Nueve meses de trabas para conseguir la información, con retrasos y dimisiones

BarcelonaDesde hace años la transparencia de los sueldos públicos es un principio aceptado, pero hay determinados cargos que se han escapado de esta regla a pesar de que su salario supere el de los miembros del Govern y el mismo president de la Generalitat. Es el caso de los altos funcionarios de la cámara catalana –de los cuales solo se hace pública una parte del sueldo, sin la parte que corresponde a los trienios (un 5% más cada tres años)– o de los trabajadores en licencia por edad, un régimen especial del personal del Parlament vigente hasta ahora que implica mantener el salario sin ocupar el puesto de trabajo. Para conocer esta información, el ARA hizo una petición de transparencia el 8 de abril de2021 y no ha sido hasta el 14 de enero de 2022, nueve meses después, que se ha obtenido el coste público de estas retribuciones. Un proceso que ha provocado tensiones internas dentro de la administración, dimisiones en el órgano de garantía de transparencia del Parlament y varias resoluciones favorables al diario que no se ejecutaban. Aprovechando esta demora, además, se ha reformado la licencia por edad.

El ARA solicitó el sueldo con trienios del secretario general del Parlament –máximo cargo administrativo de la cámara– y del letrado mayor, además del personal funcionario acogido a la licencia por edad con sus retribuciones y trienios. Fuentes parlamentarias habían indicado que dos ex secretarios generales de la cámara –con el salario que implica– estaban acogidos a esta. En una primera resolución, la dirección de estudios del Parlament rechazó comunicar las retribuciones esgrimiendo que los trienios eran datos personales y no había interés público en este asunto. Por este motivo, este diario interpuso un recurso el 7 de junio ante el órgano de garantía del derecho al acceso a la información pública del Parlament (OGDAIP), que tiene que velar por la transparencia. Hay que tener en cuenta que la cámara decidió crear este ente en lugar de someterse a la comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública (GAIP), el órgano independiente que controla el resto de las administraciones. El OGDAIP resolvió favorablemente al ARA el 3 de agosto dictaminando que se tenían que dar los datos. No fue así: la dirección de estudios parlamentarios entregó el 9 de noviembre el sueldo del secretario general, pero no facilitó las retribuciones de los funcionarios en licencia por edad. Dar a conocer esta información ha generado tensión dentro de la administración, hasta el punto que todos los miembros del OGDAIP (los letrados Antoni Bayona y Anna Casas, además de la jefa de archiveros, Blanca Martínez) han manifestado su voluntad de dejar su cargo. Bayona entró un escrito a registro el 23 de diciembre en el que pedía su sustitución ante la imposibilidad de hacer cumplir las resoluciones de la OGDAIP. Pronto se renovará el órgano.

Intervención de Borràs

El 2 de diciembre se trasladó el caso a la secretaria general, Esther Andreu, a pesar de que no está previsto en el procedimiento. A pesar de que había una resolución firme que daba la razón al diario y múltiples quejas internas, la administración no entregó la información hasta que la situación llegó a la mesa de la presidenta del Parlament. Laura Borràs instó a Andreu a entregar los datos, cosa que finalmente se hizo el 14 de enero. En todo caso, de forma críptica: solo se han facilitado las retribuciones mensuales sin especificar el número de pagas, y los trienios de los ex secretarios generales se han agrupado con los otros trabajadores de categorías inferiores –loa que dificulta saber el coste– amparándose en la protección de datos. La transparencia es todavía una asignatura pendiente.