Política 31/07/2021

De Laura Borràs a Santi Vila: los otros altos cargos que también se pueden acoger al fondo del Govern

Todos los implicados en el juzgado 13 por el 1-O, Miquel Buch, Quim Torra o Gerard Figueras tienen la opción de sumarse a él

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Un fons que va més enllà del Tribunal de Comptes

BarcelonaA pesar de que oficialmente se llama fondo complementario de riesgos, todo el mundo lo conoce como el fondo para los encausados en el Tribunal de Cuentas. Y aunque todo lleve a pensar que está hecho a medida para la causa del órgano fiscalizador -esto ya le ha costado al Govern acusaciones de haber impulsado un decreto que no va dirigido al interés general-, la realidad es que su formulación permite que se sumen a él todos los trabajadores públicos: desde un médico hasta un alto cargo.

Y se pueden añadir -siempre que no haya sentencia firme- casi todos los implicados en las causas por la organización del 1-O. De hecho, muchos ya lo valoran. Es el caso de la treintena de encausados en el juzgado 13 -muchos de ellos altos cargos que repiten en la causa del Tribunal de Cuentas- para quienes ahora hace dos años la Caixa de Solidaritat saldó una fianza de 5,8 millones de euros. También se podrían sumar Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, a las puertas de un juicio en el TSJC con una fianza pagada de 1,6 millones. Fuentes de la defensa de los implicados en la causa del 13 no descartan adherirse al fondo: apuntan que ahora están esperando que el fondo funcione en el órgano fiscalizador, y si realmente cumple su función, entonces se plantearán utilizarlo. Si lo hicieran, el juzgado 13 tendría que valorar si aprueba el cambio de fianza -apuntan que sería complicado porque ahora está saldada con dinero en efectivo y el fondo es un aval-. Si el juez diera el visto bueno, el dinero depositado hasta ahora volvería a la Caixa de Solidaritat.

Una caja que no pagó la fianza de más de 50.000 euros que se impuso a Miquel Buch para fichar como asesor al escolta de Carles Puigdemont. Buch puso a disposición del tribunal una propiedad inmobiliaria, y ahora está a la espera de que el juez acepte el aval. Voces próximas admiten que, si el tribunal no acepta la propiedad, entonces Buch se plantearía acogerse al fondo. Santi Vila también puso un piso como fianza para cubrir los 216.000 euros que le pide un juzgado de Huesca por el caso Sixena. Y Vila, igual que Buch, tampoco descarta acogerse al fondo. Según voces de su entorno, el Govern ha contactado con él para debatir qué vía es la mejor para corregir el hecho que no ha tenido apoyo legal de la Generalitat en la causa. Todavía no se ha concretado la solución, pero adherirse al fondo es una de las opciones.

Quien también se podría acoger es Quim Torra por el segundo juicio por desobediencia, a pesar de que todavía no se lo ha planteado. Al mismo tiempo, el juzgado 18 ha abierto una causa penal contra la acción exterior en la que hay cargos como Albert Royo y Raül Romeva. Fuentes de los implicados tampoco descartan acogerse, a pesar de que el caso está en una fase inicial.

Sin relación con el Procés

Ya está en manos del TSJC la causa contra la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, por el presunto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Y Borràs, como alto cargo del Govern en aquel momento, también se podría adherir al fondo si tuviera que afrontar una fianza. Su entorno asegura que no hay delito y, por lo tanto, no se lo plantea.

Quien tampoco se lo ha planteado pero no cierra la puerta a hacerlo es el exsecretario general de Deporte, Gerard Figueres, imputado en tres causas: una por presuntos desvíos a fundaciones de la órbita soberanista, otra por presuntas irregularidades en la contratación de servicios en el Canal Olímpico de Castelldefels y la supuesta trama de desvío al Consejo Deportivo de l'Hospitalet de Llobregat. Todas están en diligencias previas y lo valorará más adelante.

Los casos de Pujol y Gordó

Una de las condiciones para adherirse al fondo es que los hechos enjuiciados se hayan llevado a cabo en ejercicio del cargo público. Todos los casos mencionados parece que lo cumplirían, pero hay otros en los que la Generalitat tendría que valorar si realmente se cumple esta condición. Algunas causas están en el limbo. Por ejemplo, el procesamiento de la familia Pujol y el juicio contra el 3%. Concretamente, Jordi Pujol y su hijo Oriol Pujol -el primero president y el segundo alto cargo durante los años 90- serán juzgados en la Audiencia Nacional por unos delitos que se enmarcan en el ámbito privado, pero el magistrado también les acusa de aprovechar su situación política para enriquecerse. Si llegara una petición de acogerse al fondo por parte suya, el Govern tendría que valorar si esto quiere decir que presuntamente delinquieron en ejercicio del cargo. Y lo mismo pasa con Germà Gordó en el 3%: fue alto cargo durante el periodo del 3% -secretario del Govern y conseller de Justicia -, pero el juez de la Audiencia centra la acusación en su rol en CDC. En los dos casos, el debate, público e interno del Govern, estaría servido, a pesar de que fuentes próximas a Gordó dicen que no se ha planteado sumarse al fondo.

Los funcionarios públicos

El alcance del decreto, sin embargo, no acaba con los altos cargos de la Generalitat, sino que está hecho porque sobre el papel se pueda acoger cualquier funcionario público. Es decir: desde un médico hasta un Mosso d'Esquadra pasando por un profesor. Ahora bien, en sus casos el Govern ya tiene contratados seguros privados para cubrir la responsabilidad civil en casos de mala praxis en su ámbito concreto de trabajo. Por lo tanto, si se tratara de riesgos que ya cubren estos seguros los funcionarios no se podrían adherir al fondo, puesto que incumplirían una de las condiciones del decreto: no te puedes adherir si el riesgo ya está cubierto por otra póliza. Aún así, hay casuísticas concretas que estos seguros no cubren y, por lo tanto, supuestos en que sí que se podrían sumar al fondo, que tiene un carácter general. Cuando seguro que no se podrían acoger al fondo sería en caso de que la Generalitat tuviera abierto un expediente disciplinario contra el funcionario, una práctica frecuente en caso de investigación judicial.

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