Los límites de la libertad de expresión de los diputados: de los "arrumacus" a la "misoginia islámica"

BarcelonaEl debate político a menudo tensa las costuras del decoro y la cortesía institucional en las tribunas políticas. Este martes la Comisión del Estatuto de los Diputados aceptó sancionar con una falta leve los comentarios de la líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, sobre Najat Driouech, diputada de ERC, a quien acusaba de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por el hecho de llevar velo.

Hace un mes la misma Orriols era quien exigía la dimisión del presidente de la cámara, Josep Rull, ofendida porque no había llamado al orden al portavoz de Comuns, David Cid, después de que este la acusara de hacer "arrumacos" con Vox. Todo ello abre un melón clásico del derecho y del periodismo parlamentario: ¿dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la ofensa sancionable?

Joan Ridao, profesor de derecho constitucional en la Universitat de Barcelona, explica que para analizar el tema debemos partir de la prerrogativa parlamentaria conocida como inviolabilidad. Esta figura constituye "un límite absoluto a la actuación de los jueces y tribunales por las expresiones utilizadas por un parlamentario", afirma Ridao, en conversación con el ARA. "Se parte de la idea de que el diputado está trasladando a la cámara la voz de sus representantes", señala el experto, "y necesita gozar de una garantía prácticamente absoluta para tener un debate político sin restricciones".De esta manera, en la esfera política y parlamentaria, "dentro del derecho a ejercer la crítica política existe hasta el derecho a ofender", destaca Ridao. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido en varias sentencias que el diputado "debe aguantar estas ofensas". De hecho, "el tribunal remarca que forma parte de su función no solo ejercer la crítica, sino también recibirla, incluso si las expresiones están fuera de tono", matiza el experto. La única rendija que haría saltar la inviolabilidad parlamentaria sería que las palabras fueran constitutivas de una auténtica incitación al odio, "un ataque directo a la dignidad de una persona por su condición étnica o religiosa".

La situación en los Parlamentos

Que una expresión no tenga recorrido por la vía penal o civil no implica que se ajuste automáticamente al reglamento del Parlament. Los diputados deben respetar un decoro cuya aplicación, sin embargo, "introduce un factor subjetivo que depende del umbral moral, ético y de la autoexigencia del presidente de la cámara que ordena el debate", explica Ridao. "Al tratarse de conceptos jurídicos indeterminados, es exclusivamente el presidente quien ha de apreciar si es necesario actuar", relata. Ahora bien, a pesar de que el cargo de presidente exige tratar a todo el mundo por igual y mantener un criterio neutral, otras fuentes consultadas por el ARA, con experiencia en el asesoramiento letrado al Parlament, apuntan que "se puede llegar a actuar de manera diferente basándose en apriorismos, o bien generar la percepción de que existen ciertos sesgos a la hora de interpretar las faltas".Ante una salida de tono que rompa el decoro, la presidencia tiene dos vías de acción. La primera es actuar in situ en el momento en que se producen los hechos, haciendo un llamamiento al orden y aplicando una sanción si procede. El ordenamiento dota al presidente de la facultad de llamar al orden si se pronuncian palabras ofensivas. Si el diputado es llamado al orden reiteradamente, la situación puede derivar en una retirada de la palabra, en su expulsión del hemiciclo, o incluso, puede comportar su exclusión temporal. La segunda vía es ex post y consiste en tomar nota de las expresiones polémicas sin detener la sesión y, posteriormente, trasladarlas al órgano interno correspondiente para que evalúe la sanción, como vimos este martes.

Sin embargo, la praxis diaria muestra un cambio de época respecto a los reglamentos vigentes. Ridao señala que "en otras épocas en las que no había fenómenos de ultraderecha o populistas de derechas se había hecho un uso reiterado de estas posibilidades". Una pérdida de autoridad que vivió un episodio extremo recientemente en el Congreso cuando un diputado de Vox (y juez en excedencia) se abalanzó de forma agresiva hacia la vicepresidencia de la mesa.

Nuevos códigos, mismo desconocimiento

Desde hace una década, siguiendo directrices europeas sobre buen gobierno, al arsenal disciplinario tradicional se le han sumado los códigos de conducta. Aunque estén pensados sobre todo para regular la gestión del patrimonio o los conflictos de intereses con lobbies, incluyen la obligación de mantener la ejemplaridad. "Un uso indecoroso de la palabra puede poner en marcha un procedimiento garantista de verificación a través de la Comisión del Estatuto de los Diputados", explica Ridao, un órgano permanente que "escucha a las partes y tiene capacidad para acabar imponiendo sanciones a los infractores".

A pesar de tener toda esta panoplia de herramientas al alcance, a menudo reina "un gran desconocimiento, incluso por parte de los mismos diputados", destaca Ridao. "Acaba siendo contradictorio que determinados representantes políticos anuncien querellas penales absolutamente estériles, en lugar de aprovechar y hacer patentes las múltiples potestades disciplinarias que el propio Parlamento tiene para castigar el mal comportamiento". Veremos cuál será la próxima.