Madrid / BarcelonaLa estrategia orquestada por la derecha política y judicial para torpedear la amnistía ha marcado el primer año de vida de la amnistía y sus frutos se verán en la primera sentencia que dictamine el Tribunal Constitucional. La ponencia que elabora la vicepresidenta del organismo, la progresista Inmaculada Montalbán, avala la constitucionalidad de la ley, pero no entra a valorar la aplicación al delito de malversación, que es lo que afecta a Carles Puigdemont y al resto de líderes del Proceso. En el texto de casi 200 páginas que este lunes ha hecho llegar al resto de integrantes del tribunal, no entra en el conflicto abierto en el Tribunal Supremo con los dirigentes independentistas porque al recurso del PP, que es lo que ahora se resuelve, no se hacía mención alguna.
"El PP hizo una muy buena estrategia [de dilación], que es no decir nada de la malversación. Se ha cuidado mucho de no entrar. Y si no dice nada de la malversación, nosotros no podemos hacer ninguna reflexión sobre la malversación, ni siquiera metiendo la patita diciendo que hay que interpretar esto o lo otro", destaca un miembro del TC. La ponencia de Montalbán no ha hecho sino confirmar una circunstancia que ya era previsible, tal y como apuntaba el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, este fin de semana en una entrevista en el ARA. Lo único que corresponde abordar a la hora de responder a recursos y cuestiones de inconstitucionalidad es, precisamente, si la norma tiene encaje en la carta magna y el planteamiento de Montalbán es que sí, lo que es un primer paso, si bien no tiene una incidencia directa en la causa por malversación en el Supremo.
El magistrado instructor, Pablo Llarena, tiene intención de no mover ficha diga lo que diga el TC. La ley de amnistía prevé que las medidas cautelares –órdenes de detención o de ingreso en prisión– deben levantarse mientras no se decida si se archiva una causa que puede quedar amparada en la norma e, incluso, mientras el TC o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diriman su legalidad. Esa era la brecha que buscaba Puigdemont para regresar sin ser detenido una vez se aprobara la amnistía en el Congreso, pero el PP lo impugnó en su recurso cuestionando que se reduzca el margen de actuación de los jueces.
Pero la ponencia de Montalbán avala también este precepto: "Hay que concluir que el inmediato levantamiento de las medidas cautelares no es un mandato ope legis ni mucho menos una suplantación o injerencia directa del legislador en la labor jurisdiccional, dado que el mismo precepto reclama de forma explícita la mediación judicial". Así, Llarena lo ha esquivado interpretando que la causa del 1-O no es amnistiable porque la malversación queda excluida según lo redactado de la norma y, por lo tanto, de lo redactado de la norma. TC no podrá entrar en el debate sobre la malversación hasta que resuelva los recursos de amparo de los propios afectados.
No es un indulto general
Más allá de eso, la ponencia de Montalbán avala el grosor de la ley y desmonta la gran mayoría de argumentos del PP. "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", plantea la ponencia, que deja claro que la amnistía y el indulto general –este sí, vetado en la carta magna– son "instituciones distintas". Otra de las críticas de la derecha es que la motivación de fondos de la amnistía era una "transacción política para asegurar la investidura del presidente del gobierno español", pero la magistrada asegura que los pactos políticos son "irrelevantes constitucionalmente" y que lo importante es lo que diga la norma: "El proceso político de creación de un pretendido estado catalán independiente ha supuesto que democracia, tanto desde la perspectiva social como institucional. Este proceso y la fractura social a la que dio lugar pueden considerarse eventos extraordinarios en los que encontrar justificación al otorgamiento de una amnistía”.
La ponencia solo estima tres motivos menores de inconstitucionalidad de los esgrimidos por el PP en su recurso. La principal enmienda tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley y establece que la amnistía debe incluir no sólo a los encausados para manifestarse a favor de la independencia, sino también a quien se manifestara en contra. Sobre el alcance temporal de la ley, Montalbán modifica el punto que estipula que pueden amnistiarse hechos que finalizaron su ejecución tras la fecha límite del 13 de noviembre de 2023, día en que la norma se registró en el Congreso de los Diputados. Según la ponencia, esta indefinición puede ser inconstitucional y, por tanto, sólo se pueden amnistiar los hechos comprendidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. En tercer lugar, también corrige una cuestión procesal y fuerza al Tribunal de Cuentas a dar audiencia a las acusaciones populares antes de archivar.
Satisfacción en Moncloa
La decisión definitiva se tomará en el pleno del tribunal fijado para los días 24, 25 y 26 de junio. Con la ponencia sobre la mesa, el gobierno español ha bendecido estos primeros detalles. "Espero, confío y deseo que la sentencia sea positiva, pero máximo respeto", ha afirmado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a la vez que ha defendido que el olvido judicial del Proceso "ya ha tenido efectos positivos" y ha servido, a su juicio, para "normalizar la vida política en Catalunya". Diga lo que diga el TC, para el PP la amnistía sigue siendo "inmoral" y un "pago político" del PSOE a cambio de los siete votos de Junts. "Es corrupción política", ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la formación, Borja Sémper.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, pió a X que éste es "un paso más en un camino que siempre es demasiado largo". "Cuando un tribunal convierte a los inocentes en culpables, hay que hacer todo lo posible para restaurar la justicia", ha escrito. Por contra, el portavoz de Junts, Josep Rius, se ha limitado a decir en rueda de prensa que es una "filtración" y que no harán "ninguna valoración" hasta que se conozca "el texto exacto". Así, avisó de que "el problema de la amnistía no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Supremo". Por su parte, el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha dicho que "lo que el PP y Vox no ganaron en las urnas no lo ganarán en el TC".
El abogado general del TJUE se pronunciará el 26 de junio sobre la retirada de la inmunidad en Puigdemont como europarlamentario
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, se pronunciará el 26 de junio sobre la retirada de la inmunidad al expresidente Carles Puigdemont como parlamentario en la Eurocámara. Se trata de un dictamen no vinculante, pero que suele marcar el camino de la sentencia final.
El abogado general opinará, pues, sobre la decisión del Parlamento Europeo en marzo del 2021 de retirar a Carles Puigdemont, Toni Comín (que no puede recoger el acta de eurodiputado) y Clara Ponsatí la protección parlamentaria a petición del Tribunal Supremo, que les quería juzgar por sedición, malversación y desobediencia. la justicia europea y alegaron varias irregularidades procedimentales.