¿Cuáles son los temas que encallan el decreto antidesahucios?

Madrid / BarcelonaEl miércoles, desde Nueva York, Pedro Sánchez calificó de "tragedia social" el desahucio de Maricarmen Abascal y, acto seguido, se comprometió a sacar adelante el nuevo decreto de vivienda que, hasta ahora, todavía estaba guardado en un cajón por falta de apoyos parlamentarios –el gobierno español debía presentar la norma antes del verano–. Ahora Sumar exige aprobar inmediatamente el nuevo decreto este martes en el consejo de ministros. Así, el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acelerado las conversaciones con sus socios de investidura, especialmente con Junts. De hecho, los de Junts ya han hecho llegar su propuesta en materia de vivienda –lo hicieron el 3 de septiembre–, a la cual ha tenido acceso el ARA, y que, aparte de las medidas que ya habían ido anunciando, han añadido dos: la prohibición de los desahucios a familias vulnerables cuando se trate de propiedades de fondos buitre y prohibir directamente a estas entidades que compren inmuebles. Ahora el gobierno español deberá conjugar estas peticiones con la del resto de socios de izquierdas. Y aquí afloran diversos puntos de fricción que los socialistas deberán saber conjugar para intentar hacer entrar a todos dentro de la ecuación y que el decreto vea la luz.

Las medidas antidesahucios son la principal patata caliente. El decreto que se presentó el mes de febrero –y que cayó por el no de Junts, el PP y Vox– incorporaba la prohibición de todos los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad. Una medida que defendían todas las formaciones de izquierdas. Para intentar seducir a Junts, el gobierno español había introducido algunos cambios, entre los cuales estaba el de permitir echar a las familias que no pagaran el alquiler cuando el propietario tuviera solo una o dos propiedades. En este caso, también debían ser las administraciones y sus servicios sociales quienes buscaran una alternativa.

Para los juntaires, era clave que la administración se hiciera cargo de esta alternativa para que no recayera en los pequeños propietarios. "La atención a las situaciones de vulnerabilidad residencial corresponde a las políticas públicas de vivienda", dicen en la propuesta de decreto de medidas, y "no a la conversión del propietario privado en el sujeto obligado a asumir estos costes". Ahora bien, fuentes de Junts consultadas por el ARA aseguran que han hecho llegar al PSOE una alternativa: que se distinga entre los "grandes y los pequeños propietarios". Es decir, sí ven con buenos ojos aplicar medidas antidesahucios en casos como el de Maricarmen, pero no si se trata de "pequeños propietarios". Los socialistas dicen que la propuesta que preparan no es la que ha tumbado Junts en otras ocasiones, sino una "medida estructural que quita la carga al pequeño propietario y la pone en la administración".

Ahora bien, esta diferenciación entre pequeños y grandes propietarios no gustó a Podemos en su momento, porque consideraban que esto "agilizaba los desahucios", dijo la secretaria general del partido, Ione Belarra. En aquel momento, las formaciones de izquierdas ya mostraron su preocupación porque, con esta distinción, quedaba en el aire la protección de las 60.000 familias que se veían beneficiadas de la suspensión de los desahucios. A raíz del caso de Maricarmen Abascal en Madrid, Sumar también ha propuesto, directamente, expropiar el piso de esta abuela de 87 años que fue desahuciada el miércoles. El partido de Yolanda Díaz quiere que esta propuesta se apruebe en el consejo de ministros del martes que viene, pero el PSOE ya le ha cerrado la puerta. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que no es partidario de estas fórmulas porque "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución".

La prórroga de alquileres

La prórroga de los alquileres también ha sido, hasta ahora, otro tema de fricción. De hecho, Junts, junto al PP y Vox, tumbó el decreto que incluía esta prórroga el mes de abril. Los juntaires proponen que esta prórroga sea "voluntaria", mientras que los partidos de la izquierda quieren que sea obligatoria. "Las partes de los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 30 de junio del 2028 podrán acordar una prórroga extraordinaria de hasta dos años", dice la propuesta de decreto de Junts a la cual ha tenido acceso el ARA.

La norma que cayó esta primavera tenía el aval de Sumar, Podemos y ERC e incorporaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que acababan entre el 22 de marzo del 2026 y el 31 de diciembre del 2027. Además, también incorporaba la limitación de la actualización anual de los contratos al 2%.

Los incentivos fiscales

El punto donde el gobierno español y Junts estarían más cerca es en la cuestión de los incentivos fiscales que el partido de Carles Puigdemont pide. Junts propone crear tres nuevas deducciones fiscales y una exención. De entrada, una deducción del 15% del IRPF en concepto de adquisición de vivienda habitual o para vivienda destinada a arrendamiento habitual, excluyendo los alquileres de temporada o turísticos. Con una cantidad máxima de la base de desgravación de 11.630 euros anuales –es decir, un máximo de 1.744,50 euros desgravados anualmente–. También proponen una deducción del 15% de las cantidades depositadas en cuentas de ahorro destinadas a la adquisición de vivienda o la reforma de la vivienda habitual; y un 15% también de deducción por el alquiler de una vivienda habitual para rentas de importe igual o inferior a 33.007,20 euros anuales.

También proponen una exención fiscal para los propietarios que vendan los pisos desocupados a la administración pública, con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler. Una exención que también mantienen en el caso de personas mayores que vendan una vivienda porque se encuentran en una residencia o casa de un familiar por cuestiones de edad o dependencia, independientemente del tiempo que haga que ya no viven allí, si ha sido su vivienda habitual. Más allá de las deducciones en el IRPF, también proponen la creación de un IVA superreducido del 5% para la adquisición de vivienda habitual, sin que se pueda aplicar, dice la propuesta, en la compra de vivienda destinada a la inversión. A la vez, incluyen una reforma del Código Civil para "proteger a las personas con hipoteca sobre su vivienda habitual ante la cesión de sus créditos".

Sumar se ha abierto a negociar las deducciones fiscales a propietarios, pero Podemos se opone. ERC también había defendido cambios en materia fiscal, pero poniendo el acento en los grandes propietarios. El reto del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no es menor: deberá hacer confluir los intereses de todos los socios antes del martes.