Sánchez y la hora de tirar los dados

MadridTentaciones sí que las hay. ¿De qué? De convocar elecciones, naturalmente. ¿De quién? Del único que tiene algo que decir sobre esta cuestión, que es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Este fin de semana hablará de ello con su núcleo duro. Hay expectación por lo que pueda explicar el lunes a la ejecutiva del PSOE, que se reúne en la sede central de la calle Ferraz. No será una reunión más. De hecho, en el partido dicen que puede haber noticias incluso antes del lunes. El clima que dejó el fracaso de la votación de los dos decretos sobre medidas para abordar el problema de la vivienda y los desahucios es de los que provocan incendios. En el gobierno hay diversas opiniones. En el partido se abre paso la idea de que ahora puede ser un buen momento para lanzarse a la piscina, que es la hora de tirar los dados.

Es evidente que el PSOE está favoreciendo la acampada de la Puerta del Sol, una protesta que, en cambio, es una tortura para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ya no sabe cómo justificar sus peticiones –que la policía expulse a los concentrados de la plaza, donde está la sede del gobierno autonómico–. Ha denunciado que los concentrados tienen cuchillos grandes y adoquines. Ellos han explicado que los cuchillos son para cortar el pan y los adoquines para asegurar la estabilidad de las tiendas. Mientras tanto, la Delegación del gobierno español en Madrid dice que ni puede ni quiere echar a los que han seguido el llamamiento del Sindicato de Inquilinas. La acampada es más que un símbolo, es un activo electoral.

Los medios audiovisuales están haciendo su agosto con las imágenes de estos días. Primero fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una fotografía que movió montañas. Pero lo que vino después era políticamente más fuerte, porque se trataba de una movilización imparable por el estallido del problema de la vivienda y por la frustración que provoca en un número incalculable de personas de todas las edades, sobre todo los jóvenes, cansados de no encontrar casa y de tener que compartir piso, muchas veces con desconocidos y por una parte sustancial del sueldo, a cambio, con suerte, de disponer en exclusiva de una de las bandejas de la nevera colectiva.

Algún día tenía que estallar, y Maricarmen ya forma parte de la historia de la España del siglo XXI, aunque solo sea con la letra pequeña de un pie de foto. Entre los dirigentes del PSOE, los más optimistas piensan que no habrá una oportunidad mejor. Creen que el PP, Vox y Junts sufrirían en una campaña electoral dirigida a explotar a fondo la votación de este viernes y a presentarlos como una derecha insensible y defensora de los privilegios de las minorías adineradas y de los fondos buitre. Un mensaje que simplifica mucho las cosas, porque alrededor del problema de la vivienda conviven diversos intereses perfectamente legítimos. Lo que debemos lamentar es que la legislatura haya discurrido sin que los partidos con representación parlamentaria fueran capaces de sentarse a negociar de manera seria.

Este factor también deberá contar en las próximas elecciones, sean cuando sean. Había poco que celebrar con el supuesto final del bipartidismo. La alternativa ha sido un Parlamento dividido, donde todo el mundo ha actuado en función de las perspectivas electorales. La fragmentación política ha demostrado ser nociva, tanto como la polarización. El pluralismo no puede llevar a la inoperancia, ni a los pactos de circunstancias. No solo el debate del viernes en el Congreso puso de manifiesto la debilidad actual del gobierno. También quedó clara dos días antes, en la sesión de control del miércoles. Con una gran diferencia, ya que en el turno de preguntas al ejecutivo de Sánchez no había tanto en juego. Salí del Congreso pensando que el presidente del gobierno aguantaría hasta el mes de marzo, o hasta julio. Ahora, con la comprobación de la precariedad parlamentaria de los socialistas –otra vez con manifestantes alrededor del Congreso–, todo se ha reabierto, y todas las opciones están sobre la mesa.

Sánchez dará vueltas a todo tipo de cálculos. No es una cuestión menor que su mujer tenga que ser juzgada durante los próximos meses por un jurado popular. No faltan los que dicen, desde la misma carrera judicial, que está todo hecho, y que después de la condena al hermano del presidente del gobierno, ahora caerá la de Begoña Gómez, porque la causa se ha preparado con este objetivo. Las actuaciones del poder judicial han marcado esta legislatura en diversos sentidos. Pero hay mucha diferencia entre los casos de corrupción y los relativos a la familia de Sánchez, muy condicionados por la circunstancia del parentesco.

El momento más complicado

Para el PSOE el momento más complicado llegó con las acusaciones formales contra el exministro José Luis Ábalos y contra su sucesor al frente de la secretaría de organización del partido, Santos Cerdán, ambos colaboradores estrechos del líder socialista. Entonces no tenía sentido convocar elecciones. Sánchez aguantó porque era un momento de extrema debilidad, de una pérdida de confianza obvia. Ir a las urnas en aquel contexto era suicida para el PSOE. Ahora es diferente. Ahora –dicen los más optimistas– se puede intentar reeditar la estrategia de 2023, con una campaña centrada en advertir de los riesgos que un gobierno surgido de un pacto entre el PP y Vox supondría para cualquier objetivo en materia de políticas sociales.

Para hacer este trabajo, el PSOE ya no podrá contar con Zapatero, que ha dejado de ser un símbolo para los socialistas, algunos de los cuales siguen perplejos por el asunto de las joyas, ahora que el expresidente del gobierno ya ha informado a la Audiencia Nacional de que eran un regalo del rey de Arabia Saudí. El PP atacará con fuerza por este lado durante la campaña –sea ahora o el año que viene–, como lo ha hecho en el Parlamento. Y lo que nos queda por saber de Leire Díez, la fontanera del PSOE, y sus actuaciones para frenar las investigaciones que afectaban a su partido. Con lo que el PSOE ya no cuenta es con la posibilidad de que la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y los otros dirigentes independentistas acusados de malversación se traduzca en una recuperación de la colaboración con Junts. Un objetivo clave de la legislatura está a punto de conseguirse, el próximo martes, con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero este hecho puede no tener ningún efecto en el calendario político inmediato, que ahora está en manos de Sánchez.