Así es la época dorada del lobismo profesional en el Estado

MadridHay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Una especie de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.A la pregunta sobre qué hacen estas empresas la respuesta es influir en el sector público, sobre todo gobiernos y Parlamentos, por encargo de un tercero, normalmente empresas. No hacen de lobby tradicional, ya que no son el sector directamente afectado, sino que se trata de una profesionalización de esta tarea. Trabajan para diferentes empresas a la vez y se instalan cerca del poder. Por eso muchas han nacido en la capital del Estado, donde se cuecen las decisiones del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Si quieres investigar la galaxia con más detalle, abre la versión en alta resolución en otra pestaña.Ponen sobre la mesa de las empresas asesoramiento, estrategias de mercado, "agenda de contactos" o métodos innovadores de incidencia pública. Ofrecen una nueva cultura más "propositiva" para influir en el sector público más que una respuesta "reactiva" ante un problema que pueda surgir por decisiones de la administración. Por ejemplo: "Es diferente ir a llamar a puerta fría a un político para que tenga en cuenta una propuesta, que hacerlo después de que haya visto un artículo de opinión en un diario o haya asistido a un foro de debate", relata una persona vinculada al sector. Es decir, hay líderes de opinión que sin decirlo se prestan a cobrar de estas consultoras para defender intereses privados, con tarifas de 2.000 euros al mes, según fuentes conocedoras. Una tarea que dista mucho de la tarea informativa que hacen los medios tradicionales.¿De quién estamos hablando?

Los nombres que encabezan las joyas de la corona –como mínimo por antigüedad– de las consultoras de asuntos públicos son Estudio de Comunicación (fundada en 1983), Llorente y Cuenca (1995), la sueca Kreab (1979), la norteamericana McKinsey (también aterriza en el Estado hace unos cuarenta años), Atrevia (1988), Roman (1989) o Omnicom Public Relations Group (1989). También las llamadas "Big Four" de la auditoría españolas –Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG– han abierto líneas de negocio en este ámbito. Aparte de estas grandes corporaciones, en los últimos años han aparecido lo que se llaman "boutiques", que son de pequeño formato, con un contacto más directo con el cliente. "Menos excels y más cafés", relata un profesional del sector. Veteranos del mundo político se han atrevido a poner en marcha sus propios proyectos. El gran ejemplo en Madrid es la consultora Acento, impulsada en 2019 por los exministros José Blanco (ex-PSOE) y Alfonso Alonso (ex-PP) y recientemente adquirida por Havas Group. Cuenta con un fuerte departamento de Asuntos Públicos por el que han pasado Fernando Moraleda (ex-PSOE), como senior advisor, o ahora el excargo de la Generalitat Miquel Gamisans (ex-ERC). Especialistas en el sector constatan que las personas que están al frente envían un mensaje de línea directa con la Moncloa gobierne quien gobierne.De reciente creación también destaca Bebarlet para nuevas estrategias de comunicación y nueva política impulsada por Adrià Jofre y Nacho Corredor, que fue asesor del gobierno español. También desde Cataluña se han puesto en marcha proyectos como el de Pascal and Partners, de la excoordinadora del PDECat Marta Pascal; SIMA Consulting, que tiene como impulsor a Raül Múrcia, excargo de ERC en la conselleria de Interior, y que ha fichado recientemente al exjefe de la policía Eduard Sallent; o el exconseller también de ERC Roger Torrent, que ha fundado Dualys, con el exdirector de la policía Pere Ferrer, para asesorar en defensa a empresas catalanas. Vinces (fundada en 2009) también puede ser considerada una de las boutiques –si tenemos en cuenta la huella de expolíticos o ex-altos cargos– más relevantes. Detrás está David Córdova y cuenta con ex-altos cargos de ERC como Joan Capdevila y Carolina Telechea o del PP, Ricardo Riquelme. Córdova, paralelamente, ha puesto en marcha un medio de comunicación centrado en el trámite parlamentario, donde ha vinculado también al ex-alto cargo del PSOE en la Moncloa Francisco Gómez Loarte. Vinces está especializada en incidir en la regulación –que aquello que se legisla no perjudique a su cliente–. Al otro lado de las boutiques se encuentra la histórica Roman, liderada por Silvia Alsina, que tiene mucho prestigio para conseguir una buena reputación para sus clientes. También las hay centradas en un ámbito territorial concreto porque hay autonomías con competencias propias: sería el caso de Cataluña, con Moodin; el País Vasco, con Silvan&Miracle; o las Canarias, donde destaca 22Grados.

También las grandes firmas incorporan a menudo ex altos cargos públicos como senior advisor. Joan Navarro o el exministro Jordi Sevilla, ligados al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), o José Luis Ayllón, exjefe de gabinete de Mariano Rajoy (PP), han estado vinculados a Llorente y Cuenca. La exconsejera Àngels Chacón (exPDECat) es responsable de la firma en Barcelona. En Atrevia destaca el exalcalde de Barcelona del PSC Joan Clos; o en Harmon el exsocialista Eduard Madina; mientras que Josep Antoni Duran i Lleida (ex-CiU) ha pasado por Burson. En Kreab ha habido nombres como el exministro de Justicia Rafael Catalá (ex-PP), Xavier Cima (ex-CiU) o Miguel Ferre (exsecretario de Estado de Hacienda con el PP), que dejó el trabajo a raíz de su imputación en el caso Montoro, en el centro del cual está la consultora Equipo Económico. Tampoco las Big Four prescinden de personas de la administración. Por ejemplo, Andoni Ortuzar, exlíder del PNB, pasó por PwC como asesor externo. ¿Por qué es interesante el perfil de expolítico para estas empresas? Las fuentes consultadas aseguran que saben cómo funcionan los ministerios y el procedimiento legislativo, tienen la experiencia y conocen los códigos informales, además del momento idóneo para actuar. La política también les dota de unos conocimientos transversales para los asuntos públicos. Pero no solo: tienen la agenda de contactos, y esto es lo que genera más polémica, ya que algunas boutiques –critican desde el mismo sector– venden más el nombre del expolítico que la expertise concreta.

“El problema surge cuando el expolítico utiliza este capital de contactos en zonas grises que pueden rozar el tráfico de influencias”, afirma Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI). Por ello, desde APRI llevan casi dos décadas reclamando al gobierno y a las Cortes una regulación de los lobbies —un registro—, actualmente inexistente a escala estatal, aunque sí que existe en algunas comunidades, como Cataluña, que fue pionera. Lo consideran imprescindible para “normalizar la profesión”, garantizar el acceso de todas las entidades en “igualdad de condiciones” y aportar transparencia sobre quién influye y se dedica a esta actividad. Para ello, una herramienta sería la huella normativa, para saber los intereses han intervenido en una norma. ¿Y qué piensan los políticos actuales de este sector? Diversos diputados consultados aseguran que estas consultoras de asuntos públicos acostumbran a hacer de intermediarios para ponerlos en contacto con empresas y que estas les expliquen cuáles son sus problemas o intereses y propuestas. También se interesan por tener información extra sobre en qué punto se encuentra el trámite parlamentario, ya que esto es clave para saber cuándo se deben intensificar las campañas públicas. El buen lobista, argumenta una diputada, es aquel que sabe a la puerta de quién debe llamar, que presenta las enmiendas a los partidos que pueden tener una sintonía ideológica. Ahora bien, otro parlamentario reflexiona: "Las empresas también podrían contactarme directamente. Mi correo es público".La falta de regulación

Para controlar las puertas giratorias, quien se encarga de que no haya incompatibilidad con respecto a ex-cargos de gobierno es la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). Por ley, deben dejar pasar dos años antes de asumir un trabajo que pueda generar conflicto de intereses. Ha sido habitual, sin embargo, que este organismo valide todos estos fichajes. En el caso de los diputados, la OCI no opera y no hay ningún organismo que controle qué hacen después porque "no han gestionado" como sí que hacen los cargos gubernamentales, según explica Joan Ridao, letrado en el Parlament y especialista en la materia. Solo durante el mandato parlamentario, la Comisión del Estatuto del Diputado examina posibles incompatibilidades. Ridao considera imprescindible llevar adelante la regulación para aportar transparencia en el sector. Ahora mismo hay en trámite en el Congreso el proyecto de ley de integridad pública, pero está encallado.Matías (APRI) constata que el negocio ha crecido mucho en los últimos veinte años, a rebufo de la oleada de los lobis que hay en Bruselas. "El crecimiento se produce en el sector que hay más regulación", aclara. El precio de los servicios también es diferente en función de la empresa y del lugar. "En Madrid se paga más que en Barcelona. Es el efecto capital", relata uno de los profesionales del sector, que ironiza: "Los atracos son más fáciles" en la capital española, hasta el punto de hablar de posible "burbuja". Otra voz, en cambio, normaliza el crecimiento de las consultoras como una tendencia global, también en la capital catalana. Laia Bosch, coordinadora de APRI en Cataluña, explica que el avance regulatorio de la Generalitat en ámbitos como la vivienda, el turismo y la movilidad, han puesto en evidencia la necesidad de consultoras especializadas. También apunta en aquellos sectores económicos más importantes como el industrial, el sanitario y el digital.

Un indicador claro del auge del sector es que comienza a aparecer la formación específica, como la que promueve AP Institute, una entidad académica presidida por Joan Navarro, durante muchos años profesional reconocido de los asuntos públicos. Esta misma entidad constata un crecimiento del 25% del sector, con una previsión a escala estatal de 200 millones de euros de volumen de negocio en 2030 y unos 5.000 profesionales en activo.