Borràs confía que ERC y la CUP no la dejarán caer

A un paso del juicio por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha vuelto a defender su inocencia y ha reclamado a ERC y la CUP que no secunden su suspensión en aplicación del artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana. Este artículo establece la salida de cualquier diputado cuando se le abre un procedimiento judicial por delitos vinculados a la corrupción. "Ningún demócrata debería tener la tentación de hacerlo", ha dicho en una entrevista en Tv3 en relación a su caso.

Borràs ha admitido que todavía no ha hablado con estas dos formaciones, que no se han pronunciado sobre si validarán o no su suspensión, pero ha pedido a las fuerzas independentistas que no hagan de jueces y que no colaboren con el "trabajo sucio" de la "persecución política". "Nadie puede entender que se suspenda a alguien cuando no ha sido ni juzgado", ha resuelto. La presidenta de la cámara ha insistido que el artículo 25.4 del reglamento es de una "inconstitucionalidad manifiesta" porque "vulnera" la presunción de inocencia. "Da unas atribuciones inmensas a la mesa del Parlament cuando no hay sentencia", ha añadido.

También ha dejado claro que no se siente "interpelada" por este artículo porque no ha cometido ningún delito, ni de corrupción ni de cualquier otro tipo, y ha afirmado que, en caso de que se le abra juicio, su caso tendrá que ser votado en la comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, tal como prevé el reglamento en caso de dudas sobre la aplicación del 24.5. Es allí donde se tendrían que pronunciar tanto la CUP como ERC. Según explicaban la semana pasada fuentes parlamentarias a Efe, la idea de la presidenta sería intentar evitar ser suspendida mediante un dictamen votado en esta comisión y, posteriormente, en el pleno. Una resolución donde se plasmaran las dudas sobre la legalidad del polémico artículo del reglamento o que, por ejemplo, estableciera que la suspensión no tiene lugar porque la causa contra ella tiene motivaciones “políticas”.

Borràs, que ha presentado un recurso contra la decisión del TSJC de dejarla a un paso de juicio, ha defendido que "los contratos menores forman parte de la legalidad vigente" y ha añadido que la ILC "no tiene ninguna otra forma de contratación que no sea esta teniendo en cuenta su volumen de contratación". Así, ha negado que favoreciera a un amigo con el fraccionamiento de contratos y ha asegurado que "todos los procedimientos se hicieron de acuerdo con la legalidad". "He hecho el trabajo bien, a tiempo, con un coste mínimo y con la máxima calidad", ha sentenciado. El magistrado que lleva su caso, en cambio, ha concluido que hay indicios de que Borràs "abusara" del cargo al frente de la ILC por la presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo, a quien hacía años que conocía y con el cual había trabajado.