tesis es que Pedro Sánchez ha reaccionado demasiado tarde a los efectos negativos de la ley impulsada por el ministerio de Igualdad. El cambio del Código Penal se concibió, y se vendió, como una iniciativa para fortalecer la protección de la mujer ante los delitos contra la libertad sexual y ha tenido efectos contradictorios con estos propósitos, como la reducción de penas y la salida anticipada de personas ya condenadas por este tipo de hechos. La discusión más importante no es si el gobierno tenía avisos de que algo así podía pasar o no. Lo importante es que, una vez puesto de manifiesto que se estaban produciendo rebajas de condenas y excarcelaciones, la reacción del gobierno, y sobre todo de su presidente, para salir del laberinto habría tenido que ser más rápida y más enérgica.

Aquí es donde quería ir a parar para establecer una primera conclusión: ¿Pedro Sánchez tenía margen de actuación para corregir al ministerio de Igualdad y a su titular, Irene Montero? Francamente, creo que tenía muy poco, sobre todo si la otra parte se resiste a colaborar o sencillamente no quiere. Pero el problema es que en los pactos entre socialistas y Podemos hay un error de base, un pecado original. El PSOE aceptó que a los ministros del partido de coalición prácticamente no se les podía tocar ni un pelo. Es decir, como presidente, Sánchez no puede cambiar a un alto cargo de Podemos con la misma facilidad con la que puede prescindir de uno de su propio partido. Quien piense que esto es lógico se equivoca. Y que conste que no estoy proponiendo la destitución de Irene Montero o de Ione Belarra, que la ha apoyado en todo momento.

Mirémoslo bien. El actual gobierno de coalición es un experimento hasta ahora inédito en España. Era y es conveniente que salga bien. Es decir, que funcione, que garantice que el país funciona correctamente y, si puede ser, que los trenes puedan pasar por los túneles que se encuentren en su recorrido. Lo que hace débil a un gobierno no es la existencia de debate interno y de alternativas, lo que le hace daño es la exhibición de las diferencias en términos de enfrentamiento y la falta de agilidad para corregirse cuando se ha cogido un camino erróneo. Todo esto ha pasado en relación con la reforma del Código Penal. Quizás, en parte, porque en octubre, cuando entraron en vigor los cambios, había otras prioridades, como por ejemplo aprobar los presupuestos para garantizar que la legislatura se agote.

¿Coste electoral?

En todo caso, ante los primeros datos alarmantes sobre revisión de condenas y la salida de agresores sexuales, no se tenía que haber esperado que todo lo trataran de arreglar la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Sí, son aparatos del Estado, que tendrían que reaccionar con eficacia cuando se detectan amenazas graves a la convivencia, el orden público y los derechos fundamentales, pero se ha visto que tienen más contundencia cuando se trata de otro tipo de delitos, y no me refiero exclusivamente a alguno relacionado con el Procés y derogado recientemente. La ley del solo sí es sí abrió una vía de agua en el sistema judicial y político, por la justificada sensibilidad ante hechos como los que propiciaron la primera sentencia sobre el caso de la Manada, y es difícil de entender que no se haya visto el peligro de inundación hasta que las encuestas empezaron a demostrar que el error inicial y la batalla posterior podían costar muy caros a los partidos de la coalición cuando se abren las urnas en las municipales y las autonómicas del mes de mayo, y cuando toquen las generales a finales de año.

El coste de esta crisis, en efecto, puede ser elevado si no actúan rápidamente los equipos de rescate, por el mensaje que transmite de falta de seriedad y competencia. No lo quiero comparar con la broma de los túneles y los trenes, porque esto es más importante y más grave. Pero se da el denominador común de la falta de solvencia. Un gobierno no se lo puede permitir. Y aquí vuelvo a la cuestión de la conveniencia de un ejercicio de autoridad del presidente, porque es quien recibió la confianza del Congreso de Diputados para formar su equipo. La ministra Irene Montero tiene que tener la oportunidad de modificar la ley, no para abandonar la reivindicación del valor del consentimiento para excluir el delito de agresión sexual. La filosofía de la reforma penal no tiene que cambiar. Pero es necesario que la ley consiga sus objetivos, y esto es precisamente lo que no está pasando.

Cuando quince de los dieciséis magistrados de la sala de lo penal del Supremo han firmado sentencias que han implicado rebajas de penas a condenados por este tipo de delitos, el muro de contención de la polémica no pasa por decir que la justicia funciona con códigos machistas. El Supremo elevó la calificación de los hechos y las penas impuestas a los integrantes de la Manada con el código vigente hasta el mes de octubre. Y la dificultad probatoria en los casos de delitos contra la libertad sexual no se puede eliminar diciendo simplemente que hay que sustituir la pregunta de “si te resististe” por la de “si diste el consentimiento”. Ojalá fuera así de sencillo.

Hace falta, en definitiva, clarificar la ley, definir bien los tipos penales, las figuras delictivas, fijar de manera precisa la escala de penas, pedir perdón a las víctimas por los defectos indeseados de la reforma y continuar trabajando. Hay mucho trabajo pendiente y poco tiempo para acabar la legislatura. Entre otras cosas, faltan la ley de vivienda y la modificación de la ley de seguridad ciudadana, también llamada ley mordaza. Y un pacto de rentas si los Reyes Magos todavía están por aquí. Lo podríamos resumir en pocas palabras: prioridades claras y responsabilidad para lograrlas.