La mutación del pacto de financiación que invirtió Salvador Illa

Barcelona¿Qué se ha hecho del "concierto económico solidario", el título con el que la dirección de ERC –pilotada en ese momento por Marta Rovira– dio al acuerdo de financiación que acabaría invirtiendo a Salvador Illa? El presidente de la Generalitat nunca asumió el concepto de "concierto" y tampoco el gobierno español. Lo que se puso por escrito en julio del 2024 suponía que Catalunya pasaría a recaudar todos los impuestos, cedería un porcentaje al Estado y se establecería una cuota de solidaridad. Un año y medio después, el acuerdo entre el gobierno español y Esquerra –en el que el Estado destinará casi 4.700 millones de euros a Cataluña– difiere sustancialmente de lo que llevó Isla al Palau de la Generalitat.

De entrada, Catalunya no recaudará todos los impuestos a corto plazo, ni tampoco se vislumbra que esto sea un escenario en un futuro. "Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya", decía el pacto de julio del 2024. La única opción que recoge la propuesta de la nueva financiación es una "gestión en red" entre la hacienda estatal y la de las comunidades autónomas. Sí especifica, sin embargo, que las autonomías que lo deseen, podrán acogerse a un sistema de "caja compartida" en el que los ingresos del IRPF lleguen de forma "simultánea" a la hacienda estatal y autonómica.

El acuerdo firmado para investir a Illa preveía que Catalunya empezaría por la recaudación del IRPF y que lo haría ya en el 2026. Un pronóstico que el Govern, de la mano con ERC, retrasó hasta el 2028. De hecho, esta cuestión sigue siendo un escollo para la negociación entre ambas. Los republicanos tienen parada en el Congreso la proposición de ley que debe amparar legalmente a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) para que recaude el IRPF. Una ley que prevén reactivar en febrero. Esquerra ha puesto como condición desbloquear esta cuestión para empezar a negociar los presupuestos catalanes y estatales. ¿Es suficiente que el PSOE vote a favor para que se empiece a tramitar la norma o hace falta algún gesto más? El partido de Oriol Junqueras no lo ha concretado.

No hay cambio de paradigma

El modelo firmado en el 2024 también establecía que la aportación catalana a los gastos del Estado se haría a través de un "porcentaje de participación en los tributos", es decir, que sería Catalunya quien transferiría parte de sus impuestos al Estado, y no como ocurre ahora. Este cambio de paradigma no se contempla en el modelo presentado por Montero. Hacienda sí se ha comprometido a incrementar el porcentaje que transferiría a las comunidades autónomas tanto del IRPF (55%) como del IVA (56,4%).

El modelo pactado entre socialistas y republicanos también preveía que Cataluña seguiría aportando a la solidaridad con el resto de territorios del Estado. Con el nuevo modelo, cada comunidad deberá alcanzar el 75% de la media de recursos por habitante ajustado del conjunto de territorios. Las que no lo logren serán compensadas. Esta solidaridad debía estar limitada por el principio de ordinalidad, se establecía en el acuerdo de investidura. Una ordinalidad que Montero garantizó por Catalunya cuando se aplique el nuevo modelo de financiación, previsto para el 2027 –siempre que el Congreso le dé luz verde–, aunque por ahora no está previsto que se blinde legalmente para el resto de años.

Pese a los acuerdos que se han hecho hasta ahora, todavía queda por cerrar la financiación de las competencias no homogéneas, es decir, las que tiene Catalunya a diferencia de otras autonomías, como los Mossos d'Esquadra. Esquerra ha asegurado en los últimos días que han acordado el traspaso adicional de un 21 por ciento de la recaudación del IVA para financiarlas. Tampoco se ha llegado a un acuerdo todavía para sacar adelante el consorcio de inversiones, que debe servir para fiscalizar la ejecución de las inversiones estatales en Catalunya.

Críticas internas

Según la dirección de Esquerra, el pacto cerrado ahora con el ministerio de Hacienda no es definitivo, sino un punto de inicio en el contexto actual. Sin embargo, la fragilidad del gobierno español no hace augurar que el acuerdo pueda evolucionar, y más cuando hay otros socios que ya han puesto el grito en el cielo. Por eso, varias voces republicanas críticas con la dirección actual levantaron la mano el pasado sábado en el consejo nacional para preguntar sobre las diferencias entre el acuerdo sellado en el 2024 y el actual. "Hay una reinterpretación del acuerdo", apunta uno de los críticos. Otras voces de los críticos consideran que el pacto "completa una política de resignación" de la dirección de Junqueras.

Alba Camps, exdiputada y quien hizo tándem con Xavier Godàs en Nueva Izquierda Nacional –la candidatura alternativa a Junqueras en las primarias de hace un año–, ha pedido públicamente una consulta interna para votar el acuerdo que ha firmado ahora la dirección. Una petición que también ha hecho la corriente crítica del Col·lectiu 1-O, que está recogiendo firmas por una consulta que la dirección descarta. También se ha opuesto al pacto el exconcejal y exconsejero Alfred Bosch –que formó parte de la candidatura de Foc Nou en las primarias–, que, en un artículo en el digital El Mundo, lo tildaba "de engaño".