El Supremo inicia los trámites para trasladar la causa de Borràs a Catalunya

MadridUna de las consecuencias del hecho de que Laura Borràs haya vuelto al Parlament, ahora como presidenta de la institución, es que su causa judicial abierta en el Tribunal Supremo pasará al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal español ya ha iniciado los trámites para que sea así, y este martes envió un oficio al Congreso para que acredite que, efectivamente, ya no es diputada en la cámara baja y, por lo tanto, ha perdido el aforo ante el Supremo. La consulta se producía el mismo día que el relevo de Borràs en la cámara baja, Pilar Calvo, prometía el cargo al inicio del pleno.

Fuentes del Congreso aseguran al ARA que el oficio del magistrado instructor, Eduardo de Porres, que investiga contratos presuntamente irregulares de Borràs cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, todavía no ha llegado. De todas maneras, se trata de un trámite innecesario porque de motu proprio los letrados de la cámara baja siempre se dirigen a la autoridad judicial para informar de los diputados que adquieren el aforo y los que lo pierden. Después de que esta semana obtuvieran el cargo los diputados que han sustituido a políticos que han dado el salto al Parlament -este martes lo ha hecho también Juan Carlos Segura Just relevando al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga-, los próximos días se hará llegar la comunicación al Supremo.

Una vez llegue, el juez instructor enviará la causa al TSJC, afirman fuentes del Supremo. La investigación se encuentra en fase de instrucción y Borràs no está procesada. El 22 de julio del año pasado se negó a declarar ante el juez cuando fue citada, a pesar de que públicamente ya ha dado su versión de los hechos en reiteradas ocasiones, especialmente cuando se debatió la tramitación del suplicatorio en el Congreso.

La causa abierta contra Borràs -acusada, por ejemplo, del delito de malversación- puede comportar prisión y también inhabilitación para cargos públicos. Es por eso que las formaciones independentistas ya trabajan en cómo reaccionarán en función de la evolución de las múltiples investigaciones judiciales abiertas contra diputados del Parlament -hay hasta nuevo-. Según el reglamento, la apertura de juicio oral por delitos de corrupción implica la suspensión de los derechos y deberes y, en caso de dudas, se analiza el caso en la comisión del Estatuto de los Diputados.