MadridEl sistema se reinicia y reprograma. Imagino que puede parecer extraño, pero existe cierto hilo conductor entre los actos de juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor y la situación política española. Los tiempos han cambiado bastante entre la ceremonia que protagonizó su padre, el rey Felipe VI, en 1986, y el de su heredera, celebrado ayer en el Congreso. Pero el sentido del pleno del parlamento y muchos detalles fueron iguales. De lo que se trataba era que la sucesora del actual rey se comprometiera con el cumplimiento de la Constitución. Un acto precedido de la reciente entrega de la espada de oficial a la princesa de Asturias en la Academia Militar de Zaragoza. Todo simbólico pero políticamente muy relevante.
No sólo se trata del compromiso con la organización democrática del Estado, sino con su unidad y con los mandatos de la ley fundamental, que implica una línea roja insalvable por la reivindicación de la autodeterminación. Ahora bien, todo esto ocurre mientras se intenta un retorno al ámbito constitucional de los partidos independentistas y sus reclamaciones, por la vía de un pacto de investidura. Un acuerdo pensado a cambio de una ley de amnistía de discutida constitucionalidad, acompañada quizás de algunas mejoras competenciales y de financiación. El intento de volver a poner a las citadas minorías sobre los carriles del sistema conlleva todo un desafío. Es casi cómo ser profesor de física negando la ley de la gravedad o la refracción de la luz. Pero la voluntad de reiniciar el mandato de Pedro Sánchez está, obviamente, y con el añadido de pensar que el invento aguantará porque la ley de amnistía es constitucional y los que hace unos años, o sólo unos días, eran descritos como los peores enemigos del Estado, ahora serán sus principales colaboradores para garantizar la estabilidad general del reino de España.
¿Se puede reiniciar todo ello? ¿Se podrá reconstruir mucho tejido institucional o hay demasiado humo y ceniza acumulada? Y aunque se hagan esfuerzos para conseguirlo, ¿será suficiente la labor del gobierno para acompañar al rey y su heredera en una nueva etapa del sistema de monarquía parlamentaria, y al mismo tiempo consolidar la alianza con fuerzas políticas que lo cuestionan? Sobre todo cuando al otro lado del escenario hay otros dos partidos, el PP y Vox, que de momento tienen confiado su destino a que resulte inviable ese equilibrio aparentemente tan precario. Su esperanza es que vuelva a confirmarse la incapacidad del escorpión para dejar de inocular su veneno, aunque pierda la vida al hacerlo.
El rol del Constitucional
Teóricamente lo que decide un Parlamento es intocable. Pero existe una institución que en cuestiones fundamentales puede tener, y de hecho ha tenido muchas veces, la última palabra. Es, como sabéis, el Tribunal Constitucional. Ayer su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ocupaba un puesto preeminente en el Congreso por su cargo, es decir por razones de protocolo de Estado. Y en lo que se refiere a los procedimientos penales derivados del proceso, el éxito de una reprogramación de la justicia dependerá mucho del Constitucional, como clave de seguridad del sistema. Es obvio que el órgano de garantías recibirá recursos contra la ley de amnistía. Desactivarlos, por tanto, sería en todo caso trabajo de juristas. Como pudo hacer la Fiscalía archivando las diligencias por supuestos delitos fiscales y fraudes del rey emérito. Lo logró, pero todo tiene un precio. Ayer el rey Juan Carlos no pudo poner un pie en el Congreso. Y es que existen reprogramaciones que ya son inviables.
