El lío político en Altafulla que ha terminado en los tribunales: detectives, transfuguismo y una denuncia por cohecho

BarcelonaLos vecinos de Altafulla llevan años ven como la vida política del municipio se va envolviendo cada vez más, hasta el punto de que ha abierto diferentes frentes judiciales. Esta localidad del Tarragonès, con menos de 6.000 habitantes y más de 3.000 plazas para turistas entre hoteles y campings, ha presenciado una investigación judicial –ya archivada– a concejales para, supuestamente, asediar al alcalde en redes sociales y las acusaciones de la oposición para que el consistorio haya pagado con fondos públicos. Todo ello en un ayuntamiento donde Alternativa Altafulla –vinculada a Comuns– y Junts salieron adelante en el anterior mandato una moción de censura contra ERC, que en el 2023 recuperó a la alcaldía en coalición con Junts. Desde hace unos meses, los republicanos gobiernan en solitario, pero sí se ha quedado en el gobierno un concejal expulsado del grupo municipal de Junts y que ahora se enfrenta a una denuncia por cohecho de sus antiguos compañeros.

"Hay una desesperación por parte de algunos que quieren estar en el Ayuntamiento al precio que sea. No lo consiguieron con la política de pactos y ahora quieren que pleguemos por la presión", resume en conversación con el ARA el alcalde, Jordi Molinera (ERC), sobre los mensajes de los "trolls" en las redes sociales. Ve "una evidente estrategia de desgaste", en la que usuarios anónimos incluso crearon perfiles con los nombres de sus hijos menores. La denuncia de Molinera acabó archivada primero por un juzgado y después por la Audiencia de Tarragona, como también ha ocurrido con la denuncia que, por los mismos motivos, presentó el responsable de comunicación del Ayuntamiento, Albert Jansà. En su caso, una empresa de detectives privados realizó un informe sobre los usuarios que le insultaban en las redes.

Los mensajes contra Jansà también llegaron a la justicia, sin que se haya aclarado quién estaba detrás. Justamente esta semana, la Audiencia de Tarragona confirmó el archivo del caso con un auto que justifica el derecho a crítica y la libertad de expresión, que puso fin a una causa en la que fueron investigados concejales de Alternativa Altafulla y de Junts.

Los afectados celebran que la denuncia haya quedado en nada. "Son dos años y medio sufriendo sospechas. Nos acabaron costando la alcaldía", critica la portavoz, Montse Castellarnau, de Alternativa, que en el anterior mandato llegó a la alcaldía tras la moción de censura en Molinera. En declaraciones al ARA, valora que las acusaciones "sin pruebas" a su formación habrían hecho que Junts se negara a revalidar el pacto de gobierno que mantenía con AA desde la moción de censura y se decantaran por aliarse con ERC –informa Martina Alcobendas.

Denuncia a Antifraude

Con la investigación judicial sobre los mensajes en X cerrada, la oposición centra ahora el foco en cómo se ha pagado la representación jurídica de Molinera. "No conozco a ningún ayuntamiento que pague dinero público para investigar perfiles falsos", critica Castellarnau. "El problema es que no lo ha pagado de su bolsillo, sino con fondos públicos, y ese gasto nunca redundará en beneficio del ayuntamiento o del pueblo sino en su beneficio", valora el presidente de Junts en Altafulla, Toni Capell.

En cambio, el equipo de gobierno mantiene que se hizo correctamente: "Nos sentimos supertranquilos de haber cogido una partida económica al Ayuntamiento para defender nuestros cargos electos", defiende Molinera, que añade que contaba con el visto bueno del secretario municipal."Si los cargos electos de los ayuntamientos no pueden tener defensas jurídicas frente a acosos que estamos sufriendo, ¿dónde queda la democracia?", añade el alcalde, que cifra los pagos en una sola factura de 6.655 euros. Pese a que en el portal de transparencia del consistorio constan dos facturas por la misma cantidad en el despacho de abogados que se hizo cargo, Molinera aclara que la primera fue cancelada y sólo se abonó la segunda.

La discrepancia ya está en manos de la Oficina Antifrau, que ha admitido una denuncia del grupo municipal de Junts. La denuncia ha superado ya la fase de admisión y ahora se están evaluando los indicios aportados para decidir si se abre una investigación, según fuentes de Antifrau.

Denuncia al ex de Junts

Juntos también ha presentado una denuncia en los juzgados de El Vendrell que da una vuelta más al lío político y judicial en Altafulla. Señala el alcalde y el concejal Tomàs Serra, que fue elegido en las listas de Junts y continúa en el gobierno como no adscrito después de que su antigua formación abandonara el gobierno de coalición en febrero. La denuncia de Junts por presunta prevaricación y cohecho señala que el nombramiento de Serra como primer teniente de alcalde habría sido una "contraprestación política" por haberse abstenido en la votación de los presupuestos municipales, en lugar de votar en contra como había decidido Junts, lo que permitió que las cuentas prosperaran. Entre otros, la formación justifica su denuncia en la ley reguladora de bases del régimen local, que "prohíbe que concejales tránsfugas reciban cargos o sueldos adicionales", y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre "el transfuguismo político incentivado con cargos o sueldos".

En cambio, Molinera argumenta que el nombramiento no suponía ningún cambio en la retribución de Serra, y defiende que le nombró "para no romper puentes" con el único concejal de Junts que no había votado en contra de los presupuestos. En el mismo sentido, Serra recuerda que Junts y ERC firmaron un pacto para alternarse la alcaldía (dos años y medio para ERC, uno y medio para Junts) y la primera tenencia de alcaldía (a la inversa) y añade que por su nombramiento no obtuvo "ninguna mejora, al contrario, un perjuicio para asumir un cargo.