Unos noventa agentes, a un paso del juicio por las cargas del 1-O

BarcelonaEl año 2022 tendría que ser el de los juicios contra los agentes que participaron en las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, que acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Cuatro años después, todavía no se ha registrado ni una sola condena para los policías nacionales y guardias civiles que formaron parte del operativo. Las investigaciones que han ido más rápido han acabado con la absolución de los policías o bien se han archivado por falta de pruebas. Pero hay dos causas que están a punto de ir a juicio. En Girona, el juez ha procesado a 27 policías nacionales y un guardia civil por las cargas en la ciudad y en Aiguaviva. En Barcelona, el juez ha prorrogado hasta enero la investigación contra 67 policías por la intervención en diferentes centros y las lesiones a Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.

A pesar de los esfuerzos de las acusaciones que representan a los lesionados y varias entidades para depurar responsabilidades tanto a nivel político como policial, la mayoría de jueces han acabado ciñiendo las investigaciones a los policías que tuvieron una actuación desproporcionada y a sus superiores directos. Los abogados que representan de manera altruista a los heridos en el Bages llevaron dos de las denuncias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó las demandas porque consideró que las lesiones eran de poca entidad. La intención de la acusación, según fuentes consultadas por el ARA, es insistir en la vía de la justicia europea en otros casos, como por ejemplo los heridos en Sant Joan de Vilatorrada.

Cadena de órdenes incompleta

La justicia ha descartado de momento entrar en el diseño del operativo del 1-O. En Barcelona el ex secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coordinador de los cuerpos policiales el 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, han declarado como testigos. Nieto admitió que el dispositivo tenía una misión “ejemplarizante”, pero aseguró que no había habido una orden concreta de actuar; una afirmación que desmintieron los mandos policiales a pie de calle, que revelaron que les ordenaron intervenir en las escuelas antes de que abrieran. La de los jefes de núcleo es la línea más alta de mando policial que está bajo la lupa del juzgado de instrucción 7. Tanto el juez Francisco Miralles como la Audiencia de Barcelona exculparon al jefe de los antidisturbios, José Miguel Iguzquiza, que ese día usaba el apodo de Marte, el dios de la guerra. A pesar de todo, las acusaciones no renuncian al hecho de que pueda acabar en el banquillo de los acusados. “Es curioso que investigues la cúpula operativa a pie de calle pero no al jefe directo que tenían en común”, insiste el abogado Àlex Solà, que lleva la acusación popular por parte de Òmnium Cultural.

A pesar de que también les habría gustado llegar más arriba, por parte de la entidad de defensa de derechos humanos Irídia, que representa a buena parte de los heridos, la abogada Marta Tresserras cree que hay que “poner en la balanza” el hecho de que las acusaciones hayan conseguido probar las agresiones más graves y que los agentes responsables sigan a un paso del juicio. La instrucción se ha prorrogado hasta enero de 2022 y la previsión es que el juez dicte entonces la conclusión de la causa.

La investigación por las cargas en el pabellón de Sant Carles de la Ràpita es otra de las que ha conseguido apuntar más arriba. Recientemente el juez de Amposta citó a declarar como investigado al capitán de la Guardia Civil al frente del operativo. Según el abogado Josep Canício, dio una versión “exculpatoria” e insistió en que sus subordinados advirtieron a los votantes antes de cargar.

“Palos en las ruedas”

En Lleida las investigaciones por las cargas avanzan muy lentamente. La abogada Anna Llauradó se queja de la lentitud por parte del juzgado. “Solo ponen palos en las ruedas”, insiste la abogada, que dice que esta “falta de impulso” se acaba traduciendo en “impunidad” para los agentes. Es la misma sensación que tienen las acusaciones implicadas en las causas del Bages. Últimament el juez ha acabado archivando el caso para cuatro guardias civiles que cargaron en el Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

Hasta ahora todos los agentes que han llegado a juicio han sido absueltos y en otros casos el caso se ha archivado. Los dos últimos exculpados, según ha sabido el ARA, son dos guardias civiles. La Audiencia de Barcelona ha confirmado la absolución de un agente que lesionó a un votante en Sant Esteve Sesrovires, mientras que la Audiencia de Tarragona ha descartado que se siga investigando a otro guardia civil por las cargas de Sarral, porque considera que el delito “ha prescrito”.