¿Es Laura Borràs una represaliada más del Procés?

BarcelonaLos presos políticos, los exiliados, los alcaldes perseguidos por poner las urnas el 1-O, los manifestantes detenidos en las acciones de protesta, los CDR acusados de terrorismo, los miembros soberanistas de la mesa del Parlament, los encausados por el Tribunal de Cuentas o los heridos por la acción policial durante el referéndum. El independentismo ha legitimado el recuento que de manera más o menos oficiosa ha hecho Òmnium Cultural en colaboración con entidades como Irídia o Alerta Solidària, en el cual se superan los 3.000 represaliados del Procés. ¿Se puede considerar que Laura Borràs es una víctima más de la represión del Estado? Para la lista de Òmnium, no, al menos en la última actualización de hace seis meses, según explican fuentes de la entidad soberanista. Sí que se han incorporado, por ejemplo, las personas encausadas en la operación Vóljov –que va más allá del 1-O–, pero de momento no se ha tenido en cuenta el caso de la presidenta del Parlament, a quien se investiga por haber presuntamente fraccionado contratos para beneficiar a un empresario cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En este recuento se han basado multitud de declaraciones de los líderes de JxCat, ERC y la CUP y también del Govern y del Parlament. Pero evidentemente no es el único que existe. Para Junts, por ejemplo, no hay ninguna duda de que el caso que afecta a Borràs es una evidencia más de la "persecución política" contra el independentismo. Las otras dos formaciones, en cambio, han preferido no posicionarse nunca claramente sobre el tema. La CUP cree que si no fuera independentista probablemente no habría sido investigada, pero mantiene las dudas sobre el fraccionamiento de los contratos, a pesar de que Borràs los haya negado repetidamente. Desde ERC han sido todavía más ambiguos sobre una cuestión que les incomoda profundamente, teniendo en cuenta que el partido quiere continuar ondeando la bandera contra la corrupción.

Hace un año los grupos independentistas presentaron en el Congreso una ley de amnistía que no fue ni admitida a trámite por la mesa de la cámara baja. Pese al dudoso futuro de esta iniciativa, en principio es una de las dos patas que también se quieren negociar con el gobierno español en la mesa de diálogo. La amnistía incluiría "todos los actos de intencionalidad política" que hayan sido considerados delito o falta administrativa vinculados a "la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya" desde el 1 de enero del 2013. Difícilmente el caso de Borràs se podría ver reflejado en este escrito, teniendo en cuenta que las irregularidades que el juez le imputa están relacionadas con la página web de la ILC. En todo caso, si se le abre juicio oral serán JxCat, ERC y la CUP los que tendrán que consensuar si Borràs es una presunta corrupta o una represaliada más.