El Parlament sancionará a Sílvia Orriols y Joan Garriga por sus faltas de "respeto"

BarcelonaEl Parlament ha actuado este martes contra las vulneraciones del Código de Conducta en el hemiciclo. Después de nueve meses y de arrastrar cuatro expedientes –uno de Aliança Catalana y tres de Vox– en la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano presidido por Antoni Castellà (Junts) ha acordado, en sesión secreta a puerta cerrada, calificar la actuación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de falta leve. Ahora la comisión trasladará este dictamen a la mesa del Parlament, que será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.

La decisión certifica que las declaraciones de la diputada no se amparan en la libertad de expresión parlamentaria, sino que traspasan las líneas rojas "de una conducta respetuosa con los otros diputados [...] sin discriminación por razón [...] de origen o condición social o étnica", tal como marca el artículo siete del Código de Conducta.

El caso de Orriols, que fue el primero en impulsarse, se remonta a abril de 2025 a instancias de ERC.Los republicanos denunciaron el uso de expresiones "reiteradas" y "vejatorias" de la líder de extrema derecha contra la diputada republicana Najat Driouech. En concreto, Orriols acusó a Driouech de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por el hecho de llevar velo, y cargó contra Esquerra por "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres". Unas palabras que, según ha resuelto hoy la comisión tras escuchar a todas las partes y a los servicios jurídicos, constituyen una vulneración del Código de Conducta. Adicionalmente, en el caso de Orriols, al tratarse de un señalamiento directo a otra diputada, la comisión ha indicado a los grupos parlamentarios la posibilidad de llevar estas declaraciones ante el ministerio fiscal por delito de odio.

La diputada de Aliança ha calificado la resolución de un "espectáculo lamentable". "Opacidad absoluta. Asesores y prensa han sido inmediatamente expulsados de la sala", ha denunciado Orriols, que también ha destacado que se ha prohibido a Rosa Maria Sobirana, diputada de Aliança presente en la comisión, fotografiar el expediente para "presentarlo a los servicios jurídicos del partido".

La sesión de este martes también ha servido para desatascar los tres expedientes restantes, todos ellos contra diputados de Vox. El órgano parlamentario ha dictaminado que las actuaciones del portavoz de la formación, Joan Garriga, constituyen, también, una falta leve. Uno de los casos fue por afirmar, en mayo de 2025,que los socialistas gastaban dinero en "drogas y putas", y otro, impulsado en octubre por ERC, Comuns y la CUP,por tildar de "asesino" al president fusilado Lluís Companys, y haber colgado carteles con la inscripción "Companys asesino" en las ventanas de los despachos de la formación.

Por contra, en el tercer expediente, dirigido contra la diputada Júlia Calvet, la comisión ha determinado que sus declaraciones se amparan dentro de la libertad de expresión parlamentaria y, por tanto, descarta sancionarla. Calvet había sido expedientada por haber acusado a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar "uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament" en la DGAIA.

La comisión y el rango de ley

Constituida en junio de 2024, la Comisión del Estatuto de los Diputados está formada por un representante de cada grupo con voto ponderado, y ejerce un papel fundamental en la aplicación del Código de Conducta de los diputados. Así, ante una posible infracción, la mesa –de oficio o a petición de un grupo– puede pedir un informe a la comisión para acabar resolviendo el caso.

A pesar de la resolución de este martes, la comisión todavía tiene sobre la mesa el análisis de varias denuncias pendientes que ha incoado, todas contra representantes de Vox. Por un lado, incoada de oficio por la mesa, la comisión debe afrontar las polémicas declaraciones de Alberto Tarradas, que en referencia también a Driouechafirmó desde el altar del hemiciclo que “de momento” no la deportará. Por otro lado, a propuesta de la CUP, el órgano deberá estudiar los casos de Rafael Villafranca, que en marzo de este año tildó a los miembros de la formación anticapitalista de "delincuentes", y de María Elisa García Fuster, que en mayo calificó al expresidente Lluís Companys de "vulgar asesino" durante la comisión de control a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Finalmente, a instancias del PSC, también se deberá resolver un expediente dirigido nuevamente contra Júlia Calvet por haber cuestionado la presencia de la entidad Joventut Àfrica Negra en la Comisión de Políticas de Juventud, donde afirmó que "no se puede ser solidario con los de fuera".

La comisión deberá gestionar estos casos en los próximos meses, y por este motivo ha pedido a la mesa “que traslade a los grupos parlamentarios una reforma del reglamento para adecuar mucho más y tipificar mucho más cuánto se quiere hacer en este tipo” de casos, ya que el mismo Código de Conducta no prevé la figura de los delitos de odio. 

Las polémicas declaraciones de Tarradas, sin embargo, han marcado un punto de inflexión en la gestión de los discursos de odio en el Parlament. Así, en paralelo a la actividad de la comisión, el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP están ultimando una reforma del reglamento para otorgar rango legal a las sanciones, incorporando el Código de Conducta dentro del mismo texto normativo, dado que actualmente no tiene este rango y esto puede complicar que se aplique si los afectados deciden recurrir contra las decisiones a los tribunales.

Con la Comisión todavía reunida, desde el Partido Popular, ha argumentado que la normativa vigente "atenta contra la libertad de expresión", y desde Vox han asegurado que el objetivo es "censurar la verdad", mientras que los Comunes ha señalado que "ya no estamos en tiempos de advertencias, sino en tiempos de decir basta".