La moción de censura, en el cajón con llave
MadridEn estos momentos la vida política española se parece mucho a las imágenes congeladas que a veces se quedan así, fijas, en la pantalla del televisor o de algún otro dispositivo. Esperamos el siguiente paso, algo tiene que pasar, pero nadie toma la iniciativa. La imputación del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado todo tipo de hipótesis y comentarios de preocupación pero no ha traído cambios sustanciales en las relaciones entre las fuerzas políticas.
El actual líder socialista, Pedro Sánchez, puede sentirse víctima de una operación de asedio para hacerlo fuera de la Moncloa, y pensar que la causa contra su antecesor se ha de interpretar como una pieza calificada de esta estrategia. De hecho, esto de la persecución lo cree desde hace tiempo. Ni siquiera hizo falta que Aznar dijera aquello de “quien pueda hacer, que haga”, se entiende que para acabar con el sanchismo. No obstante, Sánchez también constata que no parece que haya de haber novedades a corto plazo. Por un lado, el PP no ve ninguna ventaja en presentar una moción de censura a la que le faltan cuatro votos para triunfar. Y, por otro lado, los socios que permitieron la investidura de Sánchez no tienen ningún interés en facilitar un cambio que lleve al gobierno a los populares coaligados con Vox.
En estas circunstancias, la hipótesis de la moción de censura está en un cajón cerrado con llave. Se ha abierto un cierto compás de espera hasta que Zapatero haya declarado ante el juez que lo ha imputado, y hasta que Sánchez dé explicaciones en el Congreso. A medida que pasan los días crece la impresión de que el magistrado se ha ceñido demasiado a los informes de la policía en relación con el papel del expresidente como jefe de una organización criminal, a partir de indicios que habrá que verificar a fondo. Se han hecho conjeturas sobre los hechos que pueden tener poco recorrido.
Por ejemplo, el auto del juez Calama consideraba sospechoso que los empresarios interesados en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra celebraran anticipadamente la concesión de 53 millones de ayudas cuando el consejo de ministros todavía no había tomado la decisión. Desde fuentes oficiales se ha admitido, no obstante, que es habitual dar información previa cuando los expedientes avanzaban positivamente. No nos podrá extrañar que piezas del rompecabezas supuestamente relevantes se vayan desinflando.
Interrogantes por aclarar
del PSOE, Leire Díez, para que consiguiera reventar las investigaciones contra los socialistas. Un dinero malgastado, como se ha visto.
En este caso, a quien no se debe perder la pista es a Julio Martínez. Tiene cierta lógica que ahora se empiece a especular con la posibilidad de que quiera colaborar con la justicia. Este empresario ha decidido cambiar de abogado debido a discrepancias con su primer defensor. Y acabamos de ver, en el juicio del caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que los acuerdos con la Fiscalía funcionan. Al primero, el fiscal le pide 24 años de prisión, al segundo 19 años y 6 meses y al tercero solo 7 años, una petición que el PP redujo aún más para que no tenga que ingresar en prisión. Y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, cerró su informe defendiendo que se podría considerar acertada la rebaja planteada por la acusación popular, a pesar de que la colaboración de Aldama no fue determinante en la investigación, pero sí que permitió impulsarla en ciertas fases.
Seguro que Víctor Moreno Catena, el defensor de Zapatero, está muy pendiente de los movimientos de Julio Martínez por si puede acabar condicionando el desarrollo de las investigaciones diciendo que quiere pactar con la Fiscalía para facilitar la marcha de la causa y el esclarecimiento de los hechos a cambio de la máxima flexibilidad en las acusaciones y peticiones de pena que más adelante se puedan hacer contra él.
La declaración de Zapatero
En cualquier caso, ahora lo que toca es ir paso a paso y seguir la primera declaración de Zapatero como imputado. El expresidente comparecerá en la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio. Era lógico retrasar la citación, inicialmente prevista para el próximo martes, 2 de junio. La defensa pidió este aplazamiento para poder leerse los más de cuatro mil folios del sumario, ahora ya trasladado a las partes. El juzgado ha previsto dos jornadas porque se prevé que el interrogatorio sea largo, excepto si el expresidente se limita a responder a su abogado. En cualquier caso, si prepara a fondo la declaración, le conviene responder como mínimo también a la Fiscalía. Es menos importante contestar a las acusaciones populares, teniendo en cuenta su marcado perfil político.
Habrá que ver si el juez toma medidas cautelares contra Zapatero. Resulta poco probable el ingreso en prisión provisional, a pesar de que Vox lo ha pedido desde el primer día. Pero no se puede descartar la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas en la Audiencia para controlar su permanencia en España, y, por lo tanto, que esté siempre a disposición del juzgado. Seguro que lo que se recibiría con sensación de alivio entre los socios del gobierno sería que Zapatero pudiera volver a su domicilio sin más trámites, a la espera de los nuevos pasos de la investigación.
A partir de aquí es cuando las partes podrán empezar a presentar escritos y pedir diligencias. Seguro que la defensa cuestiona las grabaciones telefónicas aportadas por una agencia norteamericana por falta de garantías; son las conversaciones donde terceros hablan de Zapatero como una pieza clave en la supuesta red criminal. También habrá que estar muy atentos a los resultados de la prueba pericial sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente. Y seguir también la otra causa sobre los pagos a la fontanera del PSOE, Leire Díez, para que consiguiera reventar las investigaciones contra los socialistas. Un dinero malgastado, como se ha visto.
