Judicialización del Procés

El PSOE se alinea con el PP y Vox en la mesa del Congreso y tumba la ley de amnistía

Los letrados proponían no admitir la iniciativa porque la equiparan a un indulto general, que la Constitución prohíbe

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Representantes de partidos independentistas, Òmnium Cultural y la plataforma Amnistia y Libertad, a las puertas del Congreso

MadridPunto y final al recorrido de la ley de amnistía en el Congreso de Diputados, después de que el PSOE se haya alineado con el PP y Vox para tumbarla en la mesa. Unidas Podemos se ha quedado solo votando a favor de admitir a trámite la proposición que presentaron la semana pasada las formaciones independentistas catalanas y que contaba con el informe contrario de los letrados. "Al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme entraría en contradicción palmaria y evidente con lo que dispone el artículo 62, apartado i) de la Constitución, de acuerdo con el que no se pueden autorizar indultos generales", sostenían los servicios jurídicos.

La posición del PP y Vox se podía dar por hecha, mientras que el PSOE no había querido aclarar si como mínimo dejaría que se debatiera la ley en el pleno. Una vez conocida la opinión de los letrados, sin embargo, las posibilidades de que la ley saliera adelante eran altamente remotas porque los socialistas difícilmente desafiarían el criterio de los letrados respecto de una iniciativa a la que se oponen frontalmente. "No tiene cabida en la Constitución", afirmó la semana pasada la portavoz socialista en la cámara baja, Adriana Lastra, que no llegó a concretar cuál sería la posición de los tres diputados del PSOE en la mesa. Sí había dejado claro que en una hipotética votación sobre su contenido, lo haría en contra.

Críticas de los socios de investidura

El PSOE ha vuelto a situarse junto a las formaciones políticas con las que mantiene una rivalidad más fuerte en el Congreso, mientras que los partidos que han contribuido a la gobernabilidad han criticado de nuevo su posición, tal como pasa cuando rechaza iniciativas para investigar a la monarquía española. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "sorpresa" por la decisión de la mesa y se ha hecho eco de las opiniones de varios catedráticos que ven viable una ley de amnistía.

El independentismo era consciente de que el trámite de la mesa era un primer obstáculo importante. La ley dedica una buena parte de la exposición de motivos a justificar la legalidad de la norma aunque explícitamente la ley de amnistía no esté prevista en la Carta Magna. Precisamente por eso, porque no está prohibida, los impulsores creen que esta manera de hacer tabula rasa a todas aquellas causas judiciales vinculadas al Procés desde el 1 de enero del 2013 tendría que estar permitida.

"El silencio constitucional sobre la amnistía, combinado con la prohibición expresa de los indultos generales, ha llevado a algunos sectores de la doctrina penal a argumentar que la Constitución excluye la amnistía de nuestro sistema jurídico, con el argumento de que si el texto constitucional prohíbe expresamente el indulto general se tiene que entender que cuanta más profundización, más prohibición. Esta interpretación de signo prohibicionista ha sido contravenida por numerosos pronunciamientos de doctrina penal y constitucional, que han defendido la admisibilidad de la amnistía en el marco de la Constitución del 1978", sostiene la ley de ERC, JxCat, el PDECat y la CUP. 

En este sentido, ponen de ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la ley de amnistía del 1976 –previa a la Constitución del 78– que avalaría la orientación doctrinal permisiva. "No cuestiona en términos constitucionales la actuación del legislador en la aprobación de la amnistía, afirmando que la posibilidad de concebirla como una vía retroactiva de derogación de normas y efectos vinculados", añaden los partidos independentistas en la exposición de motivos de la proposición de ley. Además, destacan que una amnistía no es lo mismo que un indulto general y que hay precedentes de haberse aprobado amnistías sin amparo constitucional expreso, como la del 1976 y la del 1936 en España.

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