Cuando Pedro Sánchez decía que no tenía "ningún sentido" que un político indultara a otro

MadridPedro Sánchez oye día tras día en el Congreso cómo la derecha lo acusa de "mentiroso", de "no tener palabra" e, incluso, de liderar un gobierno "ilegítimo". El motivo es que en las campañas electorales de 2019 receló de hacer una coalición con Unidas Podemos y de gobernar con el apoyo de los independentistas. Ahora, con la concesión del indulto a los presos políticos, afronta un nuevo episodio en el que la hemeroteca le hace una jugarreta. "Nunca más indultos políticos, hay que ponerles fin ya", "Sin injerencia del poder ejecutivo en el judicial y contando siempre con la petición del tribunal sentenciador", "No tiene ningún sentido que un político indulte a otro", "[Sobre el indulto del PSOE al banquero Alfredo Sáenz en 2011] Pido perdón. A mí esto también me cabrea". Así es como el presidente del PP, Pablo Casado, ha empezado la sesión de control este miércoles en el Congreso: leyendo frases literales de Sánchez en el pasado.

Las declaraciones más lejanas son de 2014, en una entrevista con Risto Mejide en Cuatro. El presentador le pregunta "qué sentido tiene que un político indulte a otro" y el entonces recién escogido secretario general del PSOE responde que "absolutament ninguno". Un fragmento que Casado recuperó el fin de semana pasado en Twitter para animar a la ciudadanía a participar en la manifestación de la plaza Colón de Madrid. El ya presidente español volvió a referirse a los indultos en febrero de 2019, después de la primera manifestación de la triple derecha en la icónica plaza madrileña, con los presupuestos tumbados en el Congreso y a las puertas de unas elecciones generales. En una entrevista a TVE, dijo que los indultos solo se pueden dar después de una condena y que "tiene que haber un informe favorable del tribunal que condena". La ley del indulto, sin embargo, no lo requiere: es necesario para otorgar uno total, pero no si es parcial.

De la campaña de los comicios del 10 de noviembre de 2019 hay más comentarios en relación a la judicialización del Procés que también se le atraviesan: prometió tipificar la convocatoria de referéndum ilegal, a pesar de que ahora su gobierno trabaja para una reforma a la baja de la sedición que podría favorecer incluso la situación de los exiliados. Y cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del juicio del Procés, el presidente español apostó por el "cumplimiento íntegro" de las condenas. “No procede en absoluto hablar de indultos. El gobierno no tiene esta voluntad”, decía ese mismo día el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El pasado de Robles en el Supremo

En el gabinete de Sánchez hay ministros de dilatada experiencia como juristas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, formó parte de la sala tercera del Tribunal Supremo y fue ponente de una sentencia que dio la razón al gobierno español por haber denegado un indulto a una persona condenada por delitos contra la seguridad vial. En esta resolución del 2015, Robles se hace eco del precedente del caso del kamikaze, en el que la sala del contencioso administrativo recuerda que para conceder un indulto con los informes en contra de la Fiscalía y el tribunal sentenciador hay que motivar muy bien la decisión para que no atente contra la "coherencia lógica". Este es un antecedente que podría tener influencia en los presos políticos, pero en esa sentencia Robles trataba un indulto denegado y la jurisprudencia no requiere una excesiva argumentación de la negativa.

La ahora ministra recordaba en la sentencia el artículo 12 de la ley del indulto: [En los casos en los que no se conceda el total,] se concederá solo el parcial y, con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual". Y el segundo párrafo dice: "No obstante lo que dispone el párrafo anterior, se podrá conmutar también la pena en otra de diferente escala cuando haya méritos suficientes, a criterio del tribunal sentenciador o del consejo de estado, y el penado además se conforme con la conmutación". Robles subrayaba que el informe del tribunal no aportaba "méritos" para convertir las penas de prisión en multas. Ahora bien, las "escalas graduales" se eliminaron del Código Penal en 1995, de forma que el redactado de este artículo ha quedado en cierto modo desfasado.

Robles ha sido una de las ministras a las que la oposición ha buscado las cosquillas con la cuestión del indulto. Este mismo miércoles el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro quería interpelar a la titular de Defensa en relación a la medida de gracia a los independentistas, pero ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha respondido. En la sesión de control de la semana pasada Robles ya evitó defender el indulto a los presos políticos e, interpelada por el diputado del PP Carlos Rojas, negó "la autoridad moral" al partido conservador para criticar al ejecutivo, teniendo en cuenta que mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Campo quería prohibir los indultos por corrupción

Campo es otro de los miembros del gobierno español con trayectoria sobre los indultos. Hace dos legislaturas llevó al Congreso una propuesta de reforma de la ley del 1870 en la que, entre otras cosas, quería prohibir la medida de gracia para condenados por violencia machista y casos de corrupción. La iniciativa del PSOE se refería a episodios con ánimo de lucro personal o de terceros, de forma que esto podía dejar fuera los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Con todo, en el Código Penal no hay un capítulo referido a la corrupción, tal como advirtió en el debate sobre la toma en consideración de la ley el portavoz de Unidas Podemos Eduardo Santos.

Sea como sea, esa reforma acabó caducando cuando Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril de 2019. Los indultos a los presos políticos serán por las condenas de sedición con un delito en concurrencia de malversación (es el delito menor), pero de cara al futuro es posible que la situación de los exiliados sea otra. Si se reforma el delito de sedición, una hipotética condena a Carles Puigdemont –si el Supremo consigue juzgarlo en España– podría ser con la malversación como delito principal. ¿Indultaría también el gobierno español al ex president de la Generalitat?