Pep Mir: "La principal motivación de la corrupción es el enriquecimiento personal, no la financiación de los partidos"

Tras el plan presentado por el presidente español, Pedro Sánchez, para luchar contra la corrupción, el profesor de derecho administrativo y experto en transparencia Pep Mir atiende al ARA para analizar las medidas, que pasan por la creación de una nueva agencia de integridad pública independiente, auditorías externas a los partidos, mayor protección para los alertadores, profundización en la transparencia y una lista negra de las empresas corruptoras ¿Qué es?

— Hay medidas que están bien, que deben salir adelante, sobre todo las que tienen que ver con la prevención de la corrupción, a través de la formación, y actuar contra los corruptores. Es muy relevante que las empresas condenadas por corrupción no puedan contratar de nuevo con la administración. También insiste en la cuestión de controlar a los grupos de interés, que también es positivo, pero esto no me parece una medida potente de anticorrupción.

¿Por qué?

— Porque la corrupción que estamos acostumbrados a ver, en la prensa y en los juzgados, no es una corrupción de sectores económicos, sino de empresas e individuos concretos. La política de control del lobi y de los grupos de interés sirve para dar transparencia sobre qué intereses presionan a la hora de hacer políticas públicas, sobre quién se ha movido ante una propuesta... Esta función de lobi no es equivalente a la corrupción, sería banalizarla. El lobi es una función legítima que no sólo ejercen intereses económicos sino también grupos sociales. Todo lo que tiene que ver con la licitación de obras públicas, el cohecho, etc. queda al margen.

Entonces, ¿cuál es la clave de la prevención de la corrupción relacionada con la obra pública?

— Es preciso, sobre todo, prevención de riesgos y promover la integridad. Es necesario un cambio cultural. En los sectores de la contratación o las subvenciones, donde existe un riesgo de corrupción, lo que deben ponerse son vigilancias preventivas. Esta agencia independiente para la integridad pública es buena medida en este sentido.

¿Pero qué diferencia puede marcar respecto a los interventores que ya actúan en los ministerios o en los departamentos de la Generalidad, el Tribunal de Cuentas o en Cataluña la Oficina Antifraude? Ahora ya hay controles formales y parece que no acaban de...

— Lo que tiene previsto el plan es que esta nueva agencia independiente se erija en entidad coordinadora de todos los organismos que ejercen el control, como interventores, Tribunal de Cuentas, Consejo de la Transparencia, Fiscalía Anticorrupción... Lo que es importante es que hagan actuaciones preventivas.

¿Qué acciones preventivas pueden adoptarse?

— Formación y sensibilización, así como proteger a los denunciantes, que también está previsto en el plan anticorrupción del gobierno español.

En el caso de los alertadores ahora existe ya una ley estatal y los afectados dicen que no se les está protegiendo.

— Sí, exacto, por eso es importante que se profundice. En todo caso, es un tema difícil: hay que identificar primero las denuncias que tienen base y las que no. Por ejemplo, Antifraude lo primero que hace es estudiar la verosimilitud. Pero una vez que la persona tiene el estatus legal de alertador, igualmente el sistema tiene déficits.

¿Por qué?

— Durante el debate, Yolanda Díaz [líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno de España] dijo que todas estas medidas contarán cuando estén publicadas en el BOE. Pues yo digo que no, porque lo complicado es su aplicación, que va más allá del BOE. El problema de la ley de transparencia, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere al Estado y empresas del sector público, es que son muy reacios a dar información pública. A diferencia de lo que ocurre en Cataluña, hay resoluciones del Consejo de Transparencia estatal que son impugnadas por la Abogacía del Estado. Hay una actitud mucho más reacia que aquí, y esto es lo más importante a combatir. No se hace ni con leyes ni planes, se hace con formación. Obligar a todo el personal de la administración a ser aleccionado, a saber cuáles son los criterios de transparencia, que existan instrucciones favorables... Y en el tema de los alertadores es la misma lógica.

¿Y cree que ahora mismo el problema de la corrupción es la financiación de los partidos? La Comisión Europea hablaba de un "alto riesgo" en ese ámbito.

— Se ha ido avanzando en este ámbito. Aparte de las auditorías que ya prevé el plan anticorrupción, yo mejoraría la transparencia de las formaciones políticas. en ese sentido.

No piensa pues que el problema de la corrupción en España sea la financiación de los partidos.

Tengo la sensación de que ahora mismo los partidos tienen una buena financiación pública, algo que no ocurría hace veinte años. Además, tienen los ingresos de los afiliados, de los cargos que realizan aportaciones, algo que a mí me parece normal a pesar de que hay mucha gente que lo encuentra escandaloso [...]. Creo que la financiación de los partidos no es una urgencia del sistema. Pienso que la principal motivación de la corrupción es el enriquecimiento personal, no la financiación de los partidos. Es el principal riesgo, aunque esto no significa que niegue esta segunda posibilidad, sólo digo que es secundaria. No me imagino que haya personas acusadas altruistas hasta el punto de arriesgarse a ir a prisión sólo por el partido.