Los exámenes que Pedro Sánchez tendrá que pasar en el Congreso para recibir los últimos fondos europeos

MadridTras su puesta en marcha hace más de cinco años, los fondos europeos antipandemia llegan a su punto final y, de rebote, los planes de recuperación que cada Estado miembro tuvo que desarrollar. Este 2026, en concreto en agosto, es la fecha fijada para que los logros y compromisos de los diferentes gobiernos con la Comisión Europea estén alcanzados. De hecho, de ello dependerá la solicitud de los últimos desembolsos de este maná europeo por parte del gobierno español. Pero vayamos a palmos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a cerrar con éxito la carrera en torno a este mecanismo excepcional aprobado con la Covid-19?

De entrada, España acaba de aprobar con el visto bueno de la Comisión Europea una adenda o modificación de este plan con la intención de no dejar trabajo a medias, teniendo en cuenta que comienza la cuenta atrás. Básicamente el gobierno español ha modificado una parte de las reformas que se había comprometido a alcanzar y las ha simplificado o, directamente, descartado. Asimismo, rechazó pedir todos los préstamos a los que podía acceder. Tras este proceso de revisión quedan por cumplir aproximadamente 230 metas y objetivos, de los que dependerá la llegada de los últimos fondos europeos tanto en forma de subvención o transferencia como en forma de préstamo. Si lo resuelve todo, España recibirá unos 31.000 millones de euros de fondos europeos este 2026.

De ese dinero, 6.200 millones forman parte del primer pago en forma de subvenciones que se quiere pedir en el 2026, si todo va bien en verano. Esta partida está vinculada a la consecución de 69 metas y objetivos. El resto de fondos en forma de subvenciones (20.930 millones) dependen de cumplir 124 metas y objetivos. Por lo que respecta a los préstamos, también se pedirán en dos pagos distintos: un pago supone la llegada de 1.100 millones de euros y el otro, de 5.600 millones, según datos del ministerio de Economía.

230 metas y objetivos pendientes

Ahora bien, algunos de estos 230 objetivos y objetivos son cambios legislativos, es decir, reformas que necesitarán el visto bueno del Congreso, lo que complica el camino. La debilidad parlamentaria actual marcada por la frágil relación entre el gobierno de coalición y los partidos que permitieron la investidura, y entre ellos Junts, con quien la interlocución está por ahora rota, supone un obstáculo a la hora de cumplir con Bruselas. De hecho, parte de esta simplificación ha implicado, precisamente, que se revisaran las normas que necesitaban pasar por la Cámara Baja Española. Así, por ejemplo, se ha descartado como compromiso la aprobación de la ley del suelo, y que el gobierno español llevaba meses tratando de salir adelante, incluso buscando al PP. Ahora, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha sustituido a esta reforma por la aprobación de Casa 47, la nueva empresa pública estatal de vivienda. Pero también se ha quedado por el camino la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, pese a ser una de las medidas estrella del ministerio de Economía.

Pero, ¿cuáles son las reformas que tienen rango de ley y que sí necesitarán el aval del Congreso?

De entrada, el gobierno español mantiene sobre la mesa el compromiso de aprobar la equiparación fiscal del diésel con la gasolina. De hecho, Bruselas lo exige desde hace tiempo. Esto supondrá que el primer combustible deje de pagar menos impuestos que el segundo. El ministerio de Hacienda ya intentó aprobar este cambio en el marco de la reforma fiscal que salió adelante en el 2024, pero decayó por el voto en contra de Podemos. Este 2026 tendrá que volver a intentarlo.

También se mantiene la ley de movilidad sostenible, una ley que el Congreso ya ha convalidado, al igual que la ley de pérdidas y desperdicio alimentario. Ahora bien, también será necesario aprobar los estatutos del nuevo organismo público de evaluación; la ley de transparencia e integridad de la actividad de grupos de interés –conocida popularmente como la ley que debe regular la función de los lobis–; una reforma de la ley del mercado de valores, y revisar algunos de los actuales beneficios fiscales que tiene España.

"Un elemento fundamental por parte de la Comisión Europea era mantener un alto nivel de pragmatismo a la hora de garantizar que estas reformas se puedan cumplir en tiempo y forma para que en verano de 2026 podamos garantizar el cumplimiento de estos grandes planes transformadores", ha reconocido el ministerio de Economía, bajo la batuta. En total, si los planes de Pedro Sánchez sacan adelante el Estado habrá accedido a 103.000 millones de euros durante cinco años, lo que supone más del 6% del PIB actual. De esa cantidad, 80.000 millones habrán correspondido a transferencias y 22.000 millones a préstamos.