Marlaska cierra filas con la directora de la Guardia Civil, señalada por el sumario del caso Leire
El ministro niega haber conocido "ninguna actuación" para menoscabar el trabajo de la UCO: "No lo habría tolerado"
BarcelonaEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho una defensa cerrada este jueves de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que el sumario del caso Leire Díez apuntara que se reunió al menos en tres ocasiones con la exmilitante socialista investigada. "Lo que me consta es su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad [...]. Ejemplo y honestidad", ha insistido en declaraciones a los medios, en las que ha añadido que "la lealtad con la legalidad" de González está garantizada.
Tanto la directora del cuerpo policial como Marlaska han negado hasta ahora los encuentros con Díez que apunta la investigación, pero los indicios del sumario apuntan en dirección contraria. Así, según consta en los anexos del sumario, la exmilitante, considerada fontanera del PSOE, fue multada por aparcar mal en una de las supuestas visitas que hizo a González, el 20 de diciembre de 2024. La multa la recibió el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el brazo inversor del Estado) Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez con el siguiente mensaje: "He recibido esta multa de aparcamiento tuya [...] Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. Te la pago con descuento", le dijo, tal como recoge la agencia Efe.
Más allá de las tres presuntas reuniones entre Díez y González -la última, en abril de 2025-, la UCO ha intervenido conversaciones de WhatsApp que apuntarían a una relación de confianza entre ambas. "Mi siguiente conversación será con la directora de la Guardia Civil [...], es de mi confianza" o "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy", son algunos de los mensajes de la exmilitante socialista en sus conversaciones con terceras personas. Los investigadores creen que habría utilizado esta vía para su misión de desactivar causas que afectan al entorno del PSOE y del gobierno español. "Recuerda que tengo amistad con la DG de la GC", llegó a decir en una comunicación con el expresidente de la SEPI.
En las declaraciones a los medios, Marlaska ha querido dejar claro que él personalmente no ha tenido conocimiento de "ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil]", desde donde se han investigado diversas de las causas que salpican a los socialistas. El sumario apunta que Díez, junto con el exdirigente Santos Cerdán, conformaron un grupo para desactivar estas causas y "proteger los intereses" de los socialistas y de Pedro Sánchez y su gobierno. El ministro ha asegurado que, si hubiera conocido estas maniobras, no las habría "tolerado".
Después de manifestar una vez más su defensa de la "neutralidad y profesionalidad" de la Guardia Civil, ha recordado que, cuando trascendieron hace ahora un año los primeros detalles de la presunta trama, tanto él como la directora de la Guardia Civil trasladaron su "apoyo absoluto" a los mandos de la UCO y ha acabado garantizando que tanto esta unidad como el instituto armado en general y la Policía Nacional trabajan por orden judicial con "absoluta independencia".
La UCO entra en Tubos Reunidos y en la SEPI
En paralelo, continúan las diligencias ligadas a la presunta trama que salpica al PSOE. La UCO ha entrado este jueves en la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y en su fábrica de Amurrio, así como en la sede de la SEPI, en Madrid. Según ha podido confirmar el ARA, los agentes han realizado requerimientos de información por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire.
El juez levantó hace unos días parcialmente el secreto de sumario de esta causa, si bien mantuvo bajo reserva una pieza separada. Es en el marco de esta rama de la causa que la UCO practica las diligencias de este jueves. La empresa Tubos Reunidos, sin embargo, aparece nombrada varias veces en el sumario, que apunta a que habría recibido tratos de favor de la administración y al menos un préstamo estatal de 112,8 millones de euros. A la espera de pronunciamientos de este grupo industrial, fuentes de la SEPI han reiterado a la agencia Efe su "máxima colaboración con la justicia".