Dos magistrados del Tribunal Constitucional avalan que se reforme el delito de sedición

BarcelonaEl pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) tumbaba el recurso de amparo que había presentado Jordi Turull en contra de su condena en la sentencia del Procés. Abría el camino, así, para que el ex conseller fuera el primero de los presos políticos en llevar el veredicto del Tribunal Supremo a instancias internacionales, concretamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero la decisión del TC hecha pública la semana pasada tuvo dos votos particulares. Se trata de Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, dos magistrados del sector progresista que, según publica este lunes El País, defienden que el delito de sedición está descrito con demasiada amplitud y que las penas asociadas a él son demasiado altas, cosa que abre la puerta a la modificación de este tipo penal.

El texto de los dos jueces todavía no se ha hecho público, pero Xiol y Balaguer creen que el Supremo tendría que haber precisado mejor la participación de Turull en los hechos por los que se lo condena. Esta es la postura que defendieron la semana pasada en el pleno del Tribunal Constitucional, donde echaron de menos que no se hubieran individualizado las penas para cada uno de los condenados, sino que se los sentenciara sin analizar la responsabilidad de cada uno. En cambio, para la mayoría del pleno el delito de sedición por el que se condenó a los líderes independentistas no presenta "vaguedades" en el Código Penal, como argumentaba el abogado Jordi Pina en el recurso de Jordi Turull, sino que consideran que está definido de manera bastante explícita.

No es la primera vez que Xiol y Balaguer se desmarcan de la decisión mayoritaria del pleno del TC, sino que ya lo habían hecho en otros casos relacionados con el Procés. Se desmarcaron, por ejemplo, de la decisión del alto tribunal de denegar el permiso a Oriol Junqueras para que pudiera ir al Parlament después de que fuera elegido diputado en las elecciones del 21 de diciembre del 2017. También discreparon sobre la prohibición a Jordi Sànchez para que asistiera a la cámara catalana para someterse al debate de investidura. Los magistrados no defendían liberar ni a Junqueras ni a Sànchez, sino que el Supremo valorara buscar alternativas al encarcelamiento y, si las acababa descartando, que argumentara mejor el motivo.

Lo que es cierto es que la posición de los dos magistrados supone un aval implícito a la reforma del Código Penal que pretende sacar adelante el gobierno español y que pasaría, según el diario, por una rebaja de penas y por acotar mejor la descripción del delito de sedición. Ahora bien, esta propuesta a estas alturas todavía no se ha hecho pública, a pesar de la presión de sus socios de gobierno en el Estado, Unidas Podemos. En concreto, del presidente del grupo en el Congreso, Jaume Asens, que ha abanderado esta reforma como una vía para liberar a los presos políticos. De hecho, ya al inicio del curso político Unidas Podemos puso sobre la mesa del ministro de Justicia su propuesta. La Moncloa, de hecho, había incluido esta reforma dentro de los proyectos legislativos a sacar adelante antes de acabar el año, pero, ya entrado el 2021, el ministro no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa.