La CUP se pone de perfil con el caso Borràs

La CUP, como ERC, confía que la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, acabe dando un paso al lado cuando le abran juicio oral por presunto fraccionamiento de contratos al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Esto evitaría que las dos formaciones independentistas tengan que acabar decidiendo en votación parlamentaria si tiene que mantener o no su escaño. A pesar de que públicamente no han anunciado todavía cuál será su posicionamiento, los cuperos consideran que, si bien la investigación contra Borràs se ha visto fomentada por su proyección institucional, los hechos por los cuales se la acusa no tienen nada que ver con el Procés y se circunscriben a su vida antes de aterrizar a primera línea política. En este planteamiento no hay fisuras dentro de la CUP.

Pero la formación asamblearia no quiere quedar como la responsable de la caída de Borràs, temerosa del desgaste que le podría comportar por el liderazgo y la popularidad de la presidenta de Junts y sobre todo porque no fueron sus diputados quienes la pusieron al frente de la cámara catalana. "No nos tragaremos este sapo, quien tiene que mover ficha es Junts, y después ERC", admiten fuentes de los anticapitalistas. Lo dejó claro la semana pasada el diputado Xavier Pellicer, que instó a los dos socios de gobierno a "responsabilizarse" de una situación "previsible" con una propuesta concreta. "Nosotros no la votamos", espetó el diputado, remarcando que la causa que asedia a Borràs fue el motivo para no apoyarle como nueva presidenta del Parlamento. La CUP, pues, cree que corresponde a las dos grandes fuerzas independentistas resolver este nuevo conflicto que han generado ellos mismos. "Nuestra posición no ha cambiado. Esperamos una propuesta de ERC y Junts", insisten fuentes del partido.

La continuidad de Borràs en el Parlamento está amenazada por uno de los artículos del reglamento que se introdujo el 2017, promovido precisamente por la CUP para luchar contra la corrupción y que la presidenta intentó modificar sin suerte. “El artículo no se toca, y en caso de que haya delitos de corrupción, hay que aplicarlo”, concluyó Pellicer el año pasado, cuando la presidenta propuso una modificación avalada por los letrados de la cámara. Pero más allá de estas advertencias, los cuperos no han pedido públicamente a Borràs, como sí que ya han hecho los republicanos, y este mismo lunes el mismo presidente Pere Aragonès, que dé un paso al lado.

Este perfil bajo contrasta con la actitud proactiva que mantuvieron en el Congreso ante el suplicatorio para avalar o rechazar que Borràs, entonces diputada independentista, fuera enjuiciada por el Tribunal Supremo por esta misma causa. Entonces, la CUP propuso que dejara el escaño de la cámara para evitar, por un lado, la "persecución política" del alto tribunal y, del otro, garantizar que los cargos electos muestren "ejemplaridad" ante cualquier "indicio de corrupción". "Hay que encontrar una salida digna para el conjunto del independentismo que combine y permita denunciar la persecución política del Estado y que, a la vez, no impida que las presuntas irregularidades sean investigadas", argumentó la CUP. Ahora ha preferido mantenerse en un segundo plano, consciente de que en esta nueva batalla tiene mucho más que perder que a ganar.