Marchena rechaza de nuevo la amnistía y mantiene a Junqueras inhabilitado hasta el 2031

MadridLa oposición de Manuel Marchena a la amnistía permanece inalterable, aunque en su tribunal haya alguna voz discrepante como la de la magistrada Ana Ferrer, que vuelve a emitir un voto particular contra la decisión mayoritaria de confirmar la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. En el caso del presidente de Esquerra, hasta el 2031. Los jueces que les condenaron por el 1-O vuelven a negarles la aplicación de la ley por el delito de malversación y abren el camino del Tribunal Constitucional. Tras tumbar el recurso de súplica que habían presentado, tienen vía libre para acudir en amparo al órgano de garantías, que ya tiene sobre la mesa varios expedientes relacionados con la amnistía.

El 1 de julio Llarena y Marchena se coordinaron por tumbar la aplicación de la amnistía a los ya condenados por el Proceso ya los exiliados –Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig–, con un innovador argumento sobre el beneficio personal de carácter patrimonial que la ley requería para excluir el perdón por el delito de malversación. Básicamente, consideraban que los exconsejeros no tuvieron que poner dinero de su bolsillo para hacer el referendo porque lo gastaron de los organismos públicos. Ya entonces el presidente de la sala segunda del Supremo advertía que la ley estaba mal redactada y que, pese a que el objetivo de los impulsores fuese conseguir la amnistía por malversación en esta causa, los artículos de la norma no lo permitían.

"Entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que este cambio se pretende hacer es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica", reitera ahora Marchena, que también defiende la labor interpretativa que deben hacer los jueces. "Las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces. El imperio de la ley sólo puede garantizarse una vez que el texto legal publicado es sometido a una interpretación judicial verificada conforme a las pautas hermenéuticas que definen el canon de racionalidad impuesto por el deber constitucional de motivación (...). La imagen del juez como «boca muda» que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyen de la literalidad de la norma representa una imagen desfasada que los recurrentes presentan ahora como el ideal democrático de una justicia respetuosa con el poder legislativo", añade.

Ferrer ve "ficción jurídica"

Los razonamientos de la mayoría del tribunal volvieron a recibir la divergencia de la magistrada Ferrer, que en su voto particular acusa a Marchena de hacer "ficción jurídica". "No hubo incorporación a sus respectivos patrimonios ni, en consecuencia, beneficio personal patrimonial", sostiene. "No podemos percibir otro beneficio personal que el de dar satisfacción a un proyecto político ilegal, y eso es precisamente lo que surge de la interpretación menos rebuscada y, en mi opinión, más razonable y ajustada a la letra de la ley y sus disposiciones normativas. En definitiva, la única que puede considerarse predecible. No se trata de hacer una interpretación microliteral de la ley, sino de evitar una que sea contraliteral", reitera. En esta línea, cuestiona que la mayoría del tribunal termina tomando una decisión no "interpretativa" de la ley, sino "derogatoria".

La resolución de Marchena también cuenta las esperadas críticas de los propios afectados. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado la decisión porque así se abre la puerta a acudir al Constitucional. "¡Ya era hora! Lo han retrasado todo lo posible. No esperábamos nada bueno de esos jueces que hacen de legisladores, de tertulianos, de agitadores políticos y de justicieros. Hacen de todo menos aplicar la ley como les correspondería", ha tuiteado.

En la misma línea, ERC ha anunciado su recurso al TC: "Iremos hasta el final para garantizar que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull recuperen todos sus derechos políticos".