Salvador Illa topa con la misma piedra que Pere Aragonès

BarcelonaUnos presupuestos fallidos marcaron el punto final del gobierno de Pere Aragonès hace exactamente dos años. Ahora es Salvador Illa quien se enfrenta a una sonora derrota en el Parlament y se ha abierto la veda a las especulaciones sobre si el conflicto también acabará en las urnas: excepto Comuns, el resto de los grupos parlamentarios, incluido ERC, han presentado enmiendas a la totalidad contra las cuentas. Desde el Palau de la Generalitat evitan ponerse en este escenario y repiten que tener presupuestos es el "plan A, el B y el C". Las negociaciones continúan encalladas y ahora los republicanos incluso hablan del mes de junio para desbloquearlas –siempre que el Govern y la Moncloa se comprometan con la cesión del IRPF. Este sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a presionar a ERC para que se avenga a aprobar los presupuestos ante el contexto de guerra en Oriente Próximo y sus posibles consecuencias económicas. En una intervención ante el Consell de Diàleg Social de Catalunya –donde hay representados sindicatos y patronal–, Illa ha pedido a los republicanos estar a "la altura del momento extraordinario que vive el mundo": "Son el mejor escudo social". "La estabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos", ha sentenciado.

Solo Aragonès y Carles Puigdemont –con Oriol Junqueras de conseller de Economía– han llevado a votación unas cuentas sin tener los apoyos garantizados. En ambos casos, los proyectos fueron rechazados por el Parlament. En el caso del 2017, el fracaso desembocó en una cuestión de confianza, en la que Puigdemont recibió el aval de la CUP, y en el posterior referéndum del 1-O.

Aragonès, en cambio, decidió poner punto final a la legislatura después del no de Comuns, con la amenaza de la sequía que entonces castigaba al país como telón de fondo. El partido de Jéssica Albiach condicionó su apoyo a frenar el macrocasino del Hard Rock, una petición que era directamente incompatible con lo que ERC había pactado con el PSC: sacarlo adelante.

Ahora nadie se acuerda del Hard Rock ni de la B-40 y son los republicanos quienes mantienen el pulso con el PSC y le exigen que comprometa al PSOE a garantizar que impulsará las modificaciones legislativas necesarias para que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) pueda recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF. Es una exigencia que deriva del acuerdo de investidura del PSC con ERC, y eso marca una primera diferencia con la negociación que, con los mismos actores, se produjo en 2024. Tanto en aquel proyecto de presupuestos como en el anterior, el gobierno de Pere Aragonès fue a buscar dos fuerzas políticas, PSC y Comuns, que no habían participado de su investidura, que llegó gracias a Junts y la CUP.

Los presupuestos de los macroproyectos

Aragonès aceptó la mano tendida de los de Salvador Illa después de verse abocado a gobernar en solitario por la espantada de los juntaires. En 2023, el entonces president claudicó ante tres peticiones que ideológicamente no compartía: impulsar el Hard Rock, estudiar la ampliación del aeropuerto de Barcelona y completar la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès. Un año después, los socialistas hicieron repaso de qué se había cumplido y qué no y, al ver que no había avances con el macrocasino, forzaron a Aragonès a comprometerse a aprobar su plan director para garantizarle los votos a las cuentas del 2024.

Los republicanos todavía recuerdan el malestar que generó tener que tragarse estos sapos para obtener el síde los socialistas: fue Illa quien trazó en primera persona las prioridades para aquella negociación junto a la actual consellera de Economía, Alícia Romero. La decisión de claudicar no solo tensionó el Govern –poco después, salió el conseller de Territori, Juli Fernàndez–, sino también las federaciones de los territorios, especialmente en el Vallès.

¿Los republicanos están ahora pagando con Illa la misma moneda? "Una cosa es condicionar una negociación a poder gestionar el IRPF, y una bien diferente es condicionar unos presupuestos a un casino, a una autopista o a un aeropuerto que no son competencia de la Generalitat. Ustedes nos quisieron infligir costes políticos a cambio de su voto, y lo saben", le espetó el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. En teoría, el gobierno de Illa también defiende la cesión del IRPF y en Madrid ha defendido, de momento sin éxito, mover al PSOE, que se resiste a la delegación de más competencias de gestión tributaria a las autonomías.

El papel de Comuns

ERC y PSC han cambiado de papeles y también lo ha hecho Comuns, los responsables de tumbar las cuentas de Aragonès, que ahora hacen piña con el Govern y piden "responsabilidad" a los republicanos. Una llamada que ha indignado a varios cuadros de ERC que, a través de las redes sociales, no se han mordido la lengua. "Qué barra", dijo esta semana el vicesecretario general de ERC, Joan Plana.

Ya después de las elecciones del 2024, en las que perdieron dos diputados –uno de ellos, en Tarragona–, el grupo de Jéssica Albiach hizo autocrítica sobre la posición que mantuvieron durante la negociación de presupuestos de aquel año, por la que recibieron un toque de atención de los sindicatos. Además, unos meses después llegó el acuerdo sobre el Hard Rock, cuando el PSC decidió flexibilizar su posición para garantizar la investidura de Illa. Un entendimiento a tres bandas entre Esquerra, el PSC y Comuns, que pactaron cambiar la ley para eliminar el privilegio fiscal del Hard Rock: los casinos volverían a tributar sus beneficios al 55% y se eliminaría la rebaja fiscal prevista para cuando el complejo turístico de Vila-seca y Salou abriera sus puertas. Salió adelante con el apoyo de la CUP y, según republicanos y Comuns, debería servir para hacer inviable económicamente el proyecto y frenarlo de facto.