El gobierno español se abre a derogar el delito de injurias en la Corona

MadridTras los cinco días de reflexión de finales de abril, Pedro Sánchez dijo que se quedaba en la Moncloa para impulsar una "regeneración democrática" en el Estado. Casi cinco meses después, el compromiso ha llegado al consejo de ministros con la aprobación de un "plan de acción para la democracia" que incluye 31 medidas que "se irán implementando" en los próximos tres años de legislatura. Aunque el PSOE ha evitado ponerlo explícitamente por escrito, los socialistas se abren a derogar el delito de injurias en la corona con el compromiso de estudiar una "reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y la creación artística". "Entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos", dice el texto.

En la comparecencia posterior al consejo de ministros, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, no ha querido concretar qué artículos serán reformados. Sin embargo, desde Sumar dan por hecho que en el compromiso se incluyen las injurias a la Corona porque el trabajo que llevarán a cabo busca adaptar estos tipos penales a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es lo que ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha afirmado que trabajarán a partir de sus sentencias y ha citado justamente una del 2018 que condenó a España por haber perseguido la quema de fotos del rey.

La reforma del Código Penal debería modificar, por tanto, los artículos que han permitido condenar a artistas, raperos, usuarios de redes sociales o periodistas. Ahora bien, queda fuera de la reforma el delito de enaltecimiento del terrorismo. En cuanto a la ley mordaza, Urtasun ha explicado que se ha cerrado el compromiso con el PSOE de derogar la parte que permite sancionar a profesionales de la información en la cobertura de acciones de las fuerzas de seguridad. Queda lejos de la reforma más amplia que exigen los socios parlamentarios, bloqueada desde la anterior legislatura, y que el ministro de Sumar ha instado a seguir intentando.

Registro de medios

Por el momento, el ejecutivo español ha planteado una "hoja de ruta" con un esqueleto de las reformas legislativas que quiere impulsar, pero aún sin entrar en detalle. Tal y como avanzó Sánchez, uno de los ejes está enfocado en el ecosistema informativo del Estado y plantea, entre otros, la creación de un registro de los medios de comunicación para luchar contra las fake news. La elaboración de este registro se encargará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya estructura y funciones deberá reformarse para que pueda asumir las competencias de supervisión de los medios de comunicación. En el registro se hará pública la información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciban en un intento de combatir a los llamados pseudomedios.

Justamente con este objetivo, el gobierno español también quiere reformar la ley de publicidad institucional "para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", así como para fijar sistemas que midan las audiencias que garanticen que no se pueden "falsear". "Se trata de evitar que con dinero público se esté financiando seudomedios", concretó Urtasun, e impedir que los haya sobredimensionados por interés político. La parte del paquete sobre medios de comunicación está basada en un reglamento de la Unión Europea aprobado el pasado marzo, tal y como avanzó Sánchez en una comparecencia inconcreta en el Congreso a mediados de julio para explicar el plan.

Más allá del ecosistema informativo, el documento también fija el objetivo de reformar la ley de secretos oficiales, que data de 1968 y se ha intentado modificar sin éxito en reiteradas ocasiones, y de impulsar medidas para ampliar la información que obtiene la ciudadanía del poder ejecutivo. Otra ley que el gobierno español quiere reformar es la electoral, para hacer obligatoria la asistencia a debates electorales y la publicación de los microdatos de las encuestas electorales. El ejecutivo quiere también impulsar una ley de grupos de interés y reforzar la obligación de los partidos políticos y diputados de hacer públicas sus cuentas y bienes con un régimen sancionador.

Negociación con los grupos

Bolaños y Urtasun han sido los encargados de hablar con los grupos parlamentarios de este plan, que tendrán que seguir negociando para conseguir aprobar en el Congreso las leyes a retocar o impulsar para que se concrete. De momento, fuentes de los partidos de la mayoría plurinacional han criticado de nuevo su inconcreción y la falta de ambición. Desde ERC lo ven una "declaración de intenciones" que son "muy tibias" y encaran con "preocupación" la tramitación parlamentaria. En el caso de Junts consideran que será "más maquillaje" y el PNV critica que el plan no haya sido consensuado y sea "inconcreto".

"Contamos con ellos para abrir la puerta al debate y la conversación pública. El documento es sólo un primer paso", ha dicho Urtasun. Bolaños fue mucho más efusivo y reivindicó que es un plan "muy ambicioso" y "alineado con las políticas europeas". "Busca restaurar plenamente la confianza en la democracia", ha dicho Bolaños, que ha situado a las fake news difundidas por "pseudomedios" como las grandes culpables de la "desafección" ciudadana. Por el contrario, el plan ha dejado fuera de las reformas al poder judicial y tampoco aborda el lawfare.

Apoyo del PP

Sánchez pidió este lunes el apoyo de "todos los demócratas" y, en particular, del PP debido a que los conservadores europeos apoyaron a Bruselas en el reglamento. La respuesta del PP no tardó en llegar en forma negativa. Fuentes de los populares avisan de que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo "no apoyará ningún planteamiento del gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación", y lo ven como "una cortina de humo" para tapar el caso Begoña Gómez en una maniobra que ven más propia de regímenes dictatoriales.