“Y todo esto, ¿quién lo paga?” Por qué cuesta tanto hacer políticas climáticas

PolitólogoEn los últimos años, hemos visto cómo estados e instituciones han hecho promesas, más o menos creíbles, sobre la necesidad de responder al cambio climático. Retórica y nivel de concreción aparte, las recetas que se han puesto sobre la mesa se enfrentan al menos a tres grandes retos. Primero, el beneficio de las políticas climáticas es a menudo intangible o se detecta en un período largo de tiempo. Los humanos solemos responder mejor a los acontecimientos más recientes y menospreciamos los futuros, sean buenos o malos.

Segundo, la emergencia y fuerza de la extrema derecha y de los movimientos populistas de todo el mundo ha puesto la cuestión climática en un primer plano mediático. De las movilizaciones ciudadanas contra determinadas políticas, de las zonas de bajas emisiones en el puerta a puerta, son animadas a menudo o parasitadas por movimientos políticos de protesta. Todo ello erosiona acuerdos antes ampliamente aceptados sobre el cambio climático. Por ejemplo, encuestas a nivel comparado situaban a España como uno de los entornos donde el escepticismo climático era más bajo (en Cataluña era casi residual). En las encuestas más recientes hemos visto cómo el porcentaje de personas que atribuyen el cambio climático tanto a procesos naturales como a la actividad humana crecía de un 27% (febrero de 2023) a un 35,7% (mayo de 2025). El escepticismo climático "duro" es todavía minoritario, pero una parte importante de la población comienza a tener dudas sobre el origen del cambio climático.

Por último, las políticas climáticas intentan a menudo impulsar un cambio importante en el comportamiento de las personas. Así, nuevos impuestos, la priorización de políticas ambientales respecto a las más "tradicionales" o la restricción de libertades provocan lo que se conoce como un problema de coordinación. Es decir, se busca la aquiescencia ciudadana o se impone vía sanciones, con el objetivo de que se toleren los costes y disfruten los beneficios (intangibles o colectivos).

Los costes se perciben más que los beneficios

La forma en que costes y beneficios (y la redistribución de éstos) afecta al apoyo a las políticas climáticas era hasta ahora un gran interrogante. Gracias al proyecto ATTClimate, desarrollado en la UPF, la UAB y la UOC, sabemos algo más. Tanto en Cataluña como en el resto del Estado las políticas climáticas que reciben más apoyo son la limitación de los cruceros, la conversión de las calles en zonas peatonales y el cierre de centrales térmicas. Por el contrario, existen dos políticas que no llegan al aprobado: la prohibición de la venta de coches de combustión en el 2035 y un impuesto progresivo sobre los vuelos de avión. Otras políticas, como la expansión de las zonas de bajas emisiones o la prohibición de los vehículos contaminantes los días de polución elevada tienen un apoyo más bien tibio.

Aparte de conocer la priorización de políticas, los datos revelan otra cuestión de interés. A través de diversos experimentos, en los que se ha puesto énfasis en los costes o en los beneficios de cada una de las políticas, un patrón emerge: hacer referencia a los costes de las políticas climáticas reduce de forma importante el apoyo que se le da. Por el contrario, poner énfasis en los beneficios sólo tiene un impacto ligeramente positivo. Por tanto, cuando se debaten nuevas políticas climáticas en el debate público, éstas tienen a menudo las de perder, dado que se percibirá mucho más el coste que su beneficio.

Asimismo, costes y beneficios se perciben de forma diferencial en función de la ideología y la simpatía partidista de las personas. Así, los catalanes cercanos al PP oa Vox o suspenden o aprueban por poco casi todas las políticas climáticas y reaccionan de forma especialmente negativa a las prohibiciones (como la de comprar vehículos). En cambio, las personas de izquierdas tienen una preferencia alta por las políticas climáticas que afectarían sobre todo a los segmentos de población más acomodados, como la limitación de los cruceros. Sin embargo, su electorado también está dividido y la mención a los costes hace que el soporte caiga, a veces de forma importante. En resumen, ni en el electorado de izquierdas las políticas climáticas reciben un apoyo unánime y éste sólo sube cuando se pone énfasis en la idea de que los que son más ricos asumirán un mayor coste.

Cuando Josep Pla vio el inconfundible perfil de los rascacielos de Manhattan, parece que expresó "¿Y todo esto quién lo paga?". Las políticas climáticas se enfrentan a una pregunta similar y, como nos muestran los datos, habría que hacer un añadido: "¿y con qué beneficio y quién asumirá la mayoría de los costes?".

Las amnistías en todo el mundo

Mientras la amnistía relacionada con los hechos de octubre de 2017 todavía no se ha aplicado en su totalidad, es pertinente preguntarnos lo habitual que son las amnistías en todo el mundo. La base de datos 'Herramientas de Evaluación de la Justicia Transicional', publicada recientemente, permite realizar esta panorámica. Desde 1970 se han aprobado un total de 897 amnistías en 137 países distintos. Los países que encabezan la lista son Filipinas (31 amnistías), Sudán (29), Chad y Siria (ambos con 24). El país democrático con más amnistías aprobadas es Corea del Sur, con 12. Aunque buena parte de las amnistías sea en contextos de conflicto o de transición (como la aprobada durante la Transición española), también son habituales en democracias y regímenes más estables. En estos casos, prisioneros políticos o exiliados suelen ser los más beneficiados.