Las pistas sobre los presupuestos del debate de política general

Cuando solo se habían cumplido tres minutos del discurso del president en el debate de política general, saltó la primera noticia: el Govern se comprometía a impulsar la gratuidad de las guarderías el próximo curso, empezando por hacer gratis P2. Este compromiso, sin embargo, también tiene su letra pequeña y es que, para cumplirlo, se tendrán que aprobar los presupuestos de la Generalitat del año que viene. El departamento de Economía del conseller Jaume Giró hace tiempo que trabaja en ello, pero el debate parlamentario de esta semana ha dejado tocada la confianza con el socio que tenía para aprobar las cuentas, la CUP. ¿Qué podemos esperar de la negociación que se acerca?

Aprobar presupuestos en Catalunya no ha sido nunca fácil, y hacerlo con la CUP, todavía menos. Los anticapitalistas solo aprobaron los de 2017 y porque había el referéndum. Ahora tampoco parece que el escenario sea propicio, puesto que en el debate de política general –el que tiene que marcar los ejes de la actuación del Govern en los próximos meses– las principales demandas de los anticapitalistas no han sido atendidas. Ni referéndum antes del 2025, ni reforma fiscal, ni rechazo frontal a los Juegos Olímpicos –ERC y Junts votaron a favor del acontecimiento– ni al aeropuerto –con Junts alineándose con el PSC para reclamar seguir negociando con Aena–. Unas cartas que, de salida, alejan a la CUP de una negociación a la que, aun así, por ahora no cierran la puerta. El Govern, que de momento no prevé otros socios, espera seducir a los cuperos con otras cartas.

Más allá de la gratuidad de P2, el debate de política general ha dejado otras pistas de por dónde irán las cuentas. Por ejemplo, que podrá ser un presupuesto expansivo con 3.500 millones de euros extras –provenientes del mecanismo de recuperación y los fondos React– y que el Govern está muy poco predispuesto a hacer grandes cambios en fiscalidad. El jueves el Parlament tumbó todas las resoluciones que pretendían forzar al Govern tanto a una bajada de impuestos generalizada –como querían el PP y Cs–, como tocar al alza el IRPF, sucesiones o patrimonio –la CUP y los comuns–. ERC y JxCat se encargaron de que solo se aprobara una, la suya, que abogaba por desplegar los impuestos verdes de la ley de cambio climático aprobada en 2017. Desde Economía confirman que esta es la idea: solo tributos medioambientales porque consideran que no hay mucho más margen después del último pacto presupuestario de 2020 que sí modificó el IRPF y sucesiones. Finalmente, las cuentas también tendrían que incluir un aumento de recursos para Salud, puesto que el Govern ha asumido el compromiso de inyectar 5.000 millones extras a la sanidad catalana en los cinco años próximos.

Los problemas

El gran obstáculo que hay ahora mismo para que estos números vean la luz es que la confianza entre el Govern y la CUP se ha deteriorado desde el minuto uno de la legislatura y se ha agravado con el debate de política general, culminado con el rechazo de ERC y JxCat a la idea de la CUP de volver a la lógica de la unilateralidad. A pesar del revuelo, fuentes del Govern aseguran que mantienen intacta la intención de aprobar los números con la CUP. El propio president Aragonès lo confirmó desde el hemiciclo: “Queremos que estos presupuestos sean aprobados con la mayoría de la investidura”. Es decir, con los votos anticapitalistas. El president también supo ahí mismo por boca de Carles Riera que no lo tendrá fácil: “Si quiere que podamos negociarlos, tendrá que dar un giro de 180 grados”. En clave de Procés y en clave de políticas sociales.

Los puentes, a pesar de todo, no están totalmente hundidos. El jueves, en el Parlament, los tres partidos independentistas estuvieron negociando una propuesta de resolución conjunta sobre el futuro del Procés que acabó naufragando. En una de las muchas idas y venidas por los pasillos, los diputados de la CUP mostraban su decepción por no haber conseguido un aval al referéndum. A pesar de todo, nadie daba por rota la negociación presupuestaria. “Hoy estamos hablando del debate, el resto ya lo valoraremos; no hemos hablado de ello”, decían desde la CUP.

Finalmente, en la negociación que se acerca, habrá un tercer actor en discordia, el PSC, que se ha ofrecido a hacer de socio si la CUP no lo quiere. En el debate, el líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, no pudo ser más claro: “Si no consigue aprobar los presupuestos con la mayoría de la investidura –dijo a Aragonès–, usted sabe que puede hablar con mi grupo”. La oferta ha sido presentada, pero el Govern no quiere oír a hablar de ello. “El PSC, descartado”, argumenta una voz autorizada de ERC, que asegura que no tendría sentido haber pactado en el acuerdo de investidura unas determinadas políticas con la CUP y ahora negociar los votos con alguien más. ¿Y el otro socio, JxCat? También son tajantes en que el aliado son los cuperos y añaden que ya ha habido conversaciones para empezar a explorar su apoyo. Ahora bien, “la CUP es la CUP”, repiten, teniendo presente el episodio de 2016. Por eso hay quien no acaba de descartar a los socialistas como última carta para salvar las cuentas: “Tenemos que tener presupuesto”.

Desde el PSC confirman que no ha habido ningún interés real por parte del ejecutivo. “No nos han dicho de hablar y nosotros no haremos nada más. Ya les hemos tendido la mano”, explican. Y los comuns, que fueron socio del Govern en 2020, no se ven negociando esta vez. Tuvieron un par de reuniones informales con Giró antes de las vacaciones, pero nada más. “Nos dijeron que en septiembre volveríamos a hablar y no han contactado con nosotros”, explican. Así, a pesar del debate de política general, el Govern mantiene su elección: o la CUP o la CUP.