El posible reparto de menores migrantes de Ceuta pone en pie de guerra a la derecha
El PP deja en el aire su posición, mientras Junts avisa que volverá a rechazar que Cataluña acoja
MadridEl gobierno español prevé activar todos los mecanismos disponibles para dar una respuesta a los menores migrantes no acompañados que entraron desde Marruecos a Ceuta nadando y que se encuentran en estos momentos en la ciudad autónoma. El ejecutivo de Ceuta calcula que son "un millar": "No les podemos dar una cifra exacta porque el proceso de localización [de los menores] e incorporación al sistema de protección sigue en marcha", ha indicado el portavoz del gobierno local de Ceuta, Alejandro Ramírez, este martes en rueda de prensa. Entre estos mecanismos se incluye el reparto de los niños y adolescentes no acompañados entre las comunidades autónomas, tal como ha apuntado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, y confirman fuentes del ministerio de Infancia pilotado por Sira Rego. Un planteamiento, sin embargo, que ya ha puesto en pie de guerra a la derecha.
"Entre estos mecanismos se encuentra el despliegue completo del artículo 35 de la ley de extranjería, reformada en el año 2025, que prevé, entre otras cosas, la acogida vinculante y solidaria [de menores migrantes] por parte del resto de comunidades autónomas", indican fuentes del ministerio de Sira Rego, que tiene previsto viajar a Ceuta en los próximos días. Desde esta cartera recuerdan que ya antes de la crisis de estos días, Ceuta se encontraba en una situación "de contingencia migratoria extraordinaria". "Apelo a la responsabilidad del conjunto de las comunidades autónomas para dar atención a los menores migrantes", ha dicho Saiz en una atención a los medios de comunicación, justo después de anunciar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta destinada a ampliar los recursos para estos menores.
Los equilibrios del PP
De momento, el PP, que gobierna en prácticamente todas las comunidades autónomas, ya ha dejado en el aire la posibilidad de que sus comunidades apoyen esta acogida, aunque tampoco se ha cerrado en banda. Hay que recordar que el gobierno de Ceuta, bajo la batuta de Juan Jesús Vivas, es del PP y ha sido el mismo Vivas quien ha alertado de que la situación es dramática. "La situación es complicada y los recursos desbordados", ha insistido el portavoz de su gobierno.
A preguntas de la prensa sobre si los territorios donde gobierna el PP acogerán menores, el secretario general del partido, Miguel Tellado, se ha limitado a contestar que "no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional". "Son cuestiones diferentes", ha afirmado, y ha dejado en manos del gobierno español encontrar una solución: "Es lo que se tiene que hacer responsable que [los migrantes] vuelvan por donde han entrado", ha dicho Tellado este martes. También se ha referido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Es extraño que la izquierda no nos pida un pleno extraordinario para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos enviará [Pedro] Sánchez sin consultarnos", ha aseverado Ayuso a través de X."Esto sí que es preocupante. Nos retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Es inhumano", ha sentenciado Ayuso.
Junts rechaza cualquier reparto
Pero el PP no ha sido el único partido que ha salido a cuestionar esta opción. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recordado que su partido ya votó una vez en contra de que Cataluña formara parte del último reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. "Como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año [...] Junts no da ni un voto si no se deja Cataluña fuera", ha afirmado Nogueras a través de X. Nogueras ha afirmado que era un "abuso" por parte del gobierno español, que "no ponía recursos" y que "tensionaba aún más" el sistema de protección catalán.
En abril de 2025 el Congreso convalidó la reforma que convertía en obligatorio el reparto y la reubicación de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas en casos de "contingencia migratoria extraordinaria". Es decir, cuando determinados territorios estén muy tensionados, cosa que pasa a menudo en Ceuta, Melilla o las Canarias. Este 2026 el reglamento que recoge la obligatoriedad se prorrogó un año más, de manera que la medida está en vigor hasta agosto de 2027.
Un año antes de su aprobación votaron en contra el PP, Vox y Junts. El apoyo de los de Carles Puigdemont no llegó hasta después de un acuerdo con el PSOE para delegar a la Generalitat algunas competencias estatales en inmigración, pero también después de que los socialistas aceptaran la condición de Junts: que Catalunya quedara fuera del reparto y, en todo caso, se la compensara con los recursos necesarios –los juntaires denunciaban que el Principat ya estaba al límite–. Después el gobierno de Salvador Illa se ofreció a acogerlos de forma voluntaria. Con todo, el acuerdo entre el gobierno español y los juntaires generó malestar en las otras comunidades autónomas, incluidas las socialistas. Tampoco el País Vasco formó parte de aquel reparto porque, según explicó el ejecutivo central, sus recursos estaban al límite.
Hace pocos meses los populares plantaron a la ministra Sira Rego en la conferencia sectorial en la que se debía discutir de nuevo un reparto.
Colapso asistencial
Mientras Ceuta continúa buscando desaparecidos y se afana en poder identificar a las víctimas mortales hasta ahora encontradas, hecho que hace evidente que se trata de la crisis más trágica en la frontera sur desde que se tiene constancia, uno de los desafíos más urgentes es la acogida de los 862 menores migrantes, según las últimas cifras oficiales de Interior. Todos ellos esperan ser reubicados ante el colapso de los centros asistenciales en Ceuta. De hecho, desde el ministerio de Infancia se ha ordenado al ejecutivo de la ciudad autónoma abrir dos escuelas para poder acoger a estos niños y jóvenes.