El Gobierno cierra el acuerdo de presupuestos con Comunes

BarcelonaYa hay acuerdo entre el Govern y los comunes para los presupuestos del 2026. Tras una negociación expreso de 10 días, el presidente Salvador Illa y la líder de Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, han firmado el pacto en la galería gótica del Palau de la Generalitat este jueves, una vez quedó desbloqueado el principal escollo la prohibición de la compra especulativa de vivienda, que finalmente el PSC ha aceptado. Ambas partes han acordado una reforma de la ley de urbanismo con el objetivo de que, si suma mayorías suficientes, el veto a la especulación a los grandes tenedores entre en vigor antes del verano.

El pacto de presupuestos, que incluye medidas en materia de vivienda, salud o seguridad, es un paso importante, pero no suficiente para que Isla pueda aprobar las que serían las primeras cuentas de la legislatura –ahora, gobierna con las cuentas prorrogadas de Pere Aragonès del 2023–. El ejecutivo aún tiene que convencer al socio más díscolo, ERC, y debe hacerlo a contrarreloj si quiere tener los presupuestos aprobados a finales de marzo o principios de abril.

En rueda de prensa, la líder de Comunes, Jéssica Albiach, ha mostrado la "satisfacción" de su grupo por los acuerdos alcanzados y ha garantizado que se mantendrán "vigilantes" para asegurar su cumplimiento. No ha dado detalles sobre el calendario ni sobre cómo afronta el Govern la negociación con los republicanos, argumentando que esto les toca explicarlo a los de Salvador Illa. Ningún miembro del Govern ha comparecido para informar sobre el acuerdo. Ahora bien, fuentes del ejecutivo destacaron que el pacto "pone el acento en las políticas valientes de vivienda y la mejora de los servicios públicos esenciales del estado del bienestar". "Se trata de un primer paso para lograr el objetivo de poder aprobar las nuevas cuentas, tan necesarias para que Catalunya avance hacia cuotas más altas de bienestar y hacia un modelo económico y social de prosperidad más compartida", han añadido.

Vivienda y trenes

La vivienda y los trenes son las dos carpetas estrella que los comunes se fijaron para esa negociación. El acuerdo eleva a los 1.250 millones los recursos propios que la Generalitat destina a políticas de vivienda. Unos 300 millones se dedicarán a compra, para seguir ampliando el parque público, mientras que otros 300 financiarán ayudas al alquiler (son 100 millones más que hasta ahora). De hecho, los comunes ya avanzaban este miércoles el pacto por extender estas ayudas a las unidades familiares que ingresan unos 36.000 euros anuales y elevar hasta los 855 euros el límite de alquiler para acceder a la prestación (en el caso de Barcelona hasta los 1.135 euros). Se destinarán 150 millones a rehabilitación y otros 600 a través del Instituto Catalán de Finanzas, con el objetivo de llegar a los 150.000 pisos rehabilitados esta legislatura. En el flanco de las sanciones, se ha pactado un refuerzo de 100 inspectores adicionales de la Generalitat, lo que elevará hasta los 200 los agentes que fiscalizan el cumplimiento de la normativa sobre topes, anuncios o uso de acuerdo a la ley del alquiler de temporada.

Más allá, y en materia de movilidad, la crisis de Cercanías ha espoleado a los comunes a poner sobre la mesa medidas urgentes para mejorar el servicio de trenes. Una de las novedades es la incorporación de la figura de las encomiendas de gestión a la Generalitat para que las obras de la infraestructura ferroviaria se puedan realizar desde Catalunya –por ejemplo, a través del nuevo consorcio de inversiones que negocia ERC–. Sin embargo, ésta es una cuestión que el Gobierno debe negociar con el Estado. Además, se reforzará la red de autobuses con 21 millones. El acuerdo también recoge el compromiso del Gobierno de mantener las bonificaciones en la T-Usual y la T-Joven al 50% hasta el final de la legislatura, como ya se había hecho público hace unas semanas –actualmente la Generalitat paga un 30% del descuento, y el Estado el 20% restante–.

Interior e impuestos

Los comunes han aprovechado las conversaciones para tratar de atar más en corto al departamento de Interior en cuanto al uso del gas pimienta, algo por lo que alzaron la voz cuando los Mossos d'Esquadra lo utilizaron contra manifestantes durante la huelga en defensa de Palestina. Ahora, el ejecutivo se compromete a seguir las recomendaciones de Naciones Unidas y adoptar protocolos para que no se utilicen en casos de "resistencia pasiva", así como a garantizar la geolocalización y grabación con audio y vídeo de las actuaciones con balas de foam.

En educación, se crean 100.000 nuevas becas comedor para llegar a una cobertura del 30% de los alumnos catalanes y un plan para climatizar centros escolares, mientras que en derechos sociales se acuerda un plan contra el sinhogarismo con un mínimo de 30 millones para el 2026. Por otro lado, no se ha acordado analizar propuestas "de reforma en el ámbito de la fiscalidad patrimonial para evitar mecanismos de evasión y elusión fiscal y garantizar la distribución de la riqueza". También se reforzará la lucha contra el fraude fiscal.

El 112 y las bajas

El acuerdo incluye compromisos recurrentes en los entendimientos presupuestarios de los últimos años, como la internalización del 112, el compromiso de alcanzar un 2% del presupuesto en cultura o la reducción de las listas de espera en salud. En este último ámbito, el documento recoge la creación de dos vales para jóvenes de 25 euros para productos menstruales y preservativos, dos medidas que asumirá el departamento de Salud y no Igualdad y Feminismos, a diferencia de lo que se hizo con la campaña de productos de higiene femenina reutilizables que puso en marcha la exconsejera Tània Verge.

El epígrafe sobre pactos en materia de Salud también recoge un compromiso a raíz de la polémica por el plan de incentivos a los CAP para acortar bajas laborales, que según los comunes debería permitir parar los pies a lo que inicialmente había planteado la consellera, Olga Pané. "El Departamento de Salud garantizará que ningún médico o médico ni ningún equipo directivo de los centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o la cuantía de las IT, prevaleciendo siempre que la prescripción y el seguimiento de éstas atienda a criterios profesionales". Ahora bien, lo que planteaba la propuesta de Salut no era que se rebajara el presupuesto base de estos equipos asistenciales, sino dar incentivos (por tanto, fondos adicionales) a los centros que consiguieran la reducción.