Sánchez cierra el curso con el reto pendiente de cambiar las encuestas

MadridPedro Sánchez se irá de vacaciones previsiblemente esta semana –este lunes preside el último consejo de ministros– sabiendo que cuando vuelva el curso político ya será el de un año preelectoral. Por eso el presidente español se ha afanado estos últimos meses en dejar encarrilada la estrategia que explotará desde el gobierno, pero también desde el PSOE, en el último tramo de legislatura. El pasado viernes, en el balance de final de curso, prometió que los socialistas trabajarían para “dar el tumbo” en las encuestas, que ahora encabeza el PP. Sánchez, que no hará cambios de ministros en el gobierno, ha querido imprimir un giro a la izquierda, pero solo será creíble si lo acaba materializando en los próximos meses. Y este otoño tiene unos cuantos retos ante sede.

De entrada, el primer gran melón que tendrá que abrir el presidente español son los presupuestos generales del Estado. Serán, con toda probabilidad, los últimos de su mandato, porque con vistas a otoño del año próximo es cuando tendría que disolver las Cortes y convocar las elecciones para finales de 2023. Hacienda ya ha empezado a preparar unas cuentas que la titular de este ministerio, María Jesús Montero, ha descrito como presupuestos de “responsabilidad” fiscal por el contexto inflacionario actual. Los presupuestos serán para el ejecutivo de coalición una de las cartas para marcar perfil ideológico ante un PP que intenta hacer de la economía su caballo de batalla contra el Gobierno. El partido de Alberto Núñez Feijóo sigue defendiendo una bajada de impuestos como receta para superar la crisis y ya ha cargado contra la propuesta del ejecutivo de crear un impuesto para la banca y las grandes energéticas. “Si les molesta, es que vamos por el buen camino”, se defendía Sánchez el viernes, dirigiéndose directamente a los presidentes del Banco Santander, Ana Botín, y de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán. 

Hoy por hoy, el Gobierno español solo mira a la mayoría de la investidura para sacarlos adelante y aquí ERC y la apuesta de los dos gobiernos por la mesa de diálogo volverán a desempeñar un papel primordial. Los primeros compromisos surgidos de la reunión de la semana pasada entre la Generalitat y la Moncloa dan un cierto margen a los dos ejecutivos para plantearse una negociación sin muchos corsés de entrada, pero que puede volver a tener un intercambio de monedas. Antes de que acabe el año tiene que haber un cuarto encuentro de la mesa de diálogo de donde todavía tendrían que salir resultados más concretos. Ninguno de los dos ejecutivos se atreve a verbalizarlo, pero la reforma del delito de sedición es una de las cuestiones que tendrán que abordar en otoño: sería el resultado más palpable para materializar la desjudicialización pactada en la reunión de la semana pasada. Los cambios en el Código Penal podrían beneficiar parcialmente los exiliados, pero continuarían abiertas decenas de causas en los tribunales.

La asignatura pendiente del CGPJ

No es el único reto que el ejecutivo español tiene en el ámbito judicial. El curso político empezará con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todavía bloqueado. PSOE y PP no han conseguido renovar el órgano y, de hecho, los dos partidos rompieron negociaciones a principios de julio, cuando los socialistas rechazaron las condiciones de los populares para abordar esta negociación –exigían, entre otras cosas, retirar la reforma de la ley orgánica del poder judicial para renovar el TC–. En el mes de septiembre, habrá que ver si las dos formaciones acercan posiciones, a pesar de que fuentes del PP ya enfriaban esta posibilidad hace unos días. 

El tribunal que, si nada falla, sí que culminará su renovación es el Constitucional (TC). El 8 de septiembre está previsto un pleno en el CGPJ en el que se tendrían que elegir a los dos magistrados del TC que le corresponden –los otros dos que quedan para relevar los elige el Gobierno español–. Con esta renovación, el alto tribunal pasaría a tener mayoría progresista, la cual tendrá que sacar el polvo a recursos que hace meses e incluso años que tiene en el cajón. Es el caso, por ejemplo, de lo que presentó el PP contra la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; o recursos más recientes, contra la ley de la eutanasia, o contra la norma del catalán en la escuela, que ha planteado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y también el PP y Cs.

La derecha tiene previsto continuar con su ofensiva judicial –en las últimas semanas, además, ha conseguido dilatar desde el Senado la entrada en vigor de leyes como la de libertad sexual– y llevará al TC normativas como la ley de memoria que el Congreso aprobó a mediados de julio, por ejemplo. A pesar de todo, el ejecutivo de coalición pretende avanzar en su agenda legislativa mientras gobierne. Le quedan pendientes normativas bastante relevantes como la de la vivienda, que ya se está tramitando en el Congreso, o precisamente la nueva ley del aborto, que está pendiente de la aprobación definitiva del consejo de ministros. Pero también normativas que han quedado pendientes, como la reforma de la ley mordaza, que sigue encallada en la cámara baja. El gobierno tampoco ha cumplido con el compromiso de Sánchez durante el debate de política general en el Congreso: presentar la reforma de la ley de secretos oficiales antes de que acabara el mes de julio.

Sánchez compaginará la aprobación de todo este paquete legislativo con la presidencia rotatoria de la Unión Europea en 2023. Después del éxito de la cumbre de la OTAN de junio en Madrid, capitanear la UE durante unos meses le servirá para abanderar las principales reformas energéticas que empezará a plantear en septiembre . Todo ello, para intentar cambiar las encuestas y hacerlo, precisamente, con unos comicios municipales y autonómicos también a la vista.