El ex director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha asegurado en sede judicial que los llamados "protocolos de la vergüenza" (que restringían la derivación de personas mayores de residencias a hospitales) formaban parte ya de un plan de acción para hacer frente al coronavirus presentado por el exconseller de Sanidad Enrique Ruiz02 del gobierno regional. Los demandantes ya han advertido de que pedirán que se aporte este plan, después de que Mur ya apuntara en otra declaración a un juzgado de Andorra que todo vino de sus superiores. La causa en la que ha declarado este martes proviene de una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en una residencia de Madrid durante la primera ola de la pandemia en el 2020. En la denuncia acusa a varios exaltos cargos de la Comunidad de Madrid de un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria.
Sánchez da un paso para limitar la privatización y enerva a Ayuso: "Quiere acabar con la sanidad de Madrid"
Las patronales catalanas reivindican el modelo de concertación sanitaria y piden que se defienda la "singularidad"
MadridEl choque de modelos entre el gobierno español y la Comunidad de Madrid no tiene freno y este martes ha sido protagonizado por la sanidad. El ejecutivo de Pedro Sánchez dio un primer paso para blindar la sanidad pública y, como venía advirtiendo, puso negro sobre blanco el camino que quiere seguir. El consejo de ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley sobre servicios sanitarios que pretende dar un "puertazo", en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, al modelo concertado y de privatizaciones que impulsó el PP durante el mandato de José María Aznar. Las patronales del sistema sanitario catalán ya han avanzado que pedirán que se defienda la "singularidad" del modelo de concertación de Catalunya.
El proyecto, pues, representa un torpedo directo al sistema sanitario que propugna Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid. De hecho, la presidenta madrileña no tardó en reaccionar y acusó al gobierno de "querer acabar con la sanidad" en Madrid y llevarla a la "revolución" para que "nada funcione".
De este modo, Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid necesita mantener su modelo, en el que, aparte de la sanidad pública, también existen concesiones a empresas privadas. "¿Qué debemos hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? Decirles a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales?", ha dicho. "[Ayuso] Protege y blinda el sistema de las garras especuladoras y privatizadoras", replicó la ministra García, quien aseguró abiertamente que quiere evitar casos "obscenos" como las concesiones madrileñas en Quirón o Ribera Salud.
Según Ayuso todo forma parte de una "obsesión" de Sánchez por ir en contra de ella, pese a que, según ha dicho, también en otros lugares como Catalunya hay una concertación en el ámbito sanitario. En cualquier caso, se trata de una primera propuesta del gobierno español. Cuando termine el trámite dentro del ejecutivo, la norma dará el salto al Congreso, donde Sánchez dependerá de los votos de la mayoría plurinacional. También de Junts y el PNV, que defienden la colaboración público-privada en todos los ámbitos.
¿Qué dice el anteproyecto?
Con la normativa elaborada por la Moncloa, se pretende que la gestión pública sea "preferente" y que la privatización de servicios sea "excepcional" en aquellas cuestiones a las que no pueda llegar la sanidad pública. "Quiero dejar claro que esta ley no va contra fórmulas que no tienen ánimo de lucro o que tienen modelos de colaboración público-privada saludables. Pone límites a los modelos que sacan recursos de la [sanidad] pública para engordar las carteras de algunas empresas", ha resumido García, quien ha dicho que ahora las externalizaciones tendrán que contar con.
El anteproyecto del gobierno español consolida el modelo de gestión directa como modalidad preferente en la prestación de la sanidad pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del sistema de salud que aprobó Aznar.
Según recoge Efe, en la Comunidad de Madrid existen cinco hospitales de titularidad pública y de gestión privada, la mayoría concedidos a Quirón: la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles); el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro); y el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba), además del de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, que es el que fue objeto de polémica porque trascendieron unos audios, publicados por El País, en la que los responsables del centro pedían alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa. Según el gobierno español, la proliferación de modelos de concertación ha propiciado la fragmentación, la carencia de transparencia y un menor control institucional.
Defensa del modelo catalán
Algunas de las patronales del sistema sanitario en Cataluña, como La Unió o la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), han cargado contra el anuncio del gobierno español por considerar que va en contra del modelo catalán. Para la directora general de La Unión, Roser Fernández, el anteproyecto de ley que platean supondrá un "conflicto de competencias", ya que corresponde a las comunidades autónomas la decisión de cómo organizan la provisión de servicios sanitarios, y en Catalunya la concertación de servicios es "estructural".
De hecho, en Catalunya el 65% del sistema público de salud es de gestión concertada, por lo que Fernández ya ha avanzado que pedirán las enmiendas necesarias para que se reconozca la "singularidad del modelo catalán", que ha insistido en que es muy diferente al de Madrid. El presidente de ACES, Lluís Monset, ha ido más allá y ha defendido que, aparte del modelo catalán, hay "otros modelos que pueden ser igual de buenos" y que lo que hace falta es poner el foco en la calidad asistencial y los resultados económicos. Sin embargo, cree que una ley que recoge "cuestiones del siglo pasado" no saldrá adelante.
Otras medidas
Con todo, el consejo de ministros ha aprobado otras dos medidas de la mano con este anteproyecto. Una de ellas crea un marco jurídico que reconoce el papel de las organizaciones de pacientes, sus derechos y responsabilidades en todo lo que afecta al servicio público de salud y por eso se les reconocerá como interlocutores ante la Administración General del Estado.
"La voz de los pacientes es fundamental", ha defendido García. El planteamiento de que sean interlocutores reconocidos y que, por tanto, puedan tener voz y voto en algunas decisiones sobre el sistema de salud llega tras el escándalo de los diagnósticos de cáncer de mama en Andalucía, también en manos del PP. A finales de 2025, el gobierno andaluz admitió errores en los diagnósticos y estimó que habría al menos 2.000mujeres afectadas.
La otra medida es una modificación del procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios que se venden en la farmacia a pacientes no hospitalizados. Se deroga la normativa vigente de 1996 y se fija un nuevo marco para la financiación y fijación de precios de estos productos, adaptándolos a las necesidades actuales y priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico, así como garantizando el suministro, según explicó la ministra.