Josep Lluís Alay y los casos Tsunami, CDR, Volhov... Quiénes son los 486 encausados que la Fiscalía incluye en la amnistía

Los policías nacionales del 1-O piden acogerse por los delitos de lesiones e integridad moral

Madrid / BarcelonaLa Fiscalía General del Estado cifra en 486 las personas que pueden beneficiarse de la ley de amnistía. Desde que se inició la tramitación de la ley, el ministerio público ha recopilado las causas abiertas vinculadas al Proceso y ha identificado 82 que pueden verse afectadas por la ley. Esto no significa necesariamente que la Fiscalía sea partidaria de aplicarla en cada uno de estos casos, sino que son susceptibles de tener un impacto. Entre ellas, destacan la causa del Proceso en el Tribunal Supremo contra los exiliados, las dos de la Audiencia Nacional por terrorismo –Tsunami Democrático y CDR– y dos por malversación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –una contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por el 1-O y una contra el diputado de Junts David Saldoni por presuntamente desviar fondos de la Asociación Catalana de Municipios.

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Otra causa que también trajo cola durante las negociaciones de la ley de amnistía entre Junts y el PSOE es Volhov, sobre las conexiones rusas del Proceso y otras ramificaciones que pilota el polémico juez Joaquín Aguirre. La semana pasada la Audiencia de Barcelona le obligó a cerrar la instrucción antes de haber tomado declaración a Carles Puigdemont y Josep Lluís Alay, lo que puede haberles salvado de ser imputados por el delito de alta traición. El jefe de la oficina del expresidente tiene otra causa abierta que debía ser juzgada en septiembre, por prevaricación y malversación, por asistir como observador al referéndum de Nueva Caledonia en representación de Puigdemont, y es una de las que según la Fiscalía General estaría afectada por la amnistía.

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Fuentes del ministerio público subrayan que en el listado sólo se han incluido causas vivas, es decir, a las que no se haya dictado sentencia. En las que haya condena, aunque no sea firme, no aparecen, como por ejemplo la del exconseller de Interior Miquel Buch, penado con cuatro años y medio de prisión por haber puesto escolta a Puigdemont. Que no esté incluida en este documento no significa que Buch no pueda reclamar la amnistía y que la Fiscalía no la considere aplicable. Aún en Barcelona, ​​sí aparece la que instruye el juzgado número 13 contra una treintena de cargos del sottogobierno por los preparativos del 1-O. Fuera de la capital catalana, se contabilizan otros 17 en la demarcación de Barcelona, ​​19 en la demarcación de Girona, 7 en Lleida y 12 en la de Tarragona.

¿Es aplicable a los policías del 1-O?

También se incluyen las causas contra los policías que actuaron contra los votantes. Precisamente, nueve agentes de la Policía Nacional de los 46 que debían enfrentarse a un juicio por las cargas en escuelas de Barcelona han presentado este miércoles un escrito en los juzgados en el que piden acogerse a la ley de amnistía, según ha podido saber el ARA. Están acusados ​​de delitos de lesiones y contra la integridad moral. Si bien los sindicatos policiales españoles siempre se han mostrado en contra de la amnistía, ahora afirman que no sería "ni justo ni igualitario" que los policías no siguieran el mismo camino.

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El artículo 2 de la ley marca que quedan excluidos de su aplicación los que están encausados ​​o condenados "por actos dolosos con resultado de pérdida o inutilidad de órgano o miembro y los actos constitutivos de torturas o tratos inhumanos". La primera parte es clara, pero con la segunda, según fuentes jurídicas, existen más dudas porque en el caso de las torturas o tratos inhumanos la ley marca que deben "superar un umbral mínimo de gravedad".

Violencia policial en el interior del IES Pau Claris, en el Eixample

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Irídia, que es una de las partes de la causa, ya ha avanzado que precisamente por eso se opondrán a que los agentes sean amnistiados. En el caso de los primeros nueve policías, la solicitud asegura que ellos "en ningún caso" cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos.