¿Quiénes son los 3.000 represaliados para los que se pide la amnistía?

BarcelonaMinutos después de que Pedro Sánchez escenificara desde el Liceu la aprobación de los indultos para “abrir paso a la reconciliación”, Pere Aragonès respondía que la medida de gracia “era un paso, pero no una solución para los 3.000 represaliados”. La cifra sale de un recuento que hace meses que Òmnium ha puesto en circulación y que ha ido aumentando al ritmo de las manifestaciones, juicios y las primeras sentencias. Si en la Diada del año pasado eran 2.850 las personas represaliadas, a principios de este año Jordi Cuixart aseguró con una cifra muy concreta que había 3.301. Sea como fuere, este ha sido el dato que ha acuñado el independentismo para cuantificar la represión del Estado y delimitar el alcance que tendría una posible amnistía. Unos cuántos, como el vicepresident Jordi Puigneró, hablan de más de 3.000 “encausados”; otros, como Aragonès, de represaliados. Pero, realmente, ¿cuántas de estas personas tienen causas judiciales pendientes de resolver?

Todos los heridos del 1-O

A pesar de que Òmnium ha verbalizado varias veces el número exacto del recuento, la entidad no ha podido facilitar al ARA las cifras concretas que desgranen todas las causas derivadas del 1-O. De hecho, según el cómputo de la entidad, más de la mitad son heridos en protestas -sin causa judicial derivada- y también hay centenares de personas contra las cuales se han acabado archivando las investigaciones. Una posible amnistía -que el gobierno español ha rechazado de buen principio- no afectaría, pues, a todas estas personas sin causas pendientes con la justicia.

Dentro de los 3.000 represaliados, la entidad cuenta a las 1.083 personas atendidas sanitariamente del 1 al 4 de octubre de 2017, entre las cuales está Roger Español, que perdió un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de goma, y los 357 heridos durante las protestes postsentencia. También suma a los 70 periodistas heridos en varias movilizaciones del Procés.

Condenas y absoluciones

Según Òmnium, entre los 3.000 represaliados hay 44 personas condenadas. Lo son los nueve presos políticos (también los tres exconsellers que no entraron en prisión y que ya han cumplido la inhabilitación), los cinco miembros soberanistas de la mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell -la de Roger Torrent también está pendiente de una querella de la Fiscalía - y el expresident Quim Torra, a la espera de un segundo juicio por la pancarta de apoyo a los presos. No todos los casos hacen referencia a políticos, sino que hay activistas como Marcel Vivet, condenado a 5 años de prisión, y Adrià Sas, condenado a 3 años.

Pero también ha habido absoluciones. En abril de este año la justicia absolvió a los cinco síndicos del 1-O y la cúpula de los Mossos también fue exculpada por la Audiencia Nacional. E, igual que en las condenas, varios manifestantes han sido absueltos. El último ejemplo: el icónico chico de la sudadera naranja. Aunque el paso por la justicia de los exculpados acabó sin condena, Òmnium también los suma en el listado de represaliados por las consecuencias de haber estado inmersos en causas por el 1-O. Y lo mismo pasa con los procesos archivados, como los 18 docentes investigados por hacer supuestos comentarios ofensivos contra la actuación policial del 1-O, que también son parte de los 3.000.

Las macrocausas

La mayoría de macrocausas contra el independentismo siguen abiertas. Entre los 3.000 represaliados están los 56 investigados por el Tribunal de Cuentas en relación al 1-O y a la política exterior del Govern. Mientras que en el caso del referéndum ya se saldó la fianza, los implicados en la causa del Diplocat todavía esperan saber de qué se les acusa y qué fianza tendrán que afrontar.

Tampoco se conoce todavía el desenlace de la primera causa contra el 1-O, la del juzgado 13, donde una treintena de altos cargos esperan juicio (además de los que han pasado al TSJC). Otra de las investigaciones que agrupaba más personas es la de la Fiscalía contra 712 alcaldes por el 1-O. Ahora bien, en este caso solo se abrieron 78 causas, de las que hay 12 que se mantienen abiertas -el resto se archivaron-. Hasta ahora ha habido dos sentencias: condenaron a Bernat Solé, exconseller y exalcalde de Agramunt, a un año de inhabilitación, y han absuelto dos veces -la segunda esta semana- a la hasta ayer alcaldesa de Roses, Montse Mindan.

Entre las causas del 13, del Tribunal de Cuentas y la de los alcaldes se suman a la lista de represaliados casi 800 personas, a pesar de que más de 700 ya tienen su causa archivada y algunos políticos como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva coinciden en más de una causa. De hecho, en tres: la del Supremo y las dos del Tribunal de Cuentas. Uno de los que también repite es Miquel Buch, que era uno de los 712 alcaldes -la causa no tuvo recorrido-, y ahora la Fiscalía pide 6 años de prisión para él por haber fichado como asesor al escolta de Puigdemont, a quien también quieren encarcelar. Los acompañantes del expresident en su detención en Alemania también están pendientes de un pleito. Y otros que ya han declarado y están a la espera de ver si se abre un juicio son 24 bomberos acusados de abandonar el puesto de trabajo el día siguiente del 1-O.

Los manifestantes

El terreno más pantanoso para calcular el alcance de las causas derivadas del Procés son los procesos contra manifestantes. Òmnium cifra en más de 1.000 los investigados y no precisa cuál es el estado de las causas. En este sentido, Alerta Solidària admite que es imposible tenerlo todo bajo registro. Sí que tienen contabilizado, sin embargo, que 316 personas han sido imputadas por varios cortes en las carreteras. 240 causas continúan abiertas, la mayoría de ellas en los juzgados de Figueres, donde 197 personas están imputadas por el corte de Tsunami en la Jonquera. Durante las protestas, especialmente las de Vía Laietana, una treintena de personas pasaron por prisión.

Las protestas de Tsunami también mantienen relación con otra causa que suma 21 represaliados más: la operación Volhov. Un operativo que detuvo a 21 personas y que resultó ser un cajón de sastre que iba desde presuntos casos de corrupción hasta la organización de Tsunami.

De la sociedad civil también se deriva la causa que afecta a 18 personas por duplicar webs de los referéndum y llevar a cabo ataques informáticos después del 1-O. Uno de ellos es Joel Muñoz, que se enfrenta a más años de prisión que los líderes del Procés.

Con todo, todavía faltan siete represaliados más: los exiliados. Puigdemont, Rovira, Gabriel, Puig, Comín y Ponsatí. El séptimo que contabiliza Òmnium es Valtònyc, que a pesar de que no tiene una causa judicial ligada al 1-O, lo considera una víctima de la represión. Pablo Hasél, condenado por circunstancias parecidas, no forma parte del recuento. Tampoco los 300 heridos o detenidos en las protestas por su encarcelamiento.