Puigdemont recurre al TC para ser amnistiado: "El Supremo ha vaciado la ley de contenido"

BarcelonaMás de un año después de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y de la negativa, reiterada, del Tribunal Supremo a aplicarle la ley, finalmente el expresidente Carles Puigdemont ha podido presentar su recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. La resolución será clave para determinar si puede o no volver a Catalunya, ya que sólo la respuesta del Constitucional puede alterar la decisión que hasta ahora ha mantenido el Supremo en contra de su amnistía. Se prevé una resolución en otoño.

Ahora bien, para intentar acelerar los efectos de la amnistía, Puigdemont pide que antes de la respuesta de fondos se le concedan medidas cautelares y se suspenda la orden de detención del Estado para que pueda volver. Argumenta que en ningún caso anticiparía la respuesta final del Constitucional, sino al contrario: se evitaría una vulneración más grave porque, en caso de que decidiera pisar España, acabaría en prisión pese a no haber sido juzgado todavía, según argumenta el recurso al que ha tenido acceso el ARA.

Más allá de las medidas cautelares, los argumentos de Puigdemont pasan por alegar que, por un lado, el Supremo no es competente para decidir sobre él porque los hechos del 1-O sucedieron en Catalunya y, por otro, que se han vulnerado su tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal al decidir que le decidió. "El Supremo ha vaciado la ley de contenido", asegura el letrado Gonzalo Boye en el recurso de amparo, ya que rechazando la aplicación de la amnistía por el delito de malversación ha utilizado la excepción que la norma prevé para evitar el olvido penal de conductas ilícitas de lucro personal, en una generalización para evitarlo. "Ha convertido la excepción en regla", dice Boye, lo que es "arbitrario" e "inconstitucional".

"La inaplicación selectiva de la ley de amnistía por parte de ciertos tribunales, sin control constitucional ni prejudicial, genera una disfunción del sistema de garantías democráticas al instaurar un doble estándar de legalidad incompatible con el principio de igualdad ante la ley. La amnistía ha sido declarada conforme a la Constitución, su preservación jurisdiccionales", dice el texto. Y recuerda que, con esa determinación, el Supremo está vulnerando el derecho a la libertad de circulación de Puigdemont (se mantiene el orden de detención en territorio español), el derecho a la participación política y el derecho a la igualdad.

Para Puigdemont, su caso es de "trascendencia constitucional" al afectar a dos cuestiones que considera fundamentales para la efectiva vigencia de derechos en el proceso penal: por un lado, se dirime si es "constitucionalmente admisible que un órgano judicial sin competencia funcional y objetiva", en alusión al decisiones de la aplicación sobre la Supremo, la amnistía"; por otra, también se discute, según dice el expresidente en su recurso, "si una interpretación extensiva, voluntarista y sin enclave legal de una excepción a la amnistía puede legitimar la restricción de derechos fundamentales como la libertad personal, incluyendo la libertad de circulación en todo el territorio de la Unión Europea, la igualdad y la participación política". "Ambas cosas son de extraordinaria relevancia porque inciden en la estructura de garantías del estado de derecho", resuelve el texto.

El argumento de la competencia

De esta forma, el expresidente y su abogado, Gonzalo Boye, profundizan en la línea de defensa que han mantenido desde el principio. Más allá de denunciar un posible abuso de poder del Supremo por negarse a aplicarle la amnistía, alegando el derecho a la tutela judicial efectiva ya la legalidad penal, inciden ante todo en que el alto tribunal no tiene la potestad de tomar la decisión. De hecho, es el mismo argumento que los expresos políticos también han planteado al TC y al mismo tiempo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando presentaron un recurso contra la sentencia del 1-O que condenaba a los líderes independentistas a hasta 13 años de cárcel. Con esta estrategia buscan sacar al Supremo de la ecuación, ya que si el Constitucional les diera la razón y dictaminara que el alto tribunal no es competente para decidir sobre la amnistía de Puigdemont, su caso saltaría probablemente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ya ha amnistiado casos por malversación. Y es que uno de los riesgos del expresidente es que si el Supremo sigue siendo determinante, podría intentar driblar incluso una estimación favorable del recurso del TC llevando su respuesta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como ha hecho la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE.

"La negativa del Supremo a reconocer la pérdida de aforo ya declinar su competencia a favor del tribunal competente configura una doble vulneración: no sólo mantiene un órgano judicial incompetente, sino que impide al afectado acceder al juez establecido por ley. Esta práctica supone una forma de resistencia judicial a la aplicación de una ley democrática eluden su cumplimiento", argumenta el recurso de amparo.

La importancia de la respuesta del TC

La respuesta que dará el Constitucional será clave para el futuro de Puigdemont. En función de lo que diga también dará más o menos margen al Supremo para actuar. Hay que tener presente que, tras la resolución del TC, la pelota siempre devolverá al alto tribunal, que será el encargado de interpretar la sentencia constitucional y aplicarla en el sentido que diga. Cuanto más contundente y claro sea en su respuesta, menos capacidad de maniobra tendrá el Supremo.

El mismo recurso de amparo de Puigdemont traslada al TC la importancia de la resolución. "El carácter estructural de todas estas vulneraciones exige una respuesta clara del Tribunal Constitucional, especialmente en un contexto en el que todavía no existe doctrina sobre los límites interpretativos de las excepciones penales ni sobre el deber de aplicación por parte del órgano competente. Se trata de un caso que plantea un problema de distintos derechos sobre el que no existe doctrina constitucional", advierte. Y es que hasta ahora el TC ha avalado la constitucionalidad de la ley, pero no ha entrado a valorar su aplicación en cada caso. Lo que decida sobre Puigdemont también tendrá efectos sobre los demás exiliados y el resto de encausados por malversación (como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó), ya que acotará si, como dice el Supremo, el 1-O representó un lucro para ellos y se les puede excluir de la amnistía.