El Parlamento concedió licencias por edad a dos años vista para garantizar que se siguiera cobrando cinco años sin trabajar
Es una de las cuestiones que está investigando la Oficina Antifrau
BarcelonaLas licencias por edad no solo están bajo lupa de la Oficina de Antifraude por lo que significaban –cobrar sin trabajar durante cinco años antes de la jubilación con sueldos de entre 3.000 y más de 10.000 euros mensuales– sino también por la forma en que se concedieron las últimas prejubilaciones antes de ser reformadas en febrero del 2022 (formalmente se derogaron, pero se creó una nueva figura que sigue permitiendo que los funcionarios de la cámara cobren sin trabajar en los últimos años de su carrera). Según ha constatado el ARA a través de varias peticiones de transparencia, la ex secretaria general de la cámara Esther Andreu intensificó la concesión de estas licencias durante el verano y el otoño del 2021, cuando se estaban negociando los cambios para hacer más restrictiva la norma por orden de la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs. De este modo, los funcionarios que pudieron acogerse a última hora lo hicieron en un régimen más ventajoso. Ese año se concedieron 16 licencias, el doble que el año anterior y más que ningún otro año hasta entonces.
Doce de estos funcionarios empezaron a cobrarlas después de la reforma, pero con las condiciones anteriores a ella. Cinco casos son especialmente significativos, pues se concedieron más de un año antes de empezar a disfrutarlos. Hoy, las once personas que están disfrutando de este régimen –la modalidad ha pasado ahora a ser 100% de teletrabajo y sueldo prácticamente íntegro durante cinco años– cobran de media 6.443 euros mensuales. Son los últimos supervivientes de la modalidad de licencia para que a partir de febrero de 2022 ningún funcionario más pudo acceder a este tipo de prejubilaciones: después de que el ARA hiciera pública la existencia de esta figura y su coste de dos millones de euros anuales, la mesa del Parlamento decidió eliminar completamente la figura del reglamento de personal del Parlamento, por lo que también quedó derogada la reforma de la líder de Junts.
Vamos a palmos. La norma que regulaba las licencias por edad en 2021 establecía que cualquier persona que cumpliera los 60 años, con quince años trabajados en el Parlamento, podía acceder a la posibilidad de cobrar sin trabajar durante cinco años con prácticamente la totalidad del sueldo. La autorización de esta licencia recaía en la secretaría general y podía ir condicionada a un "aplazamiento" de sus efectos si así lo determinaba el departamento afectado. Ahora bien, a través de un procedimiento reglado: se podía aplazar seis meses si se motivaba la decisión y otros seis si se volvía a justificar por necesidades de servicio. Sin embargo, en el caso de 2021 estas licencias se dieron directamente a uno o dos años vista, es decir, en diferido: en cinco casos superaron el año máximo permitido por la normativa. Hay un funcionario al que Esther Andreu autorizó la prejubilación el 29 de julio del 2021 –por tanto, con la normativa más beneficiosa–, pero con efectos casi veinticinco meses más tarde, el 5 de agosto del 2023.
Esta distancia tan grande entre la autorización y los efectos reales de la licencia sólo se produce en el año 2021. El Parlamento ha facilitado datos al ARA desde el año 2008 –cuando se aprobaron las prejubilaciones– y normalmente se concedía y se disfrutaba en un espacio temporal de entre dos días a tres o cuatro meses. De las 51 licencias concedidas antes del año 2008, sólo hay un caso en el 2010, cuando Imma Folchi todavía era secretaria general, que este período sube hasta nueve meses.
Pero no sólo eso: mientras se estaba reformando la norma, se dio el mayor número de licencias de la historia: según los datos facilitados por el propio Parlament, en 2021 se dieron 16, más del doble que en 2020 –7 – y muchas más que en años anteriores: 6 en 2019; 4 en 2018; 4 en 2017; 6 en 2016 y 2015; 2 en 2014; 6 en 2012; 1 en 2011; 4 en 2010, y 2 en 2009 y 2018. Por tanto, hasta un 23% de las licencias concedidas desde 2008 se concentraron en 2021: 16 de un total de 67, con un coste total de más de 14 millones de euros.
La investigación de Antifraude
La Oficina Antifrau está investigando la concesión de estas licencias y debe entregar próximamente sus conclusiones. Así consta en una carta remitida al Parlament, a la que ha tenido acceso el ARA a través de una petición de transparencia en el Parlament, y donde pide una serie de información en la cámara a raíz de recibir una denuncia anónima pero "extensa y detallada" sobre una "serie de presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión de la función pública". Entre estas cosas, señala la concesión "en diferido" de hasta 13 licencias por edad concedidas en 2021.
En este sentido, hay que ver qué conclusiones saca Antifraude de esta práctica y si considera que el Parlamento debe corregir o no estas prejubilaciones por haberse dado sin seguir la normativa. Y es que, aunque formalmente ya no existan las licencias por edad, la autorización de estas últimas en el 2021 todavía tiene efectos en el Parlament: la mesa aprobó que los licenciados pudieran acogerse a la modalidad del 100% de teletrabajo, de modo que estas personas gozan de unas condiciones distintas a la del resto de funcionarios de la cámara –y del resto de las administraciones públicas– gracias a las licencias en diferido. De éstos, sólo uno ha decidido volver a trabajar presencialmente en la cámara, según los datos facilitados a través de transparencia.