La Eurocámara da el primer paso para retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

BruselasEl comité de asuntos jurídicos del Eurocámara ha votado este martes a favor de retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tal como proponía el informe del ponente ultraconservador búlgaro encargado de los tres casos. El informe ha recibido 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Esta votación supone el primer paso para aceptar el suplicatorio del Tribunal Supremo, que antes de pedir la extradición de los tres eurodiputados necesita que pierdan la inmunidad de la cámara. Pero no es el paso definitivo, que lo tendrán que hacer el conjunto de los 705 europarlamentarios en una votación prevista la semana del 8 de marzo. Después, las justicias de Bélgica y de Escocia podrán continuar tramitando las euroórdenes suspendidas a la espera del suplicatorio.

Para aprobar el informe hacían falta 13 de los 25 votos que se han emitido y el resultado ha sido más ajustado de lo que podía anticiparse. Los grupos a los cuales pertenecen el PP, el PSOE, Cs y Vox constituyen una mayoría parlamentaria amplia en la Eurocámara. De los 25 miembros del comité que han votado, siete son de la familia popular, cinco de la socialdemócrata, cuatro de los liberales y dos de los conservadores y reformismos donde están Vox y también los nacionalistas flamencos. Contando que todos los eurodiputados de estas cuatro familias hubieran votado a favor, hubieran salido 18 votos favorables. El resultado, pues, implica que el bloque se ha fracturado ligeramente, aunque tanto desde el PP, como desde el PSOE y C's aseguran haber acordado votar a favor.

Aun así, no se puede anticipar todavía el resultado de la votación definitiva al conjunto del pleno. En el caso de los Verdes, la posición del grupo todavía no está fijada y se discutirá la semana que viene, pero la opción más probable es que la mayoría de sus eurodiputados voten en contra, según fuentes parlamentarias.

Además, el comité cuenta con varios europarlamentarios españoles. De entrada, el presidente es Adrián Vázquez, de Ciudadanos. Uno de los vicepresidentes es el socialista Ibán García de Blanco. El popular Esteban González Pons también es uno de los titulares, del mismo modo que Javier Zarzalejos y el socialista Marcos Ros Sempere. De los 25 eurodiputados que han votado este martes, pues, cinco eran españoles. Y esto sin contar los suplentes, entre los cuales están Jorge Buxadé de Vox y Javier Nart, ex de Ciudadanos. La defensa de los independentistas considera irregular la proporción de europarlamentarios españoles en este comité.

Confidencialidad e irregularidades

Si bien al resultado no ha habido imprevistos, durante el proceso se han producido unas cuántas trabas que pueden traer cola, sobre todo relacionados con la confidencialidad del proceso. La tramitación del suplicatorio es un proceso parlamentario absolutamente secreto. Tanto los debates como la comparecencia de los tres europarlamentarios concernidos y las votaciones son a puerta cerrada y se exige silencio a los miembros del comité respecto a todo lo que pase dentro de la sala. Pero después de las audiencias de Puigdemont, Comín y Ponsatí, González Pons declaró ante la prensa que dentro de la sala se había debatido sobre la competencia del Tribunal Supremo en la emisión de las euroórdenes, uno de los argumentos principales de la defensa de los independentistas para pedir que no se concediera el suplicatorio. Antes, además, Vázquez había opinado en rueda de prensa que el caso de los tres eurodiputados "no tiene nada que ver" con el de Lluís Puig, también exiliado en Bélgica, a quien los tribunales belgas han amparado hasta ahora rechazando la extradición a España. Los de Junts presentaron inmediatamente dos quejas porque consideraban que se había vulnerado el principio de confidencialidad.

Además, la semana pasada se filtró –primero al diario Abc– el informe del ponente (que no se podía hacer público hasta después de la votación), cosa que también ha considerado una irregularidad el presidente del comité, que este lunes reclamó al presidente del Eurocámara, David Sassoli, la apertura de una investigación que puede comportar sanciones (retirar el sueldo o el derecho de voto) si se identifica al responsable. También los de Junts presentaron una queja a Sassoli por la filtración.

Hacia la justicia europea

Todo ello se acumula al grueso de argumentos que los independentistas recogerán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una vez se sepa el resultado definitivo de la votación en el pleno, los europarlamentarios catalanes podrán impugnar la decisión en la justicia europea. A estas vulneraciones de la confidencialidad se añaden, según la defensa que encabeza Gonzalo Boye, otras posibles irregularidades como que los tres casos los trate el mismo ponente o que este, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, comparta grupo parlamentario con Vox, que fue acusación popular en todo el proceso judicial contra los presos políticos en el Supremo.

Hay antecedentes de recurso a la justicia. Uno reciente es el de la eurodiputada del Front National francés Mylène Troszczynski, que recurrió la pérdida de su inmunidad en 2017. En aquel caso, tanto el Tribunal General de la UE (primera instancia) como el TJUE (segunda) rechazaron las alegaciones. Aun así, los eurodiputados catalanes se muestran confiados de sus opciones en Luxemburgo. Más inmediatamente, lo que implicaría que se les retirara la inmunidad es que se reactivarían las euroórdenes en Bélgica y Escocia. Ahora bien, ni Carles Puigdemont, ni Toni Comín ni Clara Ponsatí dejarán de ser eurodiputados si no hay una condena contra ellos.