La reforma del Parlament blinda que los funcionarios cobren sin trabajar los tres años anteriores a jubilarse

BarcelonaLa licencia por edad es un régimen especial para los trabajadores del Parlament que permite cobrar sin trabajar, y gracias a la cual dos ex secretarios generales de la cámara perciben más de 10.000 euros al mes sin pisar el hemiciclo, tal como ha destapado este lunes el ARA. Los dos exletrados y diecinueve funcionarios más están acogidos a este régimen, y supone un coste anual de 1,7 millones de euros. Este privilegio, introducido en 2008, se reformó en la última mesa del Parlament del 2021 después de que en el mes de abril este diario hiciera una petición de transparencia sobre el dinero público que se destinaba a pagar estas retribuciones. Ahora bien, esta reforma no pone fin a la licencia por edad, sino que reduce de cinco a tres los años durantes los cuales los trabajadores de la cámara la pueden disfrutar.

Este lunes la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una entrevista a Els matins de Tv3, ha defendido los cambios hechos durante su mandato, avalados por unanimidad por los partidos de la mesa: ERC, JxCat, el PSC y la CUP. Ha remarcado que hasta ahora ningún otro presidente había tocado este régimen desde que se estableció en 2008 y que su intención es trabajar por la "transparencia" y "la austeridad". Ahora bien, también ha admitido que no lo ha eliminado del todo y que ha habido una negociación compleja con el consejo de personal de la cámara.

Con la reforma del 2021 aprobada por la mesa (sin que ningún grupo expresara ninguna queja pública) se mantiene, pues, la posibilidad de cobrar sin trabajar. La licencia por edad (ahora se dice licencia por edad progresiva) continúa teniendo una duración máxima de cinco años, a pesar de que durante los dos primeros los funcionarios tendrán que destinar una serie de horas a justificar su sueldo. El primer año a partir de los 60 se pueden reducir un tercio de jornada y cobrar el 90% del sueldo, y el segundo año la jornada quedaría reducida a la mitad, manteniendo el 90% del sueldo. Aun así, a partir del tercer año se pueden coger la licencia de edad progresiva a "tiempo completo". Es decir: la persona "deja de prestar servicios a la administración" y, "en consecuencia, no ocupa ningún puesto de trabajo". Durante los tres últimos años de esta licencia progresiva, pues, se cobra sin trabajar: para cobrar prácticamente el 100% del sueldo (el 100% de las retribuciones básicas y el 70% de los complementos específicos) harán falta 29 años trabajados en el Parlament –hasta ahora eran 25–, pero cualquier funcionario con más de quince años de experiencia la podrá pedir.

Fuentes de la presidencia del Parlament destacan que "se han endurecido las condiciones para acceder a las licencias" y "se han limitado en el tiempo". Sin embargo, no descartan profundizar en los cambios en caso de que lo consideren necesario.

Ahora también se necesitarán algunos años más en la administración para cobrar lo mismo que antes: si hasta ahora quien hubiera trabajado quince años percibía el 70% de la retribución básica durante cinco años, ahora el porcentaje será del 65% durante tres años. La reforma del 2021 también reduce el premio de jubilación –equivalente al sueldo de todo un año– cuando se llega a los 65 años, en función del tiempo que se haya disfrutado de la licencia de edad a tiempo completo.

La reforma, en todo caso, incluye una moratoria para que no afecte a las personas que ya están incluidas (las 21 actuales) y las que lo solicitaron durante el 2021. También establece un régimen transitorio para las que lo reclamen en 2022 y en 2023.

La otra reforma impulsada durante este mandato y que se aprobó en la comisión de asuntos institucionales del Parlament en octubre –por lo tanto, con conocimiento de todos los grupos– es la de la manera en la que se contabilizan los trienios. No se toca el aumento del 5% cada tres años –que es lo que explica que el ex secretario general Xavier Muro cobrara en concepto de trienios 100.325 euros de los 254.671 euros que percibe anualmente–, sino que se deja de contabilizar la experiencia en otras administraciones como si estuvieran en el Parlament.

Por ejemplo, si hasta ahora un funcionario llevaba tres años en la cámara catalana y previamente había estado tres años en la Generalitat o en alguna otra administración, a la hora de contabilizar los trienios se le contabilizaba como si hubiera estado seis años trabajando en la administración parlamentaria, que es más generosa a la hora de contar este complemento. Con el cambio introducido en el mes de octubre, percibiría un trienio del Parlament (es decir, un aumento del 5% del sueldo) más un trienio según el convenio de la administración previa.

Benach justifica la reforma

La información se ha destapado ahora a raíz de una petición de transparencia del ARA, pero la licencia por edad hace catorce años que está vigente. Se creó en 2008, bajo la presidencia de Ernest Benach, que este lunes también ha intervenido a Els matins de Tv3. El expresidente del Parlament lo ha justificado diciendo que "en el momento en que se tomó la decisión, el contexto político, económico y social era diferente del de ahora". Benach se refería a una situación previa a la crisis económica en la cual, a su parecer, se podía entender que los funcionarios del Parlament pudieran seguir cobrando durante sus últimos cinco años de vida laboral aunque no trabajaran. Además, entonces la decisión se tomó "por unanimidad" de los miembros de la mesa, es decir, de todos los partidos de la cámara (ERC, PSC, ICV-EUiA, CiU y PP) con la excepción de Cs, que no estaba representado pero que "tampoco puso ningún inconveniente".

La negociación con los funcionarios no la llevó directamente él sino "un vicepresidente y un secretario" de la mesa, y los motivos para incluir la licencia por edad que dieron los trabajadores fueron que ayudaría a valorar el trabajo de los funcionarios del Parlament. Benach también ha recordado que durante su presidencia se hicieron adelantos en transparencia que después se acabaron regulando, y ha lamentado que el diario ARA haya tenido problemas para acceder a la información.

Contactada por el ARA, la sucesora de Benach en la presidencia de la cámara, Núria de Gispert, recuerda que cuando supo que los funcionarios podían prejubilarse a expensas del Parlament no le dio importancia. "No sabía que las cifras eran tan altas. Ni se habló ni se le dio importancia. No debatimos nada sino que lo asumimos como una ley hecha", explica. Los que han preferido no hacer ninguna declaración han sido Carme Forcadell y Roger Torrent, los dos últimos presidentes del Parlament antes de la llegada de Laura Borràs. Este último se ha limitado a decir que confía que la mesa actual tomará las decisiones adecuadas. Sí que se ha pronunciado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, que ha pedido hacer una "revisión a fondo" del sistema tanto de las licencias por edad como de los criterios de transparencia de la cámara.

La oposición pide explicaciones

Diferentes partidos de la oposición han pedido explicaciones a Borràs sobre las licencias por edad. El PSC se ha mostrado partidario de revisar el actual sistema y, tal como ha explicado su portavoz, Èlia Tortolero, considera que los funcionarios tienen que poder cobrar de manera "justa" pero sin "privilegios". Y estas son las dos premisas que, según fuentes socialistas, defenderán en la mesa del Parlament. A pesar de que los de Salvador Illa tenían una de las vicepresidencias de la cámara (cargo que ocupaba Higini Clotas) cuando se aprobó este régimen especial para los trabajadores de la institución, Tortolero se ha escudado en el hecho que hace doce años que no "mandan en la mesa". Fuentes del partido, en cambio, admiten la responsabilidad en la aprobación de la licencia por edad, pero argumentan que en 2008 eran "otros tiempos".

Tanto los comunes como el PP se han sumado a la petición de explicaciones. Primero ha sido la diputada del partido lila en el Congreso, Aina Vidal, que ha instado a la presidenta de la cámara a poner fin a estos pagos. "Es una situación escandalosa", ha afirmado. El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, también ha tildado "de escándalo" la noticia y ha anunciado que exigirán documentación que acredite que se ha corregido "la anomalía".