Un pacto que consolida a Feijóo
MadridSubir al Everest ya no es tan difícil como antes. De hecho, dicen que esta experiencia casi forma parte de los paquetes turísticos, por lo menos para los iniciados en el deporte de la escalada. Lo digo como metáfora, porque hemos comprobado, después de cinco años de sufrimiento, que conseguir un pacto de estado sobre la justicia también es sencillamente cuestión de entrenamiento y voluntad. Te pones las chirucas, y hacia Bruselas, a buscar un sherpa de la Comisión Europea que te ayude a conquistar la cima más alta, que en este caso era la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Tan fácil como ha sido, por último. En cambio, que frustrante fue llegar tantas veces a poca distancia del punto más alto y haber tenido que volver a descender sin ningún resultado. La historia de los fracasos de cada iniciativa para desbloquear la situación hizo que ya nadie creyera en la posibilidad del acuerdo. Yo imaginaba un Supremo lleno de telarañas, convertido en un túnel del tiempo, con los sumarios –incluido el del Proceso– devorados por el polvo y la humedad.
Pero, mira por dónde, el último intento, la última cordada, compuesta por el ministro Félix Bolaños y por el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, logró clavar la bandera del desbloqueo judicial. Sin embargo, los más beneficiados por este pacto son el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tanto o más que él el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, porque con el acuerdo consolida su liderazgo. Feijóo habría tenido que propiciar el acuerdo hace tiempo. Y no lo permitió porque esperaba el momento más idóneo, alejado de las confrontaciones electorales. El jefe de filas del PP habrá hecho bien si estos días ha destapado una botella de cava, porque ha logrado un objetivo importante, consistente en que nadie haya levantado la voz en su partido para cuestionar su decisión.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que tan clara había dejado su posición contraria a cualquier acercamiento de su partido al gobierno ya Sánchez, ha aceptado el pacto desde el silencio. Esta vez se ha mordido la lengua y se ha concentrado en lo que es su propósito principal en estos momentos, dirigir toda la presión hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El motivo de esta ofensiva, contrarrestar el asedio de la Fiscalía a la pareja de la propia presidenta madrileña, Alberto González Amador, por delitos fiscales inicialmente reconocidos por la defensa de este empresario. Tampoco el expresidente del gobierno José María Aznar ha puesto en cuestión el acuerdo que ha permitido el desbloqueo judicial sin que el PP haya logrado de entrada, como pretendía, el cambio en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Aznar dio su bendición al pacto por medio de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que consideró "equilibrado" el acuerdo. Por cierto, la escena de la firma, frente a la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que apenas se aguantaba la risa, tuvo algo de exagerada teatralidad.
Aznar, en todo caso, no se privó de aprovechar la ocasión para lanzar una advertencia, tanto a Sánchez como a Feijóo. Al presidente de su partido le dijo que no bajara la guardia, que estuviera "vigilante" para asegurarse de que no le hubieran colado moneda falsa. Es decir, que no perdiera de vista a los socialistas para hacerles cumplir el compromiso de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Cuánta comedia con ello de modificar el papel de los jueces y del Parlamento para escoger a los integrantes de esta institución. Creo que no es solo el PSOE el que no está interesado en tocar la forma en que se compone el pleno del Consejo, sino que el PP, en el fondo, tampoco lo desea.
Ya veremos si los nuevos vocales son capaces de ponerse de acuerdo para hacer una propuesta conjunta, o al menos mayoritaria. Pero dudo mucho que si existe alguna variación el resultado sea que el Parlament pierde competencias en esta materia. El supuesto propósito del PP, que según dicen sus dirigentes es la despolitización de la justicia y del propio Consell, no resiste la comparación con los hechos de los propios líderes de este partido. Los populares, como los socialistas, siempre han propuesto a personas afines para los cargos institucionales. Esta vez tampoco ha sido una excepción.
El cambio en el TC
El jurista que el PP ha propuesto para cubrir la plaza vacante en el Tribunal Constitucional es José María Macías, que dejará ahora el renovado Consejo General del Poder Judicial, donde se ha manifestado siempre abiertamente crítico con el gobierno de Sánchez. Macías reforzará la minoría conservadora del órgano de garantías, que actualmente está compuesta por cuatro magistrados, mientras que la mayoría, de carácter progresista, tiene siete. Hay quien hace ya especulaciones y apuestas con estas cifras, para el día en que el Constitucional tenga que ocuparse de los recursos contra la ley de amnistía. Estos cálculos responden sobre todo a las posibles recusaciones que se presenten contra miembros del tribunal.
Ahora la institución ya está completa, con doce magistrados, con lo que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, recupera el voto de calidad en caso de empate. En cualquier caso, no creo que las eventuales recusaciones, si se presentan, lleguen a prosperar. Habrá que ver si el exministro de Justicia Juan Carlos Campo mantiene su decisión inicial de abstenerse sobre la ley de amnistía. En cuanto a Macías, que participó en un informe del Consejo General del Poder Judicial muy crítico con esta iniciativa legislativa, ha sido bastante prudente estos días en sus declaraciones, una vez publicada su elección.
Me cuesta creer que el tribunal sea partidario de acceder a las recusaciones, sobre todo porque cambió su doctrina en esta materia, para sostener que en el nombramiento de los magistrados influye como un factor más su ideología. Y esto es tan evidente que por esa misma razón el gobierno –y el PP cuando mande– se resistirá a la hora de la verdad a perder competencias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, dado que es esta institución la que designa a los integrantes del Supremo. El poder político debe respetar la independencia de los tribunales, pero nunca quiere desentenderse de su composición.