Sàmper no podrá entrar en la dirección de Junts si no deja su cargo público
Como miembro de la Comisión Jurídica Asesora no puede ser parte de la dirección de ningún partido
BarcelonaLaura Borràs y Jordi Turull impulsarán este sábado su candidatura para liderar Junts desde Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) con un acto para presentar públicamente la futura dirección del partido, si así lo ratifica el congreso del 4 de junio en Argelers (Catalunya del Nord). Entre los propuestos para formar parte de la ejecutiva ahora mismo está el exconseller de Interior Miquel Sàmper, a pesar de que su nombre podría acabar cayendo de la elección final. ¿El motivo? Que formar parte de la dirección de Junts no se puede compaginar con su nuevo cargo en la Generalitat. Sàmper, abogado de profesión, fue escogido el 10 de mayo miembro de la Comisión Jurídica Asesora, un lugar que el artículo 5 de la ley que regula esta institución considera "incompatible" con ocupar “funciones directivas en partidos políticos, asociaciones empresariales o sindicatos”. También el artículo 6 de la misma norma afirma que uno de los motivos de pérdida de condición de miembro de la Comisión Jurídica Asesora es una “incompatibilidad sobrevenida”, la situación en la que se encontrará Sàmper el día que sea elegido formalmente como miembro de la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya.
Consultado por este diario, el exconseller afirma que es consciente de la situación, de forma que, asegura, tomará una decisión pronto sobre qué hacer. Sàmper es cercano al diputado Jaume Alonso-Cuevillas, que también formará parte de la dirección de Junts, y un nombre que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, propuso recuperar ahora. Sàmper fue titular de Interior durante la pasada legislatura, después de que el entonces presidente, Quim Torra, decidiera cesar al conseller Miquel Buch por las diferencias que tenían a la hora de dirigir los Mossos d'Esquadra. A pesar de solo estar nueve meses en el cargo, en la configuración del Govern de Pere Aragonés Junts dejó de pilotar Interior y no lo incorporó entre los titulares de los departamentos de su color político.
Un ente consultivo
¿Pero qué es la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat? Es el organismo “encargado de velar por la legalidad de la actuación de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Catalunya”, a quienes el Govern puede solicitar informes consultivos, a pesar de que en algunos casos el pronunciamiento de este ente es obligado. Por ejemplo, los decretos que se dicten para desplegar las leyes o el derecho comunitario, así como dictámenes sobre alteración de los límites comarcales, procedimientos de municipalización y nulidad de concesiones, entre otros. En cambio, su carácter es consultivo cuando se trata de proyectos de ley del Govern o peticiones que le hace el ejecutivo o las administraciones locales.
La tarea que desarrolla este ente es muy técnica y sus dictámenes no suelen trascender públicamente porque son de temas estrictamente administrativos o de eventual responsabilidad patrimonial de la Generalitat. Los últimos cinco dictámenes, de hecho, son sobre esta última cuestión y de varias contrataciones de las administraciones locales.
La vez que la Comisión Jurídica Asesora tomó más relevancia fue hace poco más de un año: hizo uno de los informes con los que se basó el ejecutivo para intentar aplazar las elecciones del 14 de febrero a raíz de la pandemia del coronavirus a pesar de que finalmente el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tumbó la decisión y se acabaron haciendo los comicios.
En cualquier caso, a diferencia de otras instituciones públicas, el nombramiento a la CJA no comporta una retribución fija, sino que sus miembros solo cobran si asisten al pleno –normalmente cada jueves– de acuerdo con el importe por "derecho a asistencia" que fija la Generalitat y el precio del dictamen en el que participan. Según fuentes conocedoras, se trata de 315 euros brutos por asistencia en el pleno –que se alarga alrededor de cinco horas más el tiempo de preparación afuera que haya requerido el dictamen–. En la página web de la Comisión Jurídica Asesora ha publicada la mesa de retribuciones de estos dictámenes y el precio varía en función de la complejidad –que se decide a criterio del presidente–: el importe puede ir de los 150 a los 1.850 euros.
La CJA está formada por quince miembros escogidos entre juristas de "reconocido prestigio" y tienen un mandato de seis años renovable una vez, según la ley. Se van renovando por tercios cada dos años. El exconseller Sàmper fue nombrado el 10 de mayo junto con el exvicepresidente del Parlament Luciera M. Corominas, así como las juristas Montserrat Peretó y Meritxell Barnola, además de renovar a Marc Marsal por un mandato más. También se eligió Jaume Vernet, hasta ahora miembro del Consejo de Garantías Estatutarias y que presidirá a partir de ahora la Comisión Jurídica en sustitución de Albert Lamarca, que continuará como miembro de la institución. En este ente consultivo también hay, entre otros, los exconsellers Francesc Homs y Carles Mundó.