La llista de projectes de llei impulsats pel govern espanyol que continuen encallats al Congrés és força llarga. El més recent a entrar a formar part de les reformes que s'estan tramitant és el projecte de llei orgànica per regular el dret a la rectificació. A aquest, però, s'hi sumen diferents projectes de llei que també han iniciat el seu tràmit aquest 2025: la llei per reforçar l'intercanvi d'informació entre els serveis de seguretat i duanes dels estats membres de la UE; la llei que modifica els criteris que estableixen la informació financera que han de donar les empreses; la llei de pesca; la llei per millorar els serveis digitals i l'ordenació dels mitjans de comunicació; la llei de defensa dels consumidors i usuaris o la llei per controlar els lobis o grups d'interès. Algunes, però, continuen en un calaix des de molt temps abans. És el cas de la llei per recuperar la Comissió Nacional d'Energia (CNE), que ara forma part de Competència; la llei per reformar el Sistema Nacional de Salut, o la nova llei del cine i la cultura audiovisual, totes elles presentades al Congrés el 2024.
Sánchez desafía con nuevas leyes el calendario electoral y la debilidad en el Congreso
Las reformas se acumulan en la cámara baja por la falta de apoyos en la recta final de la legislatura
MadridAl gobierno español se le acumulan los proyectos de ley en el Congreso y esta semana algunos de los partidos del bloque de investidura se lo han recordado. Con la desclasificación de los documentos del 23-F, los socios, en particular las formaciones vascas, le han exigido que saque el polvo a una reforma que inició su trámite parlamentario en verano de 2025, es decir, hace más de medio año: la ley franquista de secretos oficiales. Las idas y venidas con esta norma han sido constantes, hasta el punto de que hay dos propuestas sobre la mesa, la del ejecutivo de Pedro Sánchez y la del PNB, partido que históricamente ha hecho bandera de la necesidad de dejar atrás la ley de secretos de 1968. De hecho, la iniciativa de los jeltzalesuperó su primer examen en el Congreso en febrero de 2024. A estas alturasson solo una muestra de lo que está pasando con muchas otras leyes que hace tiempo que sobrevuelan la cámara baja española. Por ejemplo, la ley de industria entró en el Congreso en diciembre de 2024 y pasó la primera prueba del pleno, pero desde entonces está estancada en la fase de enmiendas, un proceso que se puede alargar sine die.
Sánchez ha animado a los partidos a desbloquear una nueva norma de secretos oficiales antes de que se acabe el actual periodo de sesiones (en verano). Pero al calendario se suma la debilidad parlamentaria que vive el gobierno español, sobre todo a raíz del rompimiento de Junts con los socialistas, y que precisamente esta semana se ha vuelto a hacer evidente: los votos de los de Carles Puigdemont, junto con los del PP y Vox, han hecho descarrilar el escudo social, la limitación de los precios en situaciones de emergencia y una proposición de ley de Sumar, el socio minoritario en el gobierno de coalición, para blindar los despidos cuando una empresa se deslocaliza.
Estos dos hechos –calendario y falta de apoyos– abocan los trámites en el Congreso a convertirse en caminos tortuosos y, en consecuencia, a que muchas leyes nazcan (y crezcan) heridas de muerte. Pero el jefe del ejecutivo español lo desafía. En pocos días, el consejo de ministros ha aprobado dos anteproyectos de ley en primera vuelta: por un lado, el plan anticorrupción promovido por el caso Cerdán. Y por otro, la norma que prevé, entre otras cuestiones, limitar los ingresos por publicidad institucional que reciben los medios de comunicación. A ambas se debería sumar, como mínimo, el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026, tal como se ha comprometido el ejecutivo español.
Meses con leyes estancadas
Que los dos textos se hayan aprobado en primera vuelta significa que justo ahora se da el pistoletazo de salida al periodo de audiencia pública. Esto significa que durante un tiempo se pueden hacer aportaciones. Después, deberán volver al consejo de ministros –ya será en segunda vuelta– para poder dar el salto al Congreso, donde empezará la tramitación. Si no prospera ninguna enmienda a la totalidad, se iniciaría el periodo para que los partidos introduzcan enmiendas. Como se ha visto con la ley de industria, el tiempo puede empezar a correr sin prisa, y en la misma situación se encuentran leyes como la del control del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad; la orgánica de enjuiciamiento criminal, también llamada ley Bolaños por el ministro que la ha impulsado y que busca reformar de arriba abajo la justicia; la de la condonación de la deuda autonómica, negociada entre el PSOE y ERC; y la de protección de la infancia en los entornos digitales.
Todo ello choca de lleno con el horizonte de unas elecciones generales en 2027. Aunque no hay fecha, el 28 de junio del año que viene harán cuatro años exactos del arranque de la legislatura, de modo que antes el ejecutivo debería haber disuelto las Cortes. De hecho, los gestos de Sánchez de cara a este nuevo curso 2026 contradicen el hecho de adentrarse en periplos legislativos que desencadenen en negociaciones casi imposibles.
En diciembre, el presidente español pidió a sus ministros propuestas "disruptivas" que no necesitaran pasar por el Congreso para recuperar, así, la capacidad de marcar agenda, pero también el pulso de cara al ciclo electoral autonómico. En este sentido, el consejo de ministros ha aprobado recientemente propuestas que no requieren el aval de la cámara baja (la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la Estrategia para Combatir la Soledad), pero que no se materializan en reformas concretas –son, por ahora, políticas que el gobierno quiere impulsar–. Al mismo tiempo, modificó la última adenda del Plan de Recuperación de los fondos europeos para esquivar los exámenes de las Cortes españolas.
El dilema
Detrás de todo ello hay un dilema que persigue a los dos socios del gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, desde hace tiempo: si impulsan leyes importantes en el Congreso que acaban descarrilando no pueden evitar la foto de la falta de apoyos, a pesar del mensaje que se esfuerzan en enviar de estabilidad y continuidad de la legislatura. Al mismo tiempo, no moverse abre una brecha perfecta para que la oposición hurigue en la herida de la inacción y el bloqueo. La derrota para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las medidas estrella del ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, fue uno de los últimos grandes termómetros para valorar la preferencia entre una votación fallida y los dardos constantes de la derecha. De momento, las pruebas de fuego son los reales decretos ley con medidas urgentes –como el mismo escudo social.