El Supremo avaló el espionaje del CNI al independentismo para evitar la "ruptura de España"

"Las intervenciones telefónicas son la única fórmula de evitar una secesión en España". De esta contundente forma, el magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) justifica la interceptación de las comunicaciones de 18 dirigentes independentistas, entre los cuales el president Pere Aragonès, que entonces era vicepresidente del ejecutivo, o el entorno del presidente Carles Puigdemont, según ha avanzado el diario El Mundo. Una interceptación que se produjo durante octubre de 2019, en el marco de la sentencia del Procés y de las protestas convocadas por Tsunami Democràtic.

El alto tribunal avaló estas escuchas por la necesidad de parar lo que consideraba un nuevo intento de atentar contra la unidad de España, pero también por la intención de los espiados de "desprestigiar España" promoviendo diferentes actividades que calificó de "claramente delictivas". De hecho, el CNI solicitó autorización judicial para pinchar los teléfonos de los independentistas en plenas movilizaciones y disturbios en la calle abanderados por Tsunami Democràtic, que se iniciaron con la ocupación del aeropuerto del Prat y que desembocaron en una revuelta que se alargó dos semanas con epicentro en Barcelona, pero con ramificaciones en las otras tres capitales del país.

En todas las resoluciones judiciales, explica el mismo diario, la medida autorizada se circunscribe a la "intervención" de los teléfonos de los líderes independentistas y de su entorno directo, pero no se alude en ningún momento al hecho de que se autorice la infección de sus teléfonos con el sistema de espionaje Pegasus, que la hasta ahora directora del CNI, Paz Esteban, admitió que obra en poder del CNI y que permite la monitorización completa del terminal telefónico. Las autorizaciones judiciales que avalaron las escuchas fueron puestas a disposición de los portavoces de los grupos parlamentarios por parte de Esteban la semana pasada.

A pesar de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que estaría "encantada" de que se conocieran estas resoluciones judiciales "para que los ciudadanos sepan de verdad que se actúa de acuerdo con la legalidad", el ejecutivo español insiste en que desclasificará la documentación del espionaje solo si lo pide un juez, porque considera que son cuestiones que afectan a la seguridad nacional y, por lo tanto, son secretas. Este mismo viernes, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha ratificado este posicionamiento. "El Gobierno ha mostrado desde el primer momento una voluntad clara de abordar esta cuestión con absoluta transparencia. Lo hemos hecho en el ámbito parlamentario; yendo a las comparecencias, como la comisión de secretos, y en colaboración con las tareas ha iniciado el Defensor del Pueblo. Y, si la justicia lo pide, daremos total colaboración, incluyendo la desclasificación", ha insistido ante las demandas de los partidos independentistas de que se desclasifiquen los documentos de que dispone sobre las peticiones del CNI y los avales del juez del Tribunal Supremo para espiar a independentistas.

En una conferencia en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a exigir transparencia para, a partir de aquí, "fijar la asunción de responsabilidades". "¿Estamos ante la punta del iceberg? ¿Ante un iceberg entero? ¿De una colección de icebergs? Es imprescindible saberlo para fijar el nivel de asunción de responsabilidades que asumir", ha razonado, y ha exigido "garantías" de que esto no se volverá a repetir. Todos los partidos independentistas han reclamado la salida de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como máxima responsable del CNI, pero hasta ahora el ejecutivo español ha cerrado filas y ha mostrado su apoyo a la titular del departamento.