Uno de cada tres litigios autonómicos en el TC es sobre Catalunya

BarcelonaLos gobiernos catalán y español salieron de la reunión de la Comisión Bilateral del pasado lunes con la promesa de reducir la “conflictividad institucional”, un concepto que hace referencia a los numerosos choques por las competencias entre las dos administraciones. Estas discrepancias a menudo acaban en manos del Tribunal Constitucional (TC), tal como ha pasado con la ley catalana que regula el precio del alquiler. La tensión ha sido evidente durante el Procés, pero la verdad es que siempre había existido: Catalunya es el territorio del Estado que más conflictos ha mantenido con el ejecutivo español desde 1980. En total, según datos del ministerio de Política Territorial y Función Pública, uno de cada tres litigios autonómicos que han llegado al tribunal desde su constitución ha tratado de Catalunya. De los 1.755 expedientes que se han abierto -ya sea por impugnaciones del Estado contra acciones de las comunidades o de estas contra el Estado-, 603 tenían Catalunya como protagonista, un 34,4%.

Si miramos los casos en los que es el Estado quien actúa contra una comunidad, vemos cómo en 184 ocasiones lo ha hecho contra leyes, decretos y otras disposiciones catalanas, un número mucho más elevado que el de cualquier otra comunidad. Superar esta tirantez cada vez que se aprueba una nueva norma supondrá para los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès navegar a contracorriente de una tendencia vigente desde hace más de cuarenta años. De las 625 impugnaciones que el Estado ha interpuesto desde 1980 -incluyendo recursos contra leyes y decretos, conflictos de competencia contra normas sin fuerza de ley e impugnaciones a resoluciones y actas de las comunidades-, el 29,44% han sido contra Catalunya, y el resto recaen en las otras autonomías, según el último informe de la conflictividad entre el Estado y las comunidades elaborado por el ministerio a finales del 2020. Por ejemplo, el País Vasco ha recibido 97 impugnaciones, y Galicia, 46. Entre las comunidades menos afectadas están Murcia, con solo ocho impugnaciones, y la Rioja, con cuatro.

Al otro lado, el de la Generalitat también ha sido el gobierno que más disputas por las competencias ha planteado al Estado. De los 1.130 casos en los que son las autonomías quienes llevan al Estado ante el TC, en 419 la protagonista ha sido Catalunya. El País Vasco ocupa el segundo lugar (194) y Andalucía es el tercero en la lista (93). Las comunidades que menos han apelado contra normas españolas son nuevamente Murcia (8) y la Rioja (10). Destaca la baja conflictividad de Madrid, con solo 14 recursos del Estado contra medidas de la Comunidad y 18 de la autonomía contra el gobierno español.

La distribución de las competencias en el marco del Estado de las autonomías no ha estado nunca exenta, por lo tanto, de conflicto. Hay que destacar que la gran mayoría provienen del periodo comprendido entre 1980 y 1999, cuando en el inicio del desarrollo autonómico se registraron hasta 1.024 impugnaciones: el 42% del total. En este periodo, la mayoría de protestas, 649, provenían de las autonomías, y el resto fueron impugnaciones del Estado contra las comunidades.

El goteo de discrepancias ha continuado hasta hoy. En cuanto a la conflictividad institucional registrada a instancia del Estado contra Catalunya, el informe del ministerio diferencia entre varias categorías. Así, el gobierno español ha planteado 86 conflictos a la Generalitat, que según fuentes del ministerio engloban, por un lado, los conflictos de competencias recogidos en la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) -que afectan a normas sin fuerza de ley- y, por el otro, las impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades previstas al artículo 161.2 de la Constitución. Además, ha presentado 100 recursos relativos a leyes y decretos. Ha habido 184 dejaciones y 139 sentencias del Tribunal Constitucional. Por otro lado, la Generalitat planteó 281 conflictos competenciales contra el Estado y 419 impugnaciones. Se produjeron 74 dejaciones y 341 sentencias por el TC.

¿Qué ha pasado durante esta legislatura española, que arrancó en noviembre de 2019? Según datos del ministerio de Política Territorial, la Moncloa ha examinado hasta 94 leyes o normas catalanas y solo ha impugnado cinco. En paralelo, el ejecutivo catalán ha impugnado cuatro leyes estatales. También se han hecho esfuerzos para negociar una salida acordada a 18 leyes catalanas -a instancias de España- y tres estatales -a petición de Catalunya-. Además, el ministerio destaca que, gracias al diálogo entre las dos administraciones, se han firmado nuevo acuerdos -siete totales y dos parciales- a través de un procedimiento, previsto en el artículo 33.2 de la ley del TC, que da un margen de nueve meses para evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. En ocho casos el conflicto estaba promovido por el Estado y en uno por el Govern.

Entre estos ocho casos está la ley de los presupuestos de la Generalitat para 2020, la ley de puertos de transporte en aguas marítimas y continentales, la ley de vitivinicultura, la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones que afectan el medio ambiente, y la ley de protección y ordenación del litoral -en estos dos últimos casos son acuerdos parciales-, así como varios decretos, entre los cuales el real decreto del 31 de marzo para hacer frente al covid-19. También se han remitido cinco cartas de cooperación en Catalunya, un procedimiento que se lleva a cabo cuando se advierte que un conflicto de competencias ha quedado sin objeto totalmente o parcialmente en casos planteados contra normas estatales que después se han modificado o derogado.

Cambio de dinámica

Si se compara la conflictividad de esta legislatura con la de las anteriores, la tensión durante los años más duros del Procés también se hizo evidente en la vía administrativa. Desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno español vía moción de censura, el Estado ha mantenido un total de diez disputas con Catalunya, mientras que en los cuatro años anteriores el dato es de 25 conflictos sobre normas y otras disposiciones catalanas planteadas por el Estado. 2017 fue el año en el que el gobierno de Mariano Rajoy llevó más normas catalanas al Constitucional: en total, 13. En cambio, en cuanto a las reclamaciones interpuestas por la Generalitat contra normas estatales, la tendencia ha sido más constante desde 2012, cuando Rajoy ocupó por primera vez la presidencia del ejecutivo español. El año que Catalunya elevó más quejas contra la legislación española fue el 2013 (10), mientras que el resto de años se ha situado entre una y cuatro. Con el reimpulso de la Comisión Bilateral, Sánchez y Aragonès recogen el reto de rebajar la tendencia al choque entre administraciones.