El mapa autonómico evidencia la dependencia del PP de la extrema derecha

MadridCon el último gobierno autonómico cerrado, el de Murcia, se confirma que los resultados de las autonómicas del 28 de mayo han permitido al PP conseguir buena parte del poder autonómico: de las 17 comunidades, los populares están en el gobierno en 12, además de Ceuta y Melilla. Un contrapeso territorial que pretenden hacer valer en caso de que PSOE y Sumar logren reeditar el gobierno de coalición. "El contrapoder sería muy contundente", apuntan fuentes populares, que añaden las grandes ciudades en las que también mandan como Madrid, Sevilla o Valencia. También es verdad que del mapa autonómico surgido del 28-M se puede extraer otra conclusión: que en casi la mitad de los casos, los populares no han salido sin Vox. Fernando López Miras ha sido el último en firmar un acuerdo muy similar al que ya firmaron antes cinco presidentes autonómicos del PP. Pactos incómodos para los populares, que habrían preferido evitar antes de las elecciones generales del 23-J y que evidencian que, por ahora, dependen de la extrema derecha sin haber terminado de resolver cuál es la relación que deben mantener con los de Santiago Abascal.

La prueba es el alboroto que ha rodeado cada acuerdo, por su contenido, pero también porque la relación entre ambas formaciones lleva tiempo tocada, especialmente después de que el PP de Pablo Casado votara en contra de la primera moción de censura fallida que presentó Vox en el Congreso. El terremoto más sonado fue el de Extremadura. Pocas semanas antes del 23-J, la presidenta popular en esta comunidad, María Guardiola, se negó a firmar un pacto con Vox en los mismos términos de lo firmado hacía pocas semanas su homólogo en el País Valenciano, Carlos Mazón. El dirigente valenciano dejó la lucha contra la violencia machista fuera del documento y ambas formaciones se limitaron a explicitar el rechazo a la violencia intrafamiliar. A los pocos días y después de haber dado por hecho que Extremadura se encaminaba hacia una repetición electoral, Guardiola claudicaba y permitía la entrada de la extrema derecha en el gobierno. No creó ninguna consejería de Igualdad, pero dejó las políticas contra la violencia machista fuera del alcance de Vox.

Precisamente, la violencia de género es una de las cuestiones que han estado en el punto de mira en todos los acuerdos. A diferencia del País Valenciano, en el resto de pactos autonómicos el PP ha querido explicitar su compromiso, pero también ha permitido a Vox situar el rechazo a la violencia intrafamiliar, el término que utiliza la extrema derecha para referir la violencia machista. En gobiernos como el de Castilla y León, por ejemplo, han reducido el presupuesto destinado a estas políticas. Sin embargo, en el PP insisten en que su compromiso contra la violencia de género no mermará en sus gobiernos.

En la Comunidad Valenciana, PP y Vox también han puesto la lengua en la diana y una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Mazón fue eliminar el catalán como lengua vehicular en las escuelas valencianas. En Baleares, Marga Prohens logró el apoyo de Vox a su investidura sin que la extrema derecha entrara en el gobierno. Pero, ¿ha adoptado políticas distintas de las comunidades donde PP y Vox gobiernan juntos? Por el momento no, porque también ha metido el cuerno en la lengua y ha eliminado el requisito de tener que saber catalán para acceder a una plaza en la sanidad pública.

Murcia y la investidura de Feijóo

Murcia ha sido el último gobierno autonómico en el que el PP ha dejado entrar a Vox. La tensión entre ambos partidos ha reinado desde el inicio y el fantasma de la repetición electoral ha planeado sobre él durante semanas. En esta comunidad las tensiones ya venían de lejos, de la moción de censura fallida de Ciutadans que acabó con tránsfugas de Vox en el gobierno de López Miras. Desde mayo, esta comunidad vive en el interinaje porque el líder del PP murciano se negaba a dejar entrar a la extrema derecha en el gobierno. Pasado el 23-J y con la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el horizonte, López Miras acabó dando marcha atrás, como María Guardiola, dejando finalmente que Vox se incorporara al gobierno autonómico. Los populares han aceptado, entre otras cosas, mantener el pin parental en las aulas, una medida que la extrema derecha ya exigió hace dos años cuando los tránsfugas entraron en el gobierno.

Que el mapa autonómico se haya teñido de color azul y también verde no es una buena noticia para la coalición que quieren revalidar el PSOE y Sumar en el Estado. Uno de los melones que los socialistas, pero también el PP, quieren abrir si gobiernan en el Estado es el eterno debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Si el PSOE revalida el gobierno, los interlocutores que se encontrará en el territorio no le pondrán las cosas fáciles, porque el PP lleva meses dando señales de querer ejercer de contrapoder territorial. "No haremos política partidista desde los gobiernos [autonómicos], pero es mejor tenerlos", apuntan fuentes populares. Sea como fuere, el objetivo del PP sigue siendo comer terreno en Vox pese a que por ahora tenga a los ultras como socios imprescindibles.