Cómo el pacto PSOE-Podemos para el TC logró superar los vetos previos del PP

Madrid"El pacto entre el partido Socialista y Unidas Podemos llevaba bastante tiempo cerrado. Fue un acuerdo entre ambos partidos para compensar la retirada de sus candidatos al CGPJ, la magistrada Vicky Rosell y el magistrado José Ricardo de Prada", señala al ARA una fuente judicial que ha seguido paso a paso las negociaciones entre los partidos de la coalición gubernamental y el Partido Popular. El PP ha registrado un comportamiento que podría, contra las apariencias, calificarse como errático, guiado por sus conveniencias.

En noviembre de 2018 el PP selló en secreto el acuerdo con el PSOE para nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ). El secretario general del PP, Teodoro García Egea, explicó al portavoz de dicho partido en el Senado, Ignacio Cosidó, un tan largo como matizado argumentario para persuadir a los senadores de la bondad del pacto entre el ex ministro Rafael Catalán y la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, que había sido reprobada en el Congreso por iniciativa de los populares.

Quién era el blanco de las críticas de los senadores era el magistrado de la sección de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. En el pacto PP-PSOE, De Prada, a iniciativa de Unidas Podemos, sería nombrado vocal del CGPJ. Cosidó explicaba: "Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación. (...) En cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP". 

También la magistrada Vicky Rosell, que había sido objeto de una investigación en la Sala Segunda, cuyo ponente había sido Manuel Marchena, y que resultó archivada, se "cayó" misteriosamenye de la lista de candidatos a vocales después de una reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero en los últinos intentos de pactar la renovación del CGPJ, durante 2021, el PP justificó su negativa por la insistencia de Unidas Pofenos en el nombramiento de De Prada, a diferencia de lo que explicaron García Egea y Cosidó en noviembre de 2018.

Los nombres pactados esta semana fueron intercambiados por el ministro de la Presifencia, Félix Bolaños, y García Egea en una reunión que tuvo lugar el martes por la tarde en el Palacio de la Moncloa. La incorporación de dos candidatos procedentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, además, son miembros de la misma sección, la primera -Ramón Sáez y Concha Espejel- ha facilitado, según fuentes judiciales, el pacto. Aunque la mayoría conservadora de siete sigue en pie, el sector llamado progresista, se refuerza sumando cinco magistrados reales.

Por una parte, Encarna Roca, a la que inicialmente se la adscribía a ese sector, ha terminado su mandato como una de las más consecuentes defensoras de los recursos de Vox. Y el magistrado Fernando Valdés, de dicho grupo progresista, dimitió en octubre de 2020.

 La ley Orgánica del TC, artículo 16.3, restablece que con cada renovación de magistrados el pleno procederá a elegir a su presidente por un plazo de tres años. El presidente se elige entre los magistrados que están en los últimos tres años de su mandato, y si estos deciden renunciar a esa presidencia podría elegirse a un magistrado de los siguientes mandatos. Entre los mandatos que expirararán a mediados de 2022 están los conservadores Pedro González-Trevijano y Santiago Martínez-Vares.

Política de "varapalos"

Fuentes judiciales señalan a ARA que el candidato que cuenta con más posibilidades para ser elegido nuevo presidente es Pedro González-Trevijano hasta julio de 2022. Es él quien ha liderado al sector conservador en lo que ya se conoce como la política de "varapalos" contra el Gobierno en cada pleno del TC. Y González-Trevijano según esas fuentes no tiene intención de renunciar a la presidencia en favor de otros posibles candidatos conservadores cuyo mandatos venderían en 2026, como es el caso de Ricardo Enríquez.

 El último pleno convocado por el presidente saliente, Juan José González Rivas, tendrá lugar el próximos 26 de noviembre. Será también el del último varapalo del actual TC: la declaración como inconstitucional de la prórroga del estado de alarma por la pandemia durante seis meses decretada por el gobierno de Pedro Sánchez y aprobada por el Congreso de los Diputados