La secretaria general del Parlament presenta la dimisión presionada por la polémica plaza de ujier de su hijo

BarcelonaLa secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha presentado este martes la dimisión después de semanas de polémica por la plaza interina de ujier que a principios de mes recibió su hijo, Jan Forner, sin que ella comunicara a la mesa este parentesco. Tal como ha avanzado Efe y confirman fuentes parlamentarias, lo ha expresado verbalmente durante la reunión de la mesa del Parlament de este martes después de que el órgano rector de la cámara acordara solicitar un informe jurídico externo a la Oficina Antifraude de Catalunya para que acreditara que el proceso de selección de la plaza había seguido los procedimientos correctos. Borràs, que escogió a Andreu en el mes de junio del 2021 para relevar al entonces secretario general Xavier Muro, tiene que decidir ahora si acepta su dimisión, un trámite para el cual no hay plazos establecidos.

La reunión de la mesa ha empezado una hora y media más tarde de lo que es habitual porque antes los grupos han mantenido varios encuentros informales para abordar el expediente de la convocatoria de ujieres. La mesa ha decidido finalmente obtener más información sobre el caso –ya dispone de varios informes internos sobre la cuestión que acreditan la actuación de Andreu– a través de esta petición a Antifraude. PSC, ERC, y la CUP habían pedido un informe externo, mientras que JxCat era más reticente a solicitarlo. Finalmente, y según fuentes de la mesa, habría sido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien ha planteado que en caso de externalizarlo tenía que hacerlo a Antifraude, como órgano estatutario.

La decisión, explican las fuentes, ha provocado que Andreu decidiera renunciar a su cargo. Después de la reunión de la junta de portavoces, los miembros de la mesa se han quedado en la sala y han mantenido otra reunión informal para hablar sobre el tema. La presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha enmarcado la dimisión en el "desmadre" que considera que hay en la cámara desde que Borràs la preside: "Lo vimos con el caso de [Pau] Juvillà, después con las dietas, con las licencias por edad, y esta es una más", ha valorado la líder de los comuns.

La ley del sector público, en su artículo 23, dice que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato" cuando haya "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado" con alguno de los interesados. Cuando el caso salió a la luz, la secretaria general del Parlament defendió en un comunicado que no participó en ninguna fase del procedimiento desde el 23 de noviembre, cuando se publicó la convocatoria, y que por ese motivo ya no informó del posible conflicto de intereses. "Cuando el director de gobierno interior, a propuesta del Consell de Personal, planteó la conveniencia de constituir una bolsa de ujieres y una bolsa de administradores parlamentarios, la secretaria general accedió a convocarlas y ya desde aquel momento manifestó que, dada la carga de trabajo, se inhibía de cualquier participación en el proceso selectivo, tanto en la redacción de las bases como en la selección de los candidatos, como así fue", argumentó.

Cinco meses de polémicas constantes

Andreu lleva meses cuestionada en la cámara, no solo porque haya acumulado muchas polémicas en poco tiempo, sino también por enganchadas con miembros de la mesa y también con otros trabajadores de la cámara. Ella fue quién obstaculizó la transparencia en el coste de las licencias por edad, lo cual le comportó un enfrentamiento directo con el ex letrado mayor Antoni Bayona, miembro del órgano de transparencia del Parlament y partidario de entregar los datos. Andreu le abrió un expediente por acoso psicológico –después de una queja de una archivera– que se cerró recientemente sin ninguna sanción. Con el tema de las licencias, Andreu también tuvo discrepancias con el letrado mayor, Miquel Palomares, a quién retiró las competencias de dirección de los servicios jurídicos en un episodio de tensión sin precedentes entre letrados.

Pero más allá de la administración parlamentaria, Andreu ha estado en el punto de mira cuando la Junta Electoral Central ordenó retirar el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà. Ella ejecutó las órdenes para evitar su “imputación” y la del resto de funcionarios a pesar de que Borràs había asegurado que mantendría el acta de Juvillà hasta que hubiera una sentencia firme. Sea como fuere, en la comparecencia que la presidenta del Parlament hizo ante la prensa para hacer balance de su primer año de mandato, aseguró que mantenía su confianza en ella.