¿Qué representa el criterio de ordinalidad en la financiación autonómica?

BarcelonaLos gobiernos español y catalán discrepan en un punto clave del nuevo sistema de financiación, el criterio de ordinalidad, que estaba incluido en el acuerdo ERC-PSC para investir a Salvador Illa y que recibió en su día el aval del PSC. Ahora el gobierno español se desentiende y afirma que no lo asume, porque es algo que debería discutirse entre todas las comunidades autónomas. ¿Pero qué es exactamente y qué significaría la aplicación del criterio de ordinalidad?

Sobre el papel, se trata de un principio muy sencillo que marca que si un territorio es el que más aporta fiscalmente per cápita también debe ser el que más reciba. Y si es el segundo, el segundo; si es el tercero, el tercero, y así sucesivamente. Este criterio ahora mismo no se cumple, resultando que el reparto final de recursos es especialmente perjudicial para cuatro territorios: la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Así, según los datos del año 2022, la Comunidad de Madrid es la que más recaba (4.328 euros por habitante), pero cuando se trata de recibir es la undécima (3.233). Las Islas Baleares son el segundo territorio en cuanto a esfuerzo fiscal (3.677), pero el noveno a la hora de recibir (3.312). Y Catalunya es la tercera en aportación (3.565), pero desciende hasta la décima posición tras la aplicación de la nivelación (3.264). El caso de la Comunidad Valenciana es significativo porque no se trata de una comunidad rica, ya que es la octava en esfuerzo fiscal, pero tras la aplicación del sistema cae en el pozo de la clasificación, en la decimoquinta posición.

Por el contrario, existen comunidades que salen especialmente beneficiadas con el sistema actual. El caso más espectacular es el de Extremadura, que es la número 14 en capacidad fiscal (2.177) y escala hasta la tercera posición en recursos per cápita (4.018). O sea, que así como Baleares y Catalunya bajan nueve posiciones, Extremadura sube once. Es el caso contrario de Catalunya, puesto que obtiene casi el doble de recursos de los que puede recaudar y acaba disponiendo de 750 euros más por habitante que la Generalitat. La distorsión del sistema es tal que una comunidad rica como Cantabria, que es la quinta en capacidad fiscal (3.175), acaba siendo después la primera en recursos, con 4.215 euros por habitante, casi mil más que Catalunya.

¿Qué pasaría si se aplicara el criterio de ordinalidad? Pues que las comunidades ricas seguirían aportando recursos a las pobres, pero con una limitación, y es que estas autonomías más empobrecidas nunca podrían tener más recursos per cápita. Ahora bien, este criterio debe hacerse compatible con otro, y es que ninguna comunidad autónoma puede tener menos recursos que antes con el nuevo sistema. Y ahí radica la dificultad, ya que, por ejemplo, Extremadura, que ahora obtiene 4.000 euros por habitante, debería mantener esa cifra y quedarse en la decimocuarta posición. Esto significa que todas las que hay por encima deberían obtener muchos más recursos. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, debería recibir un mínimo de 1.000 euros más per cápita, es decir, aumentar en un 25% sus recursos actuales. Para cuadrar los números el Estado debería poner entre 20.000 y 25.000 millones extras sobre la mesa, de los que casi la mitad serían sólo para Madrid y Catalunya. Se trata de una cifra tal que obligaría al Estado a adelgazar considerablemente, y de ahí su resistencia al concepto de ordinalidad.