¿Por qué el PSC y Comunes no se ponen de acuerdo para prohibir la compra especulativa de vivienda?

BarcelonaPara salvar los presupuestos, el PSC aceptó prohibir por ley la compra especulativa de vivienda que defendían los Comuns. Han pasado cuatro meses y el proyecto sigue encallado, con un informe desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias y sin que los dos socios consigan acordar una solución común para superar los obstáculos. ¿Qué les separa?

De entrada, la propuesta de los Comuns defendía modificar la ley de urbanismo para que los ayuntamientos de zonas de mercado tensionado pudieran prohibir las compras de vivienda que no sean para vivir en ellas. Es decir, el objetivo del grupo que lidera Jéssica Albiach en la cámara catalana era limitar las compras de viviendas y afectaba, sobre todo, a grandes tenedores y empresas. Ahora bien, tras el dictamen emitido por el CGE, los socialistas hicieron una propuesta con cambios para adaptarse a las recomendaciones del organismo. La propuesta implica definir los usos de las viviendas y no limitar su compra. De este modo, y según el texto que enviaron a los Comuns, se plantea que en zonas de mercado tensionado las viviendas sean para "uso exclusivo o prioritario de residencia habitual y permanente" si lo deciden los municipios afectados. Quedaría explicitado, eso sí, "el deber" de destinar los pisos a este uso, pero no se prohibiría a nadie que los comprara.

Este planteamiento no es suficiente para los Comuns, porque no responde al objetivo inicial de la norma de limitar las compras de vivienda. De hecho, recuerdan que eso es ya lo que regula la ley actual y que no ha frenado la especulación en la vivienda. Los socialistas, sin embargo, consideran que el planteamiento del grupo de Jéssica Albiach puede llevar a la "inseguridad jurídica". De momento, los dos grupos han presentado por separado sus enmiendas a la ley –este viernes terminaba el plazo para hacerlo–, pero ninguna de las dos partes da por cerradas las negociaciones. Ahora bien, los Comuns sí se habían marcado este viernes como fecha límite para llegar a un pacto que, por ahora, no ha sido posible.

Ambas partes, sin embargo, pueden negociar hasta que la ley llegue al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva. No se prevé que se vote hasta después de las elecciones españolas, ya que el último pleno que se celebrará antes de los comicios es el de la semana que viene y fuentes parlamentarias descartan llegar a tiempo. "La puerta no está cerrada", decía esta semana la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque. Ahora bien, Albiach recriminaba la semana pasada al ejecutivo que no estaba "dando la batalla" para que esta ley viese la luz. Los Comuns, de hecho, no están dispuestos a rebajar sus exigencias porque consideran que la norma es "necesaria". Y más, cuando se acaban de convocar unas elecciones estatales precisamente ante la emergencia habitacional.

Los de Albiach, de hecho, han hecho de la vivienda su principal bandera esta legislatura. Lo fue en la negociación de presupuestos de este año, en la que pusieron una batería de medidas sobre la mesa para negociar con el Gobierno y que todo ello acabó con un acuerdo que elevaba los recursos destinados a este ámbito hasta los 1.250 millones de euros. Y esta también será su principal reivindicación de cara a las elecciones del 29-N. Ellos fueron quienes más presionaron para sacar adelante los dos decretos de vivienda que el gobierno español aprobó después del desahucio de Maricarmen Abascal. Además, fuentes de los Comuns critican que el PSC siempre arrastra los pies a la hora de regular el sector y subrayan que solo dan pasos adelante en este sentido cuando se ven forzados por el partido de Albiach.