Los lobistas hablan del caso Zapatero: "Es intrusismo profesional"

El presidente de la APRI, Carlos Parry, la asociación profesional del sector, reclama una regulación urgente para disipar las dudas sobre el oficio

MadridCarlos Parry es presidente de la Asociación Profesional de Relaciones Institucionales (APRI) y no oculta su malestar. Conversa con el ARA en una cafetería cercana al Congreso de los Diputados, del cual hace "quince años" que este sector profesional –dice– espera una regulación sobre la actividad de los lobis en el Estado. A su parecer, unas reglas claras del juego serían positivas para ambas partes: tanto para los lobistas, que sabrían cuál es su margen de actuación, como para los políticos en activo, ya que les daría seguridad jurídica a la hora de recibir o no a cualquier empresa que quiere que se tengan en cuenta sus intereses a la hora de legislar. La entrevista de este diario a Parry se ha concertado a raíz del caso Zapatero, pero la conversación va más allá y aborda una reflexión general sobre el sector.

Parry no se corta. "Es intrusismo profesional", sentencia, a la pregunta sobre qué piensa de las actividades del expresidente español. Pero también se refiere al exministro Cristóbal Montoro, imputado por su rol en Equipo Económico, e incluso a Víctor de Aldama, el empresario corruptor que ha salido indemne del caso Koldo por colaborar con la justicia. "Nos da una reputación muy negativa", dice, ya que mediáticamente se les considera "lobistas" cuando, afirma, no hacen el trabajo de su sector. "Es una estrategia de defensa", opina sobre su argumentario.

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"Decir que un expresidente del gobierno o un exministro es un consultor o es un lobista es muy perjudicial para los que nos dedicamos a este trabajo de forma profesional, porque entonces es cuando vienen las confusiones", relata. "No puede ser que la persona que hoy está en el Congreso legislando sobre energía, cuando deja de serlo trabaje en una empresa de energía", añade, recordando que en Bruselas la legislación es muy estricta. A parecer de Parry, pues, el problema es que los políticos lo ven como una salida profesional.

Ahora bien, la pregunta es por qué las empresas que se dedican a hacer de lobi les contratan. "Cada vez menos. El sector ha evolucionado mucho. Hace unos años se primaba mucho la agenda de contactos, no diré que no, y eso ayudaba a expolíticos a ser bien vistos", asegura Parry, pero cada vez, puntualiza, se valora más la especialización y el conocimiento.

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Las tarifas

En el caso de Zapatero, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional, también están en cuestión las tarifas que cobró por trabajos de "consultoría". Esta misma semana un informe de la UDEF indicaba que había cobrado 200.000 euros por defender los intereses de una empresa peruana ante el gobierno de Bolivia, mientras que el juez José Luis Calama tiene en el punto de mira el cobro de unos 730.535 por parte de la familia de Zapatero por unos informes que, de acuerdo con el interrogatorio que le hizo, son "genéricos". "Los informes son una pequeña parte de la actividad de consultoría que realizamos", le respondió Zapatero, mientras el juez le pedía concreciones.

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Parry (APRI) responde sobre esto: "No hay un precio fijo para este trabajo, pero las tarifas normalmente se fijan en función de las horas y del equipo que tú destinas a hacer un proyecto. Muchas empresas piden un desglose de los precios". También es relevante, añade, el objeto sobre el que trabajas, si es una cuestión de impacto muy grande, como fue la OPA al Sabadell, o más pequeño. "Diría que hay muchos proyectos de 10.000 o 20.000 euros y pocos proyectos de más de 100.000 euros al año", expone Parry, que evita valorar las tarifas de Zapatero: "Tiene que explicar él qué le pagaban y por qué trabajos".

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¿Qué es ser lobista?

Parry describe que el lobista es una persona que "defiende los intereses legítimos" de un tercero —, ya sean empresas, organizaciones o entidades del tercer sector— ante los legisladores o los gobiernos que toman decisiones. "No nos dedicamos a cobrar comisiones por conseguir contratos públicos", explica.

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En este sentido, ¿hay enmiendas a las leyes redactadas directamente por empresas? Parry admite que sí, y añade que por eso es importante la regulación: piden un registro de lobis; que las leyes incorporen la "huella normativa" para saber quién ha influido en su redacción; y finalmente una oficina para resolver conflictos de interés que no dependa del gobierno. Ahora mismo hay un intento de regulación, pero no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios para sacarlo adelante. "No hay una voluntad política real", remata Parry.